Este miércoles se realizó una sesión reservada en el Senado con autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para informar sobre el incidente ocurrido el pasado miércoles 2 de setiembre en zona de Yby Yaú, que resultó en la muerte de dos menores. La reunión fue abruptamente interrumpida con el anuncio del supuesto secuestro de Óscar Denis.

El senador Oscar “Cachito” Salomón, presidente del Congreso, contó que fueron informados a través de una llamada telefónica de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien dijo que tenían denuncia de desaparición y se habló también de un panfleto del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el vehículo abandonado del exvicepresidente de la República, encontrado en zona de Yby Yaú, en Concepción.

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Participación gubernamental

La sesión reservada se llevó a cabo de forma virtual como una reunión interinstitucional convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside el senador Antonio Apuril. El objetivo del encuentro fue esclarecer los procedimientos realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el pasado 2 de setiembre en la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, donde resultaron abatidas dos menores de edad.

Además de los legisladores miembros del estamento asesor, participaron de la reunión el general de División, Héctor Grau, en representación de las Fuerzas Armadas de la Nación; el canciller Antonio Rivas, la titular de Defensa Pública, Lorena Segovia; la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, así como representantes del Ministerio Público, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y Amnistía Internacional.

El presunto secuestro de Óscar Denis fue informado en la sesión reservada del Senado a través de una llamada telefónica de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Foto: Archivo.

Personal involucrado, fuera de operaciones

Durante su intervención, el general Héctor Grau, director de TIC del Ministerio de Defensa Nacional, explicó el procedimiento realizado, además un balance de las fortalezas y carencias que posee todo grupo destinado a lidiar con grupos criminales armados.

Grau sostuvo que “este desenlace es una tragedia para la sociedad paraguaya”, y lamentó el uso de menores de edad por parte de grupos armados; agregó que es algo grave y debe ser investigado por el Estado. “Nosotros estamos interesados en que un evento como este nunca más se repita, nosotros no somos los que usamos a los menores y los exponernos a situaciones absolutamente deleznables”, indicó.

Explicó que existe un sumario abierto de oficio y que todo el personal involucrado en el mentado operativo se encuentra fuera de operaciones por el momento. Pese al fallecimiento de las menores, el militar valoró la importancia del operativo y lo significativo que puede ser para el Estado paraguayo la extracción de material digital, el cual permitirá mejorar las capacidades de inteligencia de la FTC.

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Existe un sumario abierto de oficio y que todo el personal de la FTC involucrado en el operativo del 2 de setiembre se encuentra fuera de operaciones por el momento. Foto: Gentileza.

Repercusión internacional

A su turno, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, habló sobre los reclamos internacionales y ratificó su postura de que en nuestro país no existe un grupo armado no estatal, ya que no existe un conflicto armado, sino organizaciones criminales. Resaltó además que Paraguay es consciente de que la plena vigencia de los derechos humanos así como la tarea del Estado como garante, defensor y promotor de los mismos.

Por su parte, la Abog. Silvia Cabrera, fiscala de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, fue abordada sobre el cumplimiento de los protocolos durante el operativo en Yby Yaú, atendiendo las masivas publicaciones sobre el tema en medios masivos. A esto, Cabrera explicó que, para los investigadores, lo que consta en carpeta fiscal es lo que tiene relevancia, no lo que se publica en los medios.

Dijo además que, generalmente, dependiendo de los hechos, se realizan ciertos análisis en el campo y otros materiales son destruidos. Como conclusión, se dejó abierta la posibilidad de realizar otras reuniones con instituciones involucradas en la investigación, de manera de hacer un seguimiento del caso.

Además de ello, el senador Apuril ofreció a las organizaciones de defensa de los derechos humanos usar la comisión asesora del Senado como un canal para plantear inquietudes, de manera que estas puedan plasmarse en pedidos de informe oficiales y obtener respuestas formales.

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