El Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia manifestó su preocupación por el procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ministerio Público desarrollado en el norte del país, donde dos menores de edad fueron abatidas. De esta forma instan a la Fiscalía a la apertura de una investigación penal, para esclarecer los hechos.
“La muerte de niños, niñas y adolescentes por acción directa del Estado no tiene justificación alguna en un Estado de derecho; el uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y racional. Todas aquellas personas, especialmente los menores de edad, que se encuentren en situaciones de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados no estatales deben ser protegidos y sus derechos restituidos”, sostiene el comunicado.
La diputada Kattya González, presidenta del Frente Parlamentario, considera que invita a reflexionar sobre este caso: “Los niños, niñas y adolescentes deben de crecer en condiciones seguras brindadas por sus familias, la sociedad y el Estado: esta triada de protección, en el caso que nos ocupa, ha fallado”. Igualmente lamenta que sus familias hayan decidido exponerlos, situación que repudia, pero insiste en que eso no habilita al Estado a través de las Fuerzas Públicas a acabar con sus vidas y sepultarlas sin tener identidad.
Los diputados que forman parte de este frente Norma Camacho, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo, Carlos Silva, Pastor Vera, Hugo Capurro, Édgar Ortiz, Édgar Acosta, Fernando Oreggioni, Ángel Paniagua, Enri Mineur y Jorge Britez.
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