El Gobierno nacional se ratificó en que las adolescentes fueron abatidas durante el enfrentamiento registrado entre agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el pasado miércoles 2 de setiembre en Yby Yaú, Concepción.
El ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, brindó este mediodía una conferencia de prensa como vocero del Gobierno para referirse a los cuestionamientos en contra de este enfrentamiento y responder a los mismos. En primer término, sostuvo que el Gobierno repudia enérgicamente que el grupo criminal utilice en sus filas a niños y adolescentes.
“Repudiamos enérgicamente que el grupo criminal utilice a niños, a menores. Son los padres que los envían al frente de la batalla”, dijo González, al tiempo de añadir que “Paraguay es muy respetuoso con los derechos del niño. Hay un protocolo específico en la actuación ante estos casos”.
Agregó además que analizan la posibilidad de llevar a las instancias que correspondan para que sean sancionados. “Que este grupo armado utilice a menores de edad para la realización de hechos ilícitos a sabiendas que todo lo que se realice producirá un probable enfrentamiento con las fuerzas públicas o las fuerzas del orden, proveyéndoles de armas a los menores es deleznable”, cuestionó.
Así también, el secretario de Estado reiteró que de acuerdo con los resultados forenses ambas abatidas se encuentran entre los 15 y 17 años, no como se había señalado que se trataba de niñas de entre 11 y 12 años.
Por otra parte, informó que el operativo continúa en la zona y que una vez que se concluya con los trabajos se dará un informe final sobre todos los detalles. “La operación sigue en curso, el ministro de Defensa Nacional y el comandante de la Policía Nacional están en el lugar, prosiguiendo las investigaciones”, remarcó.
Mencionó además, que como Gobierno no se celebra la muerte de las menores, sin embargo, sí se puede hablar de un operativo con éxito teniendo en cuenta que se logró llegar hasta el campamento principal del grupo armado, hecho que nunca se había dado.
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Avanzar en cooperación jurídica internacional permitirá una Justicia más accesible, sostuvo Nicora
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor, participa de un seminario en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), para celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la IberRed. El panel internacional se desarrolla en Medellín, Colombia. El secretario de Estado paraguayo fue uno de los expositores en el debate “Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional en Iberoamérica”.
Durante su exposición, el ministro Nicora destacó la importancia de avanzar en la cooperación jurídica internacional. “Sin la cooperación jurídica internacional, las relaciones entre los Estados miembro de cualquier acuerdo bilateral o multilateral carecerían del impulso necesario para mitigar las barreras que impiden alcanzar nuestros objetivos comunes como Estados: una justicia más accesible, una mejor sociedad y un mejor mundo”, sostuvo.
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Asimismo, Nicora manifestó que la globalización conllevó a una transformación profunda en la sociedad internacional, en lo cultural, tecnológico y económico. Señaló que esta dinámica interacción ha desencadenado un cambio profundo en la manera en que las cuestiones legales transfronterizas son tratadas, provocando que los Estados coordinen mecanismos que permitan la protección de los derechos e intereses de las personas.
Resaltó que, desde épocas remotas, la cooperación judicial internacional ha sido esencial para el abordaje de disputas que involucran múltiples jurisdicciones, desde la armonización de leyes hasta la ejecución de sentencias en países extranjeros. “Es por ello que la confianza y proactivad son las principales virtudes que distinguen todo contexto de cooperación judicial internacional”, indicó.
Tratado de Medellín e IberRed
El ministro Nicora destacó, además, la importancia y trascendencia del Tratado de Medellín y la creación de la IberRed, resaltando la cooperación jurisdiccional, hoy en día, radica en una práctica que permite a los Estados prestar un auxilio jurídico internacional recíproco, frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, haciendo necesario fortalecer y facilitar la cooperación.
“Esto también requiere la eliminación de barreras y obstáculos innecesarios, así como la armonización de procedimientos y legislaciones a través de una mayor coordinación entre las autoridades centrales, autoridades competentes y operadores encargados del funcionamiento de la Cooperación Judicial Internacional”, agregó.
También instó a aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, estructurando mecanismo de información, bases de datos, así como redes de asistencia judicial mutua que agilicen estos procesos, a fin de que la misma se vuelva más eficiente, expeditiva y eficaz.
El ministro Nicora subrayó que Iberoamérica actualmente tiene varios desafíos en cuanto a la infraestructura, la capacitación, generalización del uso de la herramienta (Tratado de Medellín y la IberRed), así como la continua mejora en la interfaz del sistema.
“La IberRed tiene como objetivos optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil entre los países iberoamericanos y establecer y mantener actualizado un sistema de información sobre los diferentes sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”, concluyó.
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Secuestro de María Edith: se cumplen 23 años del plagio que marcó el inicio del EPP
Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.
Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.
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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.
Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.
Liberación
Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.
Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.
Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.
Condenados
José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.
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Argentina se retira de la cumbre COP29 sobre cambio climático
El gobierno argentino retiró a su delegación de la 29ª conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) que se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, informó una fuente oficial a la AFP. “Sí, el equipo se retira”, declaró este jueves una fuente de la secretaría de Ambiente en un correo electrónico a la AFP. Desde que asumió hace casi un año, el presidente Javier Milei emprendió un fuerte ajuste que incluyó reducción de ministerios a la mitad, paralización de obras públicas, recorte de subsidios y la eliminación, hasta septiembre, de más de 32.000 empleos estatales.
Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las Conferencias de Partes (COP) de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas en Bakú. Este jueves ya no se hallaban en la sede de la COP29, situada en el estadio olímpico de Bakú, según fuentes cercanas a la delegación.
Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben regularmente suministrar informes a la secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia, previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.
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Quién debería pagar la factura climática
La COP29 en Bakú se centra en encontrar el billón de dólares anual necesario a nivel mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y adaptarse a los desastres climáticos. Las difíciles negociaciones de la conferencia anual sobre el clima de las Naciones Unidas deberían concluir el 22 de noviembre con un acuerdo financiero: ¿cuánto se comprometerán a aportar los países occidentales y Japón, además de su compromiso anterior de 100.000 millones por año para 2020-2025?
¿Qué necesitan los países en desarrollo?
Las necesidades de financiamiento climático para los países en desarrollo (excluida China) han sido estimadas en 2,4 billones de dólares al año hasta 2030 por expertos designados por la ONU, distribuidos de la siguiente manera:
- aproximadamente dos tercios para la transición energética (solar, etc.);
- el resto para la adaptación al cambio climático, la reparación de desastres y la protección de la naturaleza.
De este monto total, la mayor parte debe provenir de las finanzas internas de los países afectados, pero se espera que 1 billón de dólares al año provenga de la “financiación externa”: es decir, de la ayuda pública de los países ricos, de inversiones privadas extranjeras o de impuestos globales, según el informe actualizado de los expertos presentado el jueves en Bakú.
De este billón ¿cuánto recaerá en los países ricos? Una pregunta que se escucha en todos los pasillos de la COP29. “Sería entre 300 y 400.000 millones” de dólares, dice el economista Amar Bhattacharya, coautor del informe junto a Nicholas Stern. Esto supondría al menos triplicar el compromiso previo de 100.000 millones. Sin embargo, varios contribuyentes como Francia y Alemania invocan sus dificultades presupuestarias.
Estados Unidos posiblemente abandonará el Acuerdo de París de 2015, la piedra angular de las negociaciones climáticas, e incluso podría abandonar directamente el organismo de la ONU dedicado al clima. Para 2035, un horizonte también considerado en las negociaciones, las necesidades de financiación externa de los países en desarrollo alcanzarían los 1,3 billones de dólares anuales, según el mismo informe.
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¿Cuánto aportan actualmente los países desarrollados?
En 2022, último dato proporcionado por la OCDE, los países ricos aportaron 116.000 millones de dólares en ayuda climática, cumpliendo su promesa con dos años de retraso. A falta de una definición de “financiación climática”, esta cifra es cuestionada por ONGs y países: ¿puede contarse como ayuda la renovación energética de un hotel de lujo en Kenia? ¿Un préstamo que endeuda a un país pobre es una “ayuda” real?
Sobre este total, varios institutos de investigación han intentado estimar qué países desarrollados están cumpliendo con su “parte justa”, relacionando su ayuda actual con sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero, su riqueza y su población.
Noruega sería el mejor alumno en esta clasificación, según el instituto ODI (datos de 2022), seguida por Francia con alrededor de 11.000 millones de dólares en financiación climática, el doble de su “parte justa”, aunque antes de los recortes presupuestarios anunciados para 2025. Alemania se ubica en cuarto lugar, con 14.000 millones. Estados Unidos (14.000 millones, un tercio de su “parte justa”) y Grecia cierran la lista.
¿Qué contribuciones de China y los países del Golfo?
Los países desarrollados consideran que su grupo, establecido formalmente en 1992 en la Convención de la ONU sobre el clima, debería ampliarse a China y a otros países emergentes ricos, tres décadas después. O, en su defecto, que estos últimos se comprometan a contribuir con la misma transparencia. “Desde 2016, China ha proporcionado y movilizado 177.000 millones de yuanes (aproximadamente 24.500 millones de dólares) para invertir en la acción climática en otros países en desarrollo”, respondió el martes el viceprimer ministro Ding Xuexiang frente a los jefes de Estado reunidos en Bakú.
Pero el 97 % de esta ayuda se presenta en forma de préstamos, según un informe del Centro para el Desarrollo Global (CGD en inglés), con sede en Washington. Los países del Golfo, por su parte, se mantienen discretos. Los Emiratos Árabes Unidos han prometido invertir 30.000 millones de dólares en un fondo bajo su control, al margen de la gestión multilateral promovida por la ONU Clima.
Fuente: AFP.
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Enfrentamiento entre reclusos en Ecuador deja más de una docena de muertos y varios heridos
Según los primeros datos, mueren quince reos en nuevo enfrentamiento en cárcel de Ecuador. Los informes indican que al menos 15 personas privadas de libertad murieron y otras 14 más resultaron con heridas tras un nuevo enfrentamiento entre reclusos.
Esta nueva riña registrada este martes convulsionó la cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil, escenario frecuente de masacres, informó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).
“Esta madrugada, en un pabellón específico de la Penitenciaría del Litoral, se registraron graves incidentes entre Personas Privadas de Libertad (PPL), resultando en un saldo de preliminar de 15 fallecidos y 14 heridos”, señaló la entidad en un comunicado.
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En imágenes captadas por la AFP se observa una decena de cuerpos envueltos en cobijas y tendidos en un patio de cemento, mientras un grupo de cuatro reclusos con uniformes de color naranja depositan. Los videos de la AFP muestran un fuerte despliegue de la policía en otro sector de la prisión y decenas de presos sentados muy juntos y vigilados por fuerzas de seguridad.
En las cárceles ecuatorianas se han producido decenas de choques entre presos de bandas rivales del narco que se disputan el poder. Las pugnas dejan más de 460 reos muertos desde 2021, de las peores masacres de este tipo en Latinoamérica.
El SNAI indicó que tras los “graves incidentes”, la Penitenciaría del Litoral, con una población de 6.800 personas y la más grande del país, se encontraba “bajo control absoluto” de la fuerza pública, incluidos militares a cargo de las cárceles. “Un contingente significativo de personal militar y policial ha sido desplegado para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes”, agregó.
Fuente: AFP