Las declaraciones del exministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, contra la fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, luego de ser imputado, fueron repudiadas por los agentes fiscales. No obstante, para el abogado constitucionalista José González Macchi, éstas no pueden afectar al ámbito judicial.
“Si fuese fiscal general del Estado no me tocaría un pelo lo que dice este ciudadano senador de la República porque lo hace del ámbito político, yo tengo que ser un oficial de una institución estatal encargada de investigar un hecho punible y si fuere el caso el enjuiciamiento”, explicó el profesional del derecho.
Lea más: “Sandra puede terminar pegándose un tiro”, dice Friedmann
Friedmann declaró a un medio radial que va a ejercer su derecho político en el Senado para hablar de muchas cosas con la Fiscalía. “No sé dónde voy a terminar ni tampoco sé si Sandra (Quiñónez) va a terminar asilada en la Embajada de Estados Unidos o se va a terminar pegando un tiro, pero vamos a hablar de muchas cosas”, expresaba el senador.
Dentro de este contexto, en contacto con Universo 970 AM, el Dr. González Macchi manifestó: “desde el punto de vista jurídico es una expresión, no tiene por qué afectar a la Fiscala ni a fiscales de causa, estos órganos deben actuar con criterio de objetividad y haciendo respetar el principio de legalidad procesal”.
Leé también: Caso Friedmann: Analizan prisión para exministro por intentar obstruir pesquisa
Delator y su intervención
Sobre los cuestionamientos que se dieron a la Fiscalía por no imputar a Hugo Torales, quien denunció la creación de la empresa ESSA para entregar almuerzos escolares, dijo que todos los intervinientes deben ser investigados. “Se tendría que investigar al delator, luego podría tener un dictamen considerando favorable lo que declaró, se corrobora la verdad y se considera favorable a la persona para tomar un decisión de investigarlo, imputarlo o tenerlo como testigo”.
Finalmente, sobre el caso de la exmodelo Marly Figueredo, dijo que los fiscales deben demostrar que estaba en conocimiento de que el dinero con el cual se compró la camioneta salió de otra parte o que es de origen ilícito. “Ella puede decir lo que quiera y no necesita probarlo”, finalizó.