El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dio a conocer los datos del Censo Agropecuario Nacional, a través de la presentación oficial del ministro Carlos Giménez. El secretario de Estado puntualizó que, al entender que USD 3 de cada USD 4 ingresados en el país proviene del sector agrario, se puede observar la importancia de contar con un censo de tal magnitud.

“Este censo es lo que nos va permitir tener mayor información y disponer de esos datos para tener un portafolio de inversiones. Esto aparte de tomar los datos que nos ayudarán a dirigir las inversiones, tanto de gremios como del sector privado, herramientas para mostrar al Paraguay lo productivo que es”, había manifestado el titular del MAG tras la presentación del censo.

Calificó además el mencionado registro como una herramienta de suma preponderancia, de la cual podrán hacer uso diferentes técnicos por las características que podrá ofrecer al recopilar datos estratégicos. Remarcó así que el censo queda a disposición de los investigadores, de la academia y de la ciencia, aparte del sector.

“Vamos a seguir con este tipo de trabajos, para continuar con recopilaciones importantes para nosotros y así poder planificar proyecciones para el sector, con objetivos claros: que el pequeño productor sea también agroexportador. Ese es el deseo que tenemos para el potencial productivo”, subrayó el ministro.

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Giménez remarcó que se pretende identificar a cada uno de los productores de diferentes puntos del país, con sus diversas cosechas, para ayudarlos a potenciarse dependiendo de sus respectivas necesidades y objetivos a largo plazo, logrando colocarlos además en el mercado nacional e incluso regional.

“Queremos una agricultura identificada y productora. Hay actores en el campo que solo viven allí y otros que incluso producen en la zona y esos datos hoy en día estarán disponibles para saber la capacidad productiva y cómo seguir avanzando con los proyectos”, señaló.

El Censo Agropecuario Nacional se realizó desde la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarios y contó con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre lo cual Giménez hizo hincapié no solo por las características técnicas de la herramienta, sino también por la labor interinstitucional para materializar el registro.

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El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.