El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) eligió a sus autoridades, en el marco de la ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral, en su naturaleza y en su composición. El ministro Jaime Bestard, fue designado como presidente de la máxima autoridad electoral, por resolución n.° 237/2024.

El reglamento electoral establece que el cambio de la presidencia y vicepresidencia se debe realizar de manera anual, entre sus miembros. Ahora deja la presidencia el ministro César Rossel, y quedará como miembro del Tribunal Electoral, mientras que el ministro Jorge Bogarín queda como vicepresidente, quien en este periodo se encontraba como miembro, para este periodo.

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Los ministros Jaime Bestard y Jorge Bogarín, asumirán sus respectivos cargos a partir del 1 de enero del 2025 e irá hasta el 31 de diciembre de ese año, periodo comprendido en el reglamento electoral. Ten­drán su sede en la capital de la República y ejercerán su competencia en todo el terri­torio nacional.

Bestard fue designado como ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en agosto del 2013, por la Cámara de Senadores con acuerdo del Poder Ejecutivo. Es de profesión abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción en el año 1983. Ejerció la profesión desde el año 1984 hasta el año 2013, especializado en Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Electoral.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral es res­ponsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administra­ción de los recursos asig­nados en el Presupuesto General de la Nación para fines electorales, conforme establece la citada ley. Son deberes y atribuciones del TSJE, cumplir y hacer cumplir la Cons­titución y las leyes; ejer­cer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la organización electoral de la República, entre otras cosas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió este viernes a los directivos de la Fundación Teletón, que tendrá su maratónica colecta los días 1 y 2 de noviembre. En una conferencia de prensa, los directivos de esta fundación destacaron la apertura del presidente en esta causa.

“Le habíamos invitado nuevamente que nos ayude con su presencia que es tan importante para una imagen de unidad nacional, y como tiene un viaje previsto, nos llamó para darnos su voz de aliento, para decirnos que es una causa noble y que espera que entre todos los paraguayos lleguemos a la meta que ansiamos hoy como fundación Teletón, eso fue un gran respaldo desde el punto de vista moral”, indicó Vicente Scavone, presidente de la Fundación Teletón.

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A su vez, Eduardo Borgognon, miembro del Consejo Directivo, indicó que no solo se conversó de lo que será la jornada maratónica de recaudación que se inicia hoy, sino también, sobre políticas públicas que puedan ser aplicadas a corto, mediano y largo plazo, para el beneficio con personas con discapacidad.

“Utilizamos este espacio para poder conversar sobre políticas públicas, el trabajo que hace Teletón, la sociedad civil conjuntamente con el Estado, atendiendo que todos estamos ocupándonos y preocupándonos por el mismo tema, estamos hablando de la discapacidad y la calidad de vida de un montón de personas que lastimosamente tiene esta condición”, refirió.

Agregó que, esta es una acción que debe involucrar a la sociedad civil y también al Gobierno nacional, para encarar la situación de miles de personas y sus familias, y mejorar la calidad de vida de las mismas.

“Hemos salido con buenas noticias que van a ser comentadas esta noche al inicio del evento nuestro, pero por otro lado, también con metas ya, a más largo plazo para poder trabajar en conjunto y poder atender esta situación que nos aqueja a todos”, sentenció.

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“Como presidenta, me comprometo a promover un diálogo social efectivo que integre a todos los actores: empleadores, trabajadores y gobiernos”, manifestó la ministra del Trabajo, Mónica Recalde durante la XXII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, que se realiza en la ciudad de Bogotá, Colombia.

En la ocasión, Paraguay fue designado para ocupar la titularidad del Grupo de Trabajo N° 2 de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Debemos reforzar los sistemas de protección social y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, siempre con un enfoque preventivo y centrado en el bienestar de las personas”, mencionó la secretaria de Estado, tras conocer la designación.

El Grupo de Trabajo N° 2 de la CIMT tiene como finalidad el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Trabajo y la promoción del diálogo social institucionalizado y el tripartismo. Se encargará de facilitar el análisis y el intercambio de experiencias y desarrollar recomendaciones para apoyar a los Gobiernos en áreas como la promoción del diálogo social, la profundización de los procesos de transformación digital y modernización de los Ministerios de Trabajo.

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Asimismo, entre sus principales enfoques figura en el fortalecimiento del Estado en su rol de garante de la protección efectiva contra todo acto de violencia y acoso en el mundo del trabajo. A la vez, diseñar e implementar estrategias de salud y seguridad en el trabajo, coadyuvar con el fortalecimiento y la mejora de los sistemas de protección social, promover el diálogo social tripartito en las reformas de los sistemas de seguridad social.

También fortalecer la inspección del trabajo como instrumento central de la administración laboral, así como promover y fortalecer los servicios de conciliación y arbitraje, y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos laborales.

Entre sus funciones también esta la promoción de un enfoque preventivo para el respeto de la legislación laboral, garantizar, en coordinación con las autoridades migratorias, el respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes en la región, dar un renovado impulso a la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), así como promover intercambio de información en materia de diálogo social y mecanismos de fijación de salarios.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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