La legisladora dijo que existen 43 embajadores de Paraguay en distintos países en el extranjero y cada uno de ellos tiene como gastos de representación 4.000 dólares aproximadamente de manera mensual. Foto: Gentileza.
Samaniego denuncia al canciller Rivas Palacios por no aplicar la austeridad en plena pandemia
Compartir en redes
La senadora del Partido Colorado Lilian Samaniego denunció que la Cancillería, a cargo del ministro Antonio Rivas Palacios, no está cumpliendo con las políticas de austeridad que fueron implementadas por el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, ante la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19.
“En este momento que se vive la crisis sanitaria se debe acompañar la austeridad decretada por el presidente Mario Abdo Benítez, en los tiempos de pandemia los 3 poderes del Estado han reducido sus gastos superfluos, pero la Cancillería no ha hecho lo mismo, no da muestra de austeridad en tiempos de COVID y mantiene consulados que gastan más de lo que recaudan”, sostuvo.
Samaniego detalló también que existen varios consulados, por ejemplo en Argentina, que cuentan con una baja recaudación, pero tienen varios funcionarios a su disposición. Incluso algunos funcionan a pocos kilómetros de distancia.
“Si un consulado tiene como gastos fijos entre 40 a 50 mil dólares mensuales y recauda menos de lo que cuesta mantenerlo, se lo debe cerrar, debatimos con él varias veces, ejemplo en Argentina está Resistencia, que recauda por mes aproximadamente 45 dólares y tiene a 10 funcionarios, en la ciudad de Mendoza se recaudan por mes 317 dólares y tiene 4 funcionarios”, dijo.
Señaló también que los gastos de mantenimiento para las embajadas y consulados se distribuyen sin criterios racionales, ya que no aplican criterios para enviar fondos suficientes a las embajadas ubicadas en países de costo de vida más elevado y disminuir los recursos a las que están en países de menor costo de vida, o enviar suficientes fondos a los consulados que más recaudan y disminuir los fondos a los de baja recaudación, entre otros puntos.
“Mientras que en Corrientes por mes 327 dólares y tiene 12 funcionarios, en La Plata se recaudan por mes 2.000 dólares y tiene 8 funcionarios, en San Justo se recauda un total de 3.500 dólares y tiene 10 funcionarios. Hay 2 consulados a menos de 30 km de distancia uno de otro, Resistencia y Corrientes, no tiene sentido”, indicó.
Antonio Rivas Palacios, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Archivo.
Señaló también que existen 43 embajadores de Paraguay en distintos países en el extranjero y cada uno de ellos tiene como gastos de representación 4.000 dólares aproximadamente mensualmente. En los 6 primeros meses de la pandemia estos embajadores no usaron su gasto de representación, lo que significaría la suma de 153.600 dólares que podría la Cancillería ahorrar e invertir en los compatriotas que tienen la intención de regresar”, comentó.
El canciller Rubén Ramírez Lezcano recibió al embajador paraguayo, Juan Ángel Delgadillo, quien presentó informe detallado sobre lo que recabó de la acción de inteligencia del Brasil. Foto: Gentileza
Canciller recibió informe de embajador paraguayo sobre situación con Brasil
Compartir en redes
El embajador paraguayo con representación ante la República Federativa del Brasil, Juan Ángel Delgadillo, mantuvo una reunión este jueves con el canciller Rubén Ramírez Lezcano, en la sede de la Cancillería Nacional, tras ser convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar información al Gobierno respecto a la acción de inteligencia de parte del Brasil contra el Paraguay.
De acuerdo a un informe de la Cancillería Nacional, señalan que, durante el encuentro, el embajador Delgadillo brindó informe detallado al canciller Ramírez sobre la acción de inteligencia ordenada por Brasil contra Paraguay. Asimismo, habló sobre cómo se está desarrollando esta información y las implicancias que está teniendo el tema en el país vecino.
Informaron además que Ramírez Lezcano entregó instrucciones precisas al embajador y acordaron mantener un monitoreo constante del caso para seguir de cerca los avances de los resultados y el alcance que tiene el hecho.
Cabe recordar que, a raíz de la confirmación por parte del gobierno de Brasil, sobre la orden de una acción de inteligencia contra el Paraguay que se ejecutó entre junio 2022 y marzo del 2023, el gobierno paraguayo encabezado por el presidente Santiago Peña, tomó la determinación de poner en ejecución cuatro acciones concretas, entre ellas convocar al representante diplomático paraguayo en el vecino país a brindar información sobre todo el tema referente.
Igualmente, se le convocó al embajador de Brasil ante Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre este hackeo que realizó su gobierno, con el fin de conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora suspendidas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.
El diplomático brasileño mantuvo la reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, quien le entregó un documento en donde se requiere una explicación detallada sobre la acción de inteligencia ordenada a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), entre junio del 2022 y marzo del 2023.
Asimismo, las autoridades nacionales informaron que el Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos en la fecha de junio 2022 y marzo del 2023. Así como quedó totalmente suspendida de forma indefinida toda negociación relacionada al Anexo C de la Itaipú, hasta tanto el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva brinde las aclaraciones correspondientes al gobierno del Paraguay.
Productores piden mediación de Cancillería para negociar con la UE
Compartir en redes
El sector productivo del país mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano. El titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, explicó que analizaron con el canciller la posibilidad de que técnicos del sector productivo, acompañados por el embajador paraguayo en Bruselas, puedan concretar reuniones con el Comité Europeo y buscar así potenciales importadores, basado en el cumplimiento de las exigencias del mercado europeo.
Cristaldo sostuvo que desde el año pasado vienen trabajando en la creación de una plataforma privada voluntaria para la adaptación de los productos a los requerimientos del mercado europeo. La plataforma que están desarrollando servirá para que las empresas locales puedan tener un respaldo para demostrar que están cumpliendo con las exigencias establecidas en el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea. Esto puede servir como una carta de ingreso a Europa y así expandir el mercado para la producción nacional.
“Con la Cancillería se trabajó bien. Una vez que se definan las fechas y vaya el equipo a Bruselas, conoceremos el estado de las situaciones. En Paraguay trabajamos durante casi 11 meses y es momento de ir a conversar con los europeos para ver si están interesados, ver qué canales están habilitados para los que cumplan las exigencias”, refirió Cristaldo.
Recordó que el envío de soja y sus derivados a Europa representa apenas el 4 % de las exportaciones paraguayas. Sin embargo, existe una relación indirecta vía Argentina, que compra más del 70 % de la producción nacional, con la que se completa una exportación de alrededor del 25 % al Viejo Continente.
“Para no perder esa línea de mercado la gente va a tener que trabajar para implementar el sistema y cumplir con las exigencias; la gente que no está en esa línea no tiene ningún problema (...) El que quiera vender a Europa, tendrá que formar su cadena de proveedores que cumpla con las exigencias que piden los europeos”, señaló en entrevista con la radio 920 AM.
También participaron de la reunión el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea, el presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), Alfredo Fast y la gerente general de Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Sandra Noguera.
Lilian Samaniego compró departamentos por G. 5.181 millones en año y medio
Compartir en redes
La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.
Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adquiridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.
La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy distinta a quienes busca arrastrar con sus discursos.
Samaniego, quien en el pasado fue una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, registró exponenciales escaladas en sus finanzas.
Lilian Samaniego, hoy senadora abdista, estuvo a punto de pisar la cárcel por un caso de robo de medicamentos
En los documentos publicados por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la senadora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millones. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edificios y complejos de departamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consignados. Si bien consignó compras en cuotas y contratos de reserva en algunos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuotas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parlamentaria.
Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desarrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmuebles.
Además de los seis departamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departamento con cochera en el edificio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.
Solo en bienes inmobiliarios consignados en 2023, en los haberes de la senadora aparecen 8 departamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asunción, que suman G. 6.925 millones, pero en realidad ascienden a un total de 8.691 millones considerando que no registró el valor total de los 4 departamentos como se muestra en la infografía.
Otro departamento de la senadora abdista adquirido en 2017
El salto económico, principalmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido constante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catastro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.
Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comportamiento de los crecimientos patrimoniales inmobiliarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingresos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversiones en bienes raíces.
Complejo donde Lilian Samaniego compró 4 departamentos por USD 435.000, unos G. 3.086 millones
Cabe subrayar que la Contraloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su primer periodo parlamentario y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumulando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.
EL ROBO DE MEDICAMENTOS
En los antecedentes de la senadora abdista se registra un sumario y una imputación en 1998, debido a que se detectó un millonario robo de medicamentos en el IPS.
De acuerdo con los fiscales intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsional en ese entonces. Samaniego se desempeñaba como jefa del Parque Sanitario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denuncia alguna.
Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios suficientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contundentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había profundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá resolver si envía o no al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, al banquillo de los acusados. Foto: Gentileza
Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
Compartir en redes
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminardel intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.