Miembros de la Junta Municipal de la ciudad de Quiindy, encabezados por el concejal colorado Maximiliano Barrios Gini, denunciaron este martes ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), así como al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), a la intendenta Alba Acevedo, del movimiento Colorado Añetete, por entregar alimentos de dudoso origen.

“Realizamos esta denuncia respecto a la segunda entrega de los kits de alimentos que hizo la intendenta. Entregó alimentos de marcas que no se encuentran registradas, los alimentos no cuentan con fecha de elaboración así como de vencimientos y también una azúcar presumiblemente de contrabando, ya que no tiene marca”, mencionó el edil del departamento de Paraguarí, mediante una comunicación con La Nación Digital.

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En junio pasado, los pobladores de la zona se movilizaron frente a la sede del municipio con la finalidad de exigir a la intendenta colorada la entrega de alimentos que deben ser destinados a los estudiantes en plena crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, y para exigir también la transparencia en su administración ante las denuncias por corrupción.

Acevedo, quien fue electa para el periodo 2015-2020, ya cuenta con varios antecedentes de mal manejo en su gestión. El último conflicto en el que se vio envuelta se centra en una presunta sobrefacturación en la adquisición de 680 kits de víveres escolares por los que la comuna habría pagado G. 85 millones, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

La Municipalidad de Quiindy realizó la compra de la empresa HB Services SRL, que se encuentra representada por Andrés Isabelino Arrúa, y que se encontraría vinculada a los diputados de dicho departamento, Esteban Samaniego y el imputado Miguel Cuevas.

Uno de los productos presuntamente sobrevaluados es la carne conservada, conocida como “vaka’i” (carne vacuna enlatada), que según la nómina de precios presentada por la firma costó G. 46.000 por unidad, cuando en cualquier despensa se logra adquirir el producto por G. 9.000.

También existiría una sobrefacturación en productos como arroz, harina, azúcar leche entera, fideos, locro, entre otros. El conflicto incluso fue denunciado ante el Ministerio Público por el senador del PDP, Pedro Santa Cruz, en el mes de abril pasado.

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