“Esto tiene un gran mensaje político, se da en un momento muy importante”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la visita realizada por el expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, a Israel. Agregó que el acontecimiento terminó demostrando la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra su cliente durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Cartes fue invitado por el estado de Israel para hablar de la lucha contra el antisemitismo, justamente cuando la sanción más grave de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos se centró sobre este punto”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las sanciones aplicadas por el país norteamericano al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos que mantiene con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel fue impulsado por el abdismo en confabulación con poderosos medios de comunicación y una oposición sumisa.

“Se demostró que fue una campaña de denuncias falsas, montada por el exgobierno. En marzo del año 2022 ellos enviaron un informe manipulado y falso a FINCEN en EE. UU., lo que derivó en su sanción en julio del 2022″, comentó Ovelar.

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El intento de vincular a Cartes con el grupos terroristas fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre del mismo año. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.

Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del mismo año. El esquema contó con una activa participación del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.

Uno de los puntos centrales del intento de vinculación a Cartes con terroristas fue la falsa denuncia impulsada por el entonces ministro de la Seprelad, René Fernández, quien sin fundamentos ni argumentos denunció a la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por posibles conexiones con el terrorismo, en el famoso caso conocido como el “avión iraní”.

La industria tabacalera tenía en ese entonces entre sus principales accionistas a Cartes. La acusación formulada en el gobierno de Abdo Benítez apuntaba a generar no solo un daño político, sino también moral y económico para sacarlo de la arena electoral.

Mediante discursos coordinados, el abdismo instaló con fuerte respaldo de medios aliados que la aeronave con matrícula venezolana YV3531 transportaba en su interior a tripulantes relacionados con supuestos grupos terroristas. Las 18 personas incluso fueron involucradas de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbolá de Líbano.

El avión hizo una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillo vendidas por la firma Tabasa a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba. Recientemente el Ministerio Público requirió la desestimación de la causa al no encontrarse elementos que sustenten la acusación.

“La desestimación de la causa ratifica la falsedad así como la persecución a un inocente orquestado desde el anterior gobierno. Acá hubo un presidente que en convivencia con el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, montaron todo este show mediático, político que está hoy en día absolutamente desbaratado”, sentenció.

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Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, requirió la aplicación de sanciones contra los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores ante el bombardeo de chicanas con el afán de paralizar la causa conocida como “filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.

“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión porque quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las instituciones públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mario Abdo, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.

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Ante la reculada de Mario Abdo, en no acudir mañana martes 1 de abril ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para ofrecer su descargo en el marco del tratamiento de su desafuero, Ovelar indicó que “probablemente también chicaneara ahí, pero si quiere hacerlo que lo haga. Cartes no pudo hacerlo porque directamente se le aplicó sanciones sobre la base de mentiras empleadas a través de un terrorismo de Estado”.

En un acto político realizado días atrás en Ayolas, el líder de Fuerza Republicana confirmó que no asistirá ante la citada comisión y solo acudirán sus abogados. A la vez, “ofreció su cabeza” para salvar a sus exministros acusados.

“Él tiene la necesidad política para mantener a raya a esos funcionarios y ministros, por eso sale a decir llévenme a mí, pero realmente es un discurso de boca para afuera porque dice una cosa, pero hace otra cosa. El verdadero autor y actor de la persecución política por lo cual hoy están acusados sus exministros y altos funcionarios es Abdo Benítez”, refirió.

Asimismo, Mario Abdo calificó al llamado de aberrante por convocar también a la defensa del denunciante. “Nosotros no fuimos invitados a la reunión de mañana ni con Mario Abdo ni con sus abogados, pero el presidente Cartes está siempre abierto, si se le da la oportunidad para decir como víctima lo que ocurrió, lo haremos”, comentó.

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Este viernes debió realizarse la audiencia fijada por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera en la causa conocida como filtración datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), atribuidos al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez y su gavilla.

La diligencia judicial tenía como fin estudiar las primeras chicanas que fueron planteadas el 14 de marzo del 2024 por las defensas de los excolaboradores del anterior gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene. Las diversas artimañas fueron promovidas por los abogados abdistas ante la Cámara de Apelación así como en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la audiencia quedó suspendida debido a una apelación general pendiente de resolución, dijo el abogado Alfredo Kronawetter, defensor legal de Daniel Alberto Farías. Se trata del recurso de apelación general dictado la magistrada Clara Ruiz Díaz por la cual ordenó la extracción de datos de las computadoras de los acusados.

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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

Toda acción política involucra un presupuesto ideológico. Directa o indirectamente. Nadie es inmune a su influencia. Ni en los monasterios. Ni como individualidad ni como entidad partidaria (es obligatorio que así sea), ni como organizaciones sociales. De manera consciente, mediante un proceso de lectura, aprendizaje y práctica, o como miembros inconscientes de una colectividad donde comparten experiencias, sentimientos y símbolos, aunque no puedan definirlos con precisión. Al interior de las masas estos comportamientos, generalmente, están guiados por líderes de opinión o provocados por oradores que encandilan con las palabras o, simplemente, por quienes logran concentrar en su persona el malestar ciudadano, aunque carezca de otros atributos más que la identificación en una causa en común.

En la mayoría de los casos, estas demostraciones nacen a partir de protestas o reclamos a una situación determinada (o de contestación propia de los inconformistas). Y, en el otro extremo, de aprobación y sostén de proyectos que son percibidos como provechosos para la comunidad, que no suelen ser muy efusivos. Esa celebración suele ser íntima, poco expresiva. Y, para otros, ni siquiera eso: “Tenían que hacer nomás luego, es su trabajo”. Estas manifestaciones involucran, inclusive, a los “yo no me meto”, que es una forma pasiva de fijar una posición política. Lo que hace más de cien años, el íntegro doctor Ignacio Alberto Pane calificaba como la “peor forma de hacer política”.

Así que estamos todos integrados desde la participación plena, el asentimiento o rechazo silencioso y el púlpito de los medios de comunicación, cada uno con sus respectivas cargas doctrinarias (o, como mínimo, políticas), las que conducen a una versión diferenciada de la realidad y no guardando siempre la debida fidelidad para exponerla a la gente. Y está, además, esa gran mayoría conformada por los entusiastas aguijoneadores y los apacibles indiferentes. Los primeros convocan a la guerra santa desde las redes sociales, al desembarco en Normandía, a defender las trincheras de Curupayty, y las teclas se transforman en alas flamígeras y las arengas son verdaderos lanzallamas que incendian los campos de batalla de la revolución final. Pero no aparecen en las marchas. No pueden, porque muchos perfiles tienen una sola identidad. Y está la otra mitad: la constituida por los indolentes, sin demostrar afecto a favor o en contra. Por un lado, por las urgencias cotidianas asumidas como prioridad para sobrevivir lo que los llevó al extremo de la alienación y, por el otro, por la profundizada pérdida de credibilidad de la clase dirigente, de todos los sectores, sin excepción alguna. Y, paradójicamente, esta apatía permite la reproducción del círculo nefasto de la mediocridad, la corrupción y la incompetencia, alimentadas todas ellas por la degradante impunidad que sigue campeando, burlona, entre nosotros, desde lo público y lo privado.

Las movilizaciones ciudadanas, de partidos políticos y sectores populares marcan el pulso de la democracia. Permiten discernir sobre los hechos, evaluarlos y enjuiciarlos. Certifican la vigencia de las libertades públicas, uno de los pulmones imprescindibles de este régimen de gobierno, un paso previo para conquistar los otros derechos fundamentales del hombre (sociales, culturales y económicos). Alimentan el debate, a veces, sin proponerse, entre las demandas ilimitadas de los unos (sociedad) y las respuestas limitadas de los otros (gobiernos). Pueden ser cuestionadas por su doble fondo cuando están adulteradas por factores extraños que solo buscan los atajos del poder, distorsionando la esencia de las reivindicaciones sectoriales, como las de los campesinos y pueblos originarios con quienes el Estado tiene deudas que no pudieron ser saldadas en 36 años de democracia.

Y por ahí también meten más neblina los ojerosos enemigos del buen periodismo, para quienes las protestas solo son contra “la mafia y la corrupción cartista”, un reduccionismo intencionalmente dirigido, que nos lleva a concluir que todas las demás denuncias fueron desestimadas por los exclusivos propietarios de la verdad, especialmente el desvergonzado latrocinio perpetrado durante la administración de Mario Abdo Benítez. Y para que la diversión sea completa, en la marcha contra la corrupción desfilaron varios sindicados como corruptos. Y hasta hablaron. Porque esta descomposición moral es sistémica y hace rato rompió todos los compartimentos de la sociedad. Por eso estamos y seguimos así. Y por eso, también, la desconfianza creciente de los indiferentes. Porque la realidad es la que mejor comunica. Y en estos tiempos se ha desprendido de sus sesgados traductores. De todos los costados. Buen provecho.