El senador Amado Florentín, presidente de la Comisión Bicameral de Control de Gastos de la Ley de Emergencia, informó a los senadores que el Ministerio de Salud ejecutó unos US$ 38 millones, que sería el 8% de los US$ 494 millones asignados de los fondos de la Ley de Emergencia Nacional.
El 76% de lo destinado se utilizó para el pago de contratación de personal de salud, bonificaciones y gratificaciones que serían unos US$ 29,3 millones; el 15% para las compras de insumos médicos y kits de test para el COVID-19 que sería US$ 5,8 millones, mientras que el 9%, US$ 3,5 millones se dieron para la adquisición de equipos y bienes médicos como ventiladores pulmonares.
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Del total asignado para Salud por el Ministerio de Hacienda, fueron destinados unos US$ 491 millones al Ministerio de Salud Pública y US$ 3 millones al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción.
También se expuso lo que serían las proyecciones de la ejecución de esta cartera hasta el 31 de diciembre de este año, que serían unos US$ 206 millones que están incluidos en “todos los llamados adjudicados y en proceso que se tienen en este momento, por otro lado, se analizan los contratos que se tienen”, expresó el legislador. Salud Pública ejecutaría a fin de año el 42% de los fondos asignados de los US$ 494 millones, US$ 275 millones sería el saldo para el próximo año.
Por otra parte, los recursos destinados para la protección social, que eran de US$ 445 millones aproximadamente, se lograron ejecutar el 100%. Los programas financiados fueron el de Pytyvõ, Ñangareko y Suspensión Laboral del IPS.
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Mientras que el funcionamiento del Estado, que tenía designado unos US$ 535 millones, se ejecutó un 98%, lo que sería unos US$ 517 millones. El saldo de US$ 9 millones será redireccionado para los subsidios por servicios básicos como Essap y Ande.
Finalmente, se concluye en el informe de los congresistas que de los US$ 1.600 millones asignados a través de la Ley de Emergencia, se ejecutaron US$ 915 millones, hasta el 24 de agosto, lo que representa un 57% de ejecución. En su mayoría fueron destinados para el pago de salarios dentro de la estructura estatal.
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