La Unión Europea ha señalado ayer lunes que estudiará sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por el deterioro de la situación en Venezuela y después de considerar que no es el presidente electo porque “no ha ganado las elecciones”.

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de los 27, el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado que el bloque europeo “revisará el sistema de sanciones” contra un gobierno que “no considera que haya ganado las elecciones”.

“No reconocemos su legitimidad y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha democrática”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea. Este paso se da en línea con la intención de aumentar la presión sobre Caracas de cara a enero de 2025, cuando se debería producir el cambio de poder en la presidencia.

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También tiene lugar después del encuentro de Borrell con el candidato opositor Edmundo González, al que ofreció el apoyo europeo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y señaló como el ganador de los comicios “según los datos disponibles”.

Así las cosas, ha indicado que la UE “sigue unida” en su rechazo a Maduro, al que no reconoce como presidente elegido democráticamente, al no haber presentado el Consejo Nacional Electoral (CNE) las actas pormenorizadas que sustenten los resultados proclamados.

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Fuente: Europa Press

El senador Gustavo Leite se mostró partidario al pedido realizado por el sector de los cañicultores, de mantener las sanciones establecidas en la iniciativa de modificación de la ley sobre fomento a los combustibles, en caso de incumplimiento en el uso del 50 % del alcohol elaborado con caña de azúcar en la mezcla con las naftas.

“Tener una ley que no tenga sanciones es condenar a los cañeros. Aquí siempre el pato de la boda han sido los cañeros y esto ya no puede continuar porque vamos a terminar imponiendo pobreza extrema y sacarle su rubro a la gente más vulnerable”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Leite surgieron ante el anuncio realizado por los cañicultores quienes desde este jueves comenzarán a realizar cierres intermitentes de ruta en varios puntos del país como medida de protesta contra el veto parcial del Ejecutivo.

“El gobierno no le puede dar la espalda a sus ciudadanos. Estas manifestaciones ahora hacen que el problema sea mucho más evidente e imagino que lo antes posible nosotros atenderemos este tema. A nadie le conviene tener a la gente manifestándose en las calles y a nadie le conviene tener a cañeros condenados a la pobreza extrema por inacción de su propio gobierno”, indicó.

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El legislador recordó que en plena campaña política en el 2022, en la localidad de Ñumí, departamento del Guairá, el mandatario Santiago Peña y el vicepresidente de la República Pedro Alliana mantuvieron un encuentro con un total de 3.000 cañicultores para escuchar sus reclamos y buscar soluciones a las problemáticas del sector.

“El reclamo fue el incumplimiento manifiesto y seguido de la Ley 5444/15 de biocombustibles. Lo que se trató (el proyecto de modificación vetado) fue lo que se pactó con los cañeros, fue la promesa de campaña en el 2022″, refirió.

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El Viceministerio de Transporte indicó que la reforma del transporte público que se impulsa desde la institución, apunta a realizar modificaciones en todas las aristas que componen el sistema de modo a garantizar un buen servicio para el usuario y así también, mejores condiciones de trabajo para los conductores de las unidades.

“Las nuevas reglas van a ser distintas, por lo tanto los estándares de funcionamiento y la calidad del servicio que ofrecen van a ser monitoreados de una manera más robusta de lo que se venía haciendo. Si la empresa que es elegida, en el transcurso de sus funciones no cumple con los estándares, va a haber también sanciones con más robustez, va a ser un proceso en el que vamos a exigir cada vez más calidad para el usuario”, expresó el viceministro Emiliano Fernández.

El modelo de negocios actual contiene una gran cantidad de empresas de transporte. Este número supera ampliamente lo que puede soportar una economía de escala, explicó el viceministro, por lo que en esta reforma se apunta a que los transportistas compitan a través de un proceso de licitación.

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“Será un proceso de competencia en el que van a participar todas las empresas que quieran, el número de empresas actualmente es excesivo respecto a cómo debería funcionar un mercado robusto financieramente, por lo tanto van a haber menos empresas que van a trabajar en el sistema de transporte público de pasajeros y eso va a exigir a las empresas a asociarse o consorciarse en la persona jurídica que corresponda”, detalló a la 650 AM.

Asimismo, los itinerarios también serán agrupados en una unidad funcional de modo que la persona pueda tomar cualquier bus para determinados puntos, sin que esto represente un pago adicional del pasaje. Respecto a esto último, Fernández aclaró que la reforma no contempla una variación en el monto que abonan los usuarios.

“No estamos planteando ningún cambio en el pasaje que paga el usuario, lo que decimos nosotros es que cuando tenemos un corredor más extenso, podemos trabajar con más facilidad en la integración tarifaria porque son buses de la misma empresa. En un proceso de corredores se puede tomar el bus que sea en el mismo grupo empresarial”, refirió.

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El viceministro indicó que otro de los puntos clave es la incorporación de más buses en los corredores, lo que ayudará a mejorar la frecuencia y tendrá un impacto positivo en la travesía que realiza el ciudadano diariamente. “No son solo buses mejor controlados, es una mejor integración tarifaria, mejoramiento de las vías, y otras cosas más, por eso esta es una reforma que lleva su tiempo, pero que hay que hacerla”, aseveró.

“Lo que hicieron con Paraguay fue el inicio de esta serie de hechos que pretenden incidir en las elecciones libres y soberanas de un país”, expresó el abogado Pedro Ovelar en relación con las sanciones por “actos significativos de corrupción” aplicadas por Estados Unidos al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al exvicepresidente Jorge Glas.

Ovelar sostuvo que lo acontecido recientemente con el líder del movimiento Revolución Ciudadana “tiene mucha similitud” con el caso de su cliente, el expresidente y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien, de acuerdo con las denuncias, resultó víctima de una persecución política en el marco de las pasadas elecciones internas y generales.

“Esto es una manipulación del electorado e intromisión en los asuntos internos de un país. Estas medidas son arbitrarias, ilegales e inconstitucionales tanto en Paraguay como evidentemente en Ecuador. Se pasan por alto las autoridades estadounidenses. No es cierto que con el pretexto de que sus leyes se lo permiten, puedan afectar en un país el proceso interno electoral”, afirmó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Las medidas tomadas por el Departamento de Estado del país norteamericano, que consisten en impedir el ingreso al territorio estadounidense a Correa, Glas y a sus familiares directos, llaman la atención en medio de las disputas electorales rumbo a los comicios presidenciales en Ecuador, previstos para el 9 de febrero de 2025.

El pasado jueves, Correa calificó de política, a las sanciones de Estados Unidos teniendo en cuenta que, según sus afirmaciones, su movimiento político Revolución Ciudadana se posiciona como favorito en el electorado ecuatoriano.

“Existen las mismas particularidades con el caso de Paraguay (persecución a Cartes y campaña contra la ANR). Estos adversarios tienen preferencia para las siguientes elecciones que se dan en pocos meses más en el Ecuador. Este es un caso calcado de lo que ocurrió en Paraguay, más allá de las sanciones mismas y la afectación de las familias que nada tuvieron que ver con el ejercicio del cargo, más allá de que sí se pudiese o no determinar en el futuro las responsabilidades de Correa”, dijo Ovelar.

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Asimismo, el abogado resaltó otras similitudes de la persecución política que enfrentó Cartes y que ahora afronta Correa, como, por ejemplo, la “existencia de un presidente genuflexo que permite y manipula con un gobierno extranjero la aplicación de sanciones. Se establecen los procesos secretos, donde ellos nomas (Estados Unidos) conocen las pruebas y los elementos que tienen, donde nunca dan derecho a la defensa, donde uno no tiene la posibilidad de impugnar cualquier tipo de pruebas que se haya obtenido o que se pretenda hacer valer. No se tiene un juez justo e imparcial, nada de eso existe”.

No obstante, Ovelar resaltó una gran diferencia en la manera en que Estados Unidos dio a conocer las sanciones impuestas a Correa y Cartes. “Hay una diferencia entre el comunicado de Ecuador y lo que ocurrió en Paraguay. El comunicado de Correa fue publicado por el Departamento de Estado, pero no se realizó una conferencia con todos los medios para darle una mayor notoriedad y espectacularidad”, comentó.

Siguió sosteniendo que “Es por eso que señalamos que el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield hizo un gran daño al Paraguay. El expresidente Mario Abdo Benítez en directa conexión, asociación con el embajador y algunos medios de comunicación, filtraron información, realizaron mucho ruido para hacer un mayor daño político, todo formó parte de una estrategia conjunta para dañar a Cartes, al Partido Colorado y llevar al poder otra lista que era a fin a los intereses del embajador y Abdo Benítez.

Deseaban que gane Efraín Alegre, utilizaron las instituciones públicas, filtraron información y procedieron a inmiscuirse en los asuntos internos del Paraguay”.

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