La Dirección Nacional de Defensa de la Salud y Bienestar Animal está bajo la supervisión de la Contraloría General tras varias críticas a la administración de sus fondos. El contralor Camilo Benítez solicitó dos informes al titular de la institución, Juan Manuel Enciso.

El primero responde al funcionamiento de la institución durante el ejercicio fiscal 2019 y de enero a julio de este año, atendiendo la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, en forma mensual del periodo mencionado, también la reglamentación y autorización de bonificaciones y asignaciones temporales.

Las críticas de varios activistas se daba en cuanto a que el presupuesto de G. 4.000 millones en su mayoría se destina a gastos rígidos y salarios de funcionarios. Por eso también es consultado por el órgano contralor sobre la nómina de funcionarios permanentes, contratados y comisionados que prestan servicios en la institución a su cargo, adjuntando los antecedentes y documentos de nombramiento.

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Por otra parte, en el segundo pedido del organismo de control se encuentra todo lo relacionado a la contratación directa para la “adquisición de equipos para laboratorio – Ad Referéndum”, en la que se hace énfasis en la dependencia técnica institucional en la cual se fundamente el llamado, con el costo estimativo al igual que el certificado de disponibilidad presupuestaria, previo a la convocatoria.

Asimismo, tendrá que dar cuenta de la resolución por la cual se aprueba la autorización de la contratación directa y la aprobación del pliego de bases y condiciones. A partir de allí la entidad pública tiene un plazo no mayor de cinco días para responder a dichas solicitudes.

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