Con la intención de que el sistema sanitario privado responda a las necesidades que nacen por la falta de espacios en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el diputado Carlos Núñez Salinas presentó un proyecto de ley que establece que los pacientes derivados de hospitales públicos deberán de ser atendidos por estos.
La propuesta mencionada estipula el marco normativo en el cual el sector privado recibirá a los pacientes con COVID-19 y/o con otras enfermedades, que requieran de Terapia Intensiva, Intermedia y/o respiradores. Dentro de esta situación se incluye una elaboración del protocolo de trabajo público-privado al mando del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
“Este proyecto de ley tiene como principal propósito salvar vidas humanas y dar respuesta a una población insolvente, sin trabajo y sin ingresos económicos, que ya venía pasando vicisitudes antes de la pandemia del COVID-19”, mencionó el diputado Carlos Núñez Salinas al presentar esta iniciativa parlamentaria.
La situación sanitaria que se tiene actualmente con varios contagios y muertes diarias es lo que obliga a generar este tipo de propuestas legislativas, atendiendo además que se ha superando la barrera de los 10 mil casos positivos.
“Solo podremos afrontar este desafío con la colaboración y cooperación entre el sector público y privado. Estos meses la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas privadas nos han demostrado que si nos aliamos y trabajamos en conjunto, podremos vencer esta pandemia. Este es el espíritu de este proyecto de ley”, expresó.
Finalmente, se cuenta con un pronóstico de los especialistas en el que se asegura que aún no se ha alcanzado el pico, mientras los casos van en aumento. Mientras la Organización Mundial de la Salud estima que el 1% de la población requerirá de Unidades de Terapia Intensiva, Intermedia y/o respiradores.
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