El Poder Ejecutivo vetó totalmente la iniciativa que busca aliviar las penitenciarías del país mientras dure la crisis sanitaria por el COVID-19, con la finalidad de reducir la población ante el riesgo de contagio masivo. El proyecto de ley vuelve al Congreso Nacional para su ratificación o aceptación de la decisión presidencial.
El documento busca otorgar medidas alternativas a la prisión a quienes se encuentran con procesos pendientes, así como aquellos cuyas condenas no superen los diez años, pero no así para quienes fueron procesados o condenados por secuestro, abuso sexual, violencia familiar, feminicidio, crimen organizado, y los que estén procesados por tentativa de los mismos hechos punibles.
La medida fácilmente podría beneficiar a varios de los políticos que actualmente están bajo prisión preventiva. Actualmente existen 15.000 personas privadas de su libertad, de las cuales solo el 17% tiene una condena, mientras que la capacidad de las cárceles del país es para un total de 9.000 internos.
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Por otra parte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también vetó totalmente el proyecto de ley Nº 6.582 que crea y conforma la Comisión Bicameral para el estudio de la transformación educativa. El documento también vuelve al Congreso.
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Ejecutivo promulga ley de pensión universal para adultos mayores
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció a través de sus redes sociales la firma del decreto de la ley de pensión universal para adultos mayores. Dicha legislación fue sancionada por el Congreso el pasado agosto y a través de la misma se elimina el mecanismo del censo para el acceso a los beneficios de la pensión.
“Hoy dimos un paso más para proteger y cuidar a quienes nos han dado tanto: promulgué la ley que establece la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, junto con beneficios de acceso e inclusión. Para mí, asegurar el bienestar de nuestras personas mayores no es solo una responsabilidad, sino un acto de gratitud hacia quienes nos precedieron y trabajaron por el Paraguay que tenemos hoy. Ellos merecen vivir con dignidad y sentir que no están solos en esta etapa de sus vidas”, expresó el mandatario.
Esta ley contempla que ingresarán a la pensión las personas a partir de los 65 años, que no sean cotizantes del seguro social, que no cobren salarios del sector público o privado, alguna jubilación o tengan registrados al menos 30 cabezas de ganado. Asimismo establece que los adultos mayores de los pueblos originarios accederán a los 55 años y los que tengan discapacidad severa a los 60 años.
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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) será la encargada de administrar los mecanismos de articulación con otras instituciones como el Registro Civil, Identificaciones, el Instituto Nacional del Indígena (Indi), la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), las distintas cajas de jubilaciones, entre otras más, de modo a cruzar los datos e incorporar automáticamente a los beneficiados.
Esta ley también dispone la creación de un fondo universal de pensiones para los adultos mayores, a fin de incluir 30.000 nuevos beneficiarios, a partir del inicio del programa y la inclusión gradual, acorde a la disponibilidad presupuestaria, dando prioridad a aquellas personas de mayor edad que aún no son parte del programa.
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Acusan a Marito de encabezar persecución a los colorados
“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la oposición para que caiga la Asociación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secretario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo González, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.
“Claro que hablará de persecución política porque se le está viniendo la noche”, manifestó al diario La Nación/Nación Media tras hacer referencia a las irregularidades detectadas por la Contraloría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.
Recordó además de las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un caradura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga responsable”, indicó.
González indicó que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayoritario se desempeñaba como presidente de la República.
Agregó que Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemigos, “creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quienes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González.
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Refutan el discurso de Abdo sobre persecución política: “Es un caradura, sinvergüenza y ladrón”
“Mario Abdo Benítez persiguió a todo el movimiento Honor Colorado y se alió a la oposición para que caiga la Asociación Nacional Republicana en el 2023″, afirmó el secretario general de la Junta de Gobierno de la agrupación tradicional, Eduardo González, tras tumbar la imagen de perseguido político que busca instalar el exmandatario en su vuelta a la política.
“Claro que hablará de persecución política porque se le está viniendo la noche”, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media tras hacer referencia a las irregularidades detectadas por la Contraloría en los estados financieros de las empresas de asfalto de Abdo Benítez que podrían ocultar varios ilícitos, desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero.
Recordó además las denuncias por casos de corrupción que salpicaron al gobierno de Abdo durante la pandemia del covid-19. “Abdo Benítez es un caradura, sinvergüenza y ladrón, que no venga a dar cátedras de moral y de buena gestión cuando tuvo casi 20.000 paraguayos muertos sobre su espalda y espero que alguna vez se haga responsable”, indicó.
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Hay que señalar que uno de los puntos del informe de la Contraloría que salta a la vista es que las firmas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S.A. (Aldia S.A.) y Creando Tecnología S.A. (Createc S.A.) experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accionista mayoritario se desempeñaba como presidente de la República.
Usó el aparato estatal “para perseguir a sus enemigos”
“Abdo sí fue capaz de usar el aparato estatal para perseguir a sus enemigos, creando informes falsos que fueron enviados al norte para buscar las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes. Esos informes fueron elaborados con sus ministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y Emilio Fuster, todos de la oposición, quienes militaban en el Partido Democrático Progresista. A toda persona que tenía olor a Honor Colorado sacó de la función pública, sin importar la antigüedad, sus familias”, sostuvo González a La Nación.
El también director de gabinete de la presidencia del Partido Colorado se refirió al cuestionamiento realizado por Abdo Benítez contra el gobierno de Santiago Peña al sostener que el mandatario solo se dedica a inaugurar las obras que fueron impulsadas por su administración.
“El se pasó inaugurando en su gobierno las obras de Horacio Cartes. Ellos no dejaron proyectos, es un cínico, llenó sus bolsillos en la pandemia con su gavilla con la venta de asfalto. Su empresa fue la única que creció durante su gobierno con la venta de asfalto”, sentenció.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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