El senador Hugo Richer objetó el criterio del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para mantener a sus cuestionados ministros en el cargo, pese a las irregularidades y las denuncias de corrupción.
En este sentido, el legislador mencionó que es difícil de entender los valores y el pensamiento del mandatario ante esta situación. “Es difícil entender la manera que el presidente construye su pensamiento, o los valores que maneja, los criterios que maneja para determinar la permanencia o no de sus ministros”, subrayó.
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Agregó que el justificativo que dio el presidente, de que se encuentran realizando el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, quiere decir que gente incompetente estará confeccionando lo que será gastado en el país.
“Él prefiere que los incompetentes hagan el presupuesto, es un extraño criterio para sostener una posición, si hay gente acusada de corrupción, si hay indicios importantes, el Ministerio Público tiene que priorizar su trabajo y la gente apartarse de los cargos”, criticó el senador.
Para Richer si hay gente incompetente, acusada de corrupción, es la que menos tendría que trabajar en el presupuesto general. “Es una brillante oportunidad para que gente nueva trabaje esos presupuestos y se de también la libertad al Ministerio Público de investigue, de tal manera a determinar la responsabilidad o no de la persona acusada en estos casos”, puntualizó.
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Horas de trabajo debe adaptarse a la realidad local, dice senador y rechaza propuesta de reducción
“Todos los estudios que lleven a un mejoramiento de la calidad de producción deben adaptarse a la realidad paraguaya”, sostuvo el senador Natalicio Chase tras expresar su rechazo al proyecto de ley que plantea reducir el horario laboral en el sector privado. Agregó que esta iniciativa podría poner en riesgo las inversiones internacionales instaladas en nuestro país.
“No es tan sencillo bajar el horario laboral del país sin tener en cuenta todos los factores. El 98 % de la mano de obra que se utiliza en el Paraguay son las pequeñas y medianas empresas, entonces hay que consultar con todos los sectores para tomar una medida así y no una medida alegre que busca figuración”, comentó a los medios de comunicación.
El proyecto que establece las 40 horas laborales semanales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.
“El senador no se reunió con las industrias, con la fuerza trabajadora del país, es un proyecto de ley que busca un resultado mediático, no se puede tomar medidas unilaterales. Él es un senador, representa a una pequeña porción de los paraguayos. Esta medida afectará al 100 % de todos los ciudadanos, a veces las iniciativas que son irresponsables pueden hasta ocasionar desventajas en el sector industrial y poner en riesgo las inversiones internacionales en nuestro país”, indicó Chase.
Asimismo el parlamentario acotó: “No se puede traer estudios extranjeros no aclimatados a nuestro país. Yo creo que es inapropiado, no tiene análisis. En Paraguay no se tiene las 8 horas de trabajo como está previsto en la ley, porque siempre hay hora de almuerzo. La propuesta puede analizarse, pero sí tiene un estudio más acabado”.
El proyecto de ley ahora deberá ser girado previamente a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes, ya sea a favor o en contra para luego ser analizado en la plenaria.
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Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación
En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.
El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.
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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.
La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.
Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.
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Senador de Alto Paraná no descarta requerir emergencia departamental ante inseguridad
“La inseguridad en Alto Paraná está en auge. Estamos cerca de fin de año y las olas delictivas pueden empezar a aumentar”, sostuvo el senador del movimiento Yo Creo, Rubén Velázquez, tras referirse sobre el atraco registrado en la noche de este último miércoles a una entidad bancaria por parte de un grupo de diez delincuentes fuertemente armados.
“Fue un episodio muy importante lo que pasó en Naranjal, un asalto tipo comando con explosivos y armas de grueso calibre. Los pobladores de Alto Paraná están muy preocupados por estos hechos y considero que el Ministerio del Interior tiene que tomar acciones inmediatas”, indicó a los medios de comunicación.
Durante el atraco, los malvivientes esparcieron clavos miguelito por toda la zona y dañaron dos patrulleras policiales y al menos tres vehículos particulares. Según el informe proporcionado por las autoridades del banco, mediante un arqueo se determinó que la cifra sustraída equivale a G. 2.800 millones en billetes de varias denominaciones, entre dólares y reales.
“Voy a reunirme con el ministro Enrique Riera y con mi equipo pediremos informes para tener mayor información sobre los hechos acaecidos. Los datos que pueda obtener serán muy importantes porque me permitirá plantear una declaración de emergencia contra la ola de inseguridad existente, los hechos delictivos aumentan con la llegada del fin de año”, comentó.
Asimismo, el parlamentario de la oposición dijo que no se puede descartar una posible complicidad policial. “Hay una desidia total de la Policía Nacional, es muy llamativo que el servicio de inteligencia ya tenía conocimiento que se estaban organizando grupos criminales para perpetrar atracos en el departamento, sin embargo no están haciendo nada al respecto. Tres horas después de una alerta policial la entidad bancaria fue sujeto a un asalto”, refirió.
Velázquez acotó que “me preocupa aquí que exista una complicidad por parte de policías. Por qué no actuaron si ellos ya tenían informaciones. Esto es mucho más preocupante más allá de una suerte de desidia o inoperancia”.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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