El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio “Bachi” Núñez, anunció el lanzamiento de una iniciativa que tiene como finalidad edificar una relación más cercana entre los ciudadanos y sus legisla­dores de los diferentes parti­dos y movimientos políticos. También mediante la pro­puesta se apuntará a forta­lecer los vínculos locales con líderes y lideresas de diver­sos sectores sociales.

“Iniciaremos desde el Con­greso Nacional una agenda legislativa departamental bajo el lema ‘El Senado con la ciudadanía’. Este proyecto incluye reuniones con auto­ridades departamentales, organizaciones interme­dias, empresarios, visitas a medios de comunicación, entre otras actividades”, comentó a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, el congresista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “El objetivo es acercar el Senado a la ciudadanía y fortalecer el diálogo directo sobre las necesidades y prio­ridades de cada región del país. Estaremos informando sobre los primeros departa­mentos que visitaremos con los colegas parlamentarios”.

El también dirigente político del departamento de Presi­dente Hayes forma parte del primer anillo del jefe de Estado, Santiago Peña, y es uno de los principales miembros del denominado equipo comando del movi­miento Honor Colorado, que se reúne de manera mensual con el fin de anali­zar las medidas que tomó el Gobierno durante los últi­mos meses, así como tam­bién para proyectar inicia­tivas que serán de beneficio nacional.

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos con­tra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos y agentes del Ministerio Público se constituyeron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) con la finalidad de verificar el avance de las obras financiadas con el fideicomiso firmado entre la previsional y una entidad bancaria local.

“En el contrato que se ha estipulado se estableció no solo el desarrollo, sino la culminación de las obras emblemáticas. Habíamos recibido los informes de la auditoría interna del instituto donde se denunciaba que algunas obras fueron sustituidas por otras, pagos que aparentemente fueron efectuados sin que las mediciones posteriormente coincidan con las planillas acordadas, entre otras cuestiones”, expresó el senador Dionisio Amarilla, titular de la comisión.

La verificación in situ se centró específicamente en las obras varadas del Centro Hemato-Oncológico, localizado sobre la calle Manuel Peña, zona del Parque de la Salud. Por parte del Ministerio Público estuvieron presentes los agentes María Soledad Machuca y Néstor Coronel.

“Venimos a verificar los avances, conocer la versión de quienes han hecho las auditorías y por sobre todas las cosas dar a conocer a la sociedad paraguaya cómo se aplican los recursos económicos que aportan los empleados y empleadores”, indicó el parlamentario a los medios de prensa.

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Mediante una auditoría interna del IPS se reveló una rapiña de G. 828.000 millones mediante un contrato de fideicomiso del IPS durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser empleada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

“El fideicomiso se firmó a fines del año 2017 para que este Hospital Hema­to-Oncológico se encuentre construido en el año 2020. Se depositó la plata, el dinero estaba. La obra fue recibida (por el gobierno de Abdo Benítez) con un 4 % de avance y hoy está con un 14 % de avance. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar por qué estas obras no fueron terminadas, si hubo o no hubo dolo no nos corresponde determinar a nosotros, pero como comisión bicameral nos enteramos de esto y no podemos cerrar los ojos”, indicó Leite.

Asimismo acotó: “Tenemos que venir a entender por qué un hospital cuya plata estaba depositada en un banco está en este estado. Nosotros no somos culpadores ni exculpadores, pero la pregunta que yo siempre me hago es a quién le vamos a reclamar por la gente que se murió al no tener tratamiento de seguro contra el cáncer. La plata que había para esta obra se usó en otra cosa, esto antes era un pozo, ahora ya está más alto, tiene un tercer piso”, lamentó.

La auditoría bajo la gestión del actual titular del IPS, Jorge Brítez, detectó desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

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El presidente Santiago Peña se mostró ayer a favor de apro­bar el proyecto de ley que establece el control, la trans­parencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fun­damentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, manifestó el jefe de Estado al ser consul­tado sobre el citado proyecto de ley.

Dijo además no estar a favor de la persecución, de la dis­criminación, ni de cerce­nar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, “pero entiendo que el con­trol y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería apli­car”, señaló.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, remitió final­mente ayer el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su aceptación o rechazo.

Núñez dijo que particular­mente está a favor de la pro­puesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor con­trol. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo para­guayo tiene que saber en dónde están siendo destina­dos los recursos públicos”, señaló el senador.

Indicó que si el presidente Santiago Peña decide vetar el proyecto, la bancada oficia­lista en el Congreso respetará la decisión del jefe de Estado.