El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador Enrique Bacchetta, del Partido Colorado, comunicó que la sede de la institución fue sometida este lunes a una desinfección total a raíz de que varios funcionarios del plantel mantuvieron contacto con casos positivos de COVID-19.
“Queremos comunicar a la ciudadanía que hay funcionarios que tuvieron contacto con personas que dieron positivo al COVID-19, hemos implementado el protocolo y tomé la decisión de desinfectar el JEM para seguir con el trabajo normal, pero con todas las precauciones”, sostuvo el legislador.
Por otra parte, las autoridades retomarán sus funciones mañana martes a partir de las 13:30 con la finalidad de sesionar. La convocatoria será de forma mixta (presencial o virtual vía Zoom) en la sala de sesiones del JEM, localizada en la planta baja. La sesión será transmitida a través de las redes sociales de la institución.
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Por otra parte, el Ministerio del Interior ordenó llevar al mínimo las actividades de sus viceministerios, dependencias y demás oficinas para evitar la propagación del coronavirus entre sus funcionarios.
“El Ministerio del Interior, por instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez, se dirige a los viceministerios, direcciones generales y direcciones dependientes de esta cartera de Estado, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19”, reza un comunicado emitido este lunes.
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Denuncian a gremio de funcionarios del IPS por evasión de aportes a la seguridad social
Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.
Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.
En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.
Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.
En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.
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Caso acoso: Senado insta al JEM a investigar a jueces y fiscal que absolvieron a docente
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a investigar a los miembros del Tribunal de Sentencia de Villarrica, que terminaron absolviendo al docente Eustaquio Insaurralde. El magistrado está acusado de abuso por medios tecnológicos a una alumna de 11 años de edad.
La decisión adoptada por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz terminó generando el repudio ciudadano, teniendo en cuenta la existencia de pruebas contundentes contra Insaurralde, docente de 56 años de edad.
Un total de 600 mensajes fueron enviados por Insaurralde, en donde supuestamente le decía a la niña “quiero sentir tu cuerpo” “sos super sexy, un sueño, te adoro, te amo mi princesa, mi niña me vuelves loco”, “te pido que vengas sola a casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.
El documento aprobado por los parlamentarios en su sesión ordinaria de la fecha refiere que “este constituye un caso de suma gravedad, ya que guarda relación con hechos punibles que afectan la integridad de una niña e involucra a un docente, agravado por el hecho de ostentar un cargo, cuya función debería mostrar un especial deber del cuidado”.
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La iniciativa agrega que “las estadísticas informadas por organizaciones especializadas en el ámbito refieren que este tipo de hechos punibles representan un verdadero problema a nivel nacional, razón por la cual este tipo de decisiones adquieren una importancia especial”.
El fallo a favor del denunciado brinda la posibilidad de que Insaurralde vuelva a la enseñanza en la misma institución de la que fue apartado al iniciarse el proceso judicial. La acusación fue impulsada por la madre de la niña en el año 2022.
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Sindicatos de trabajadores de CDE repudian el oportunismo político de Miguel Prieto
A través de un comunicado emitido a la opinión pública, los sindicatos de trabajadores de la municipalidad de Ciudad del Este acusaron al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de ejercer manipulación política con el fin de sumar adherentes a la marcha opositora contra el gobierno de Santiago Peña.
“Manifestamos nuestro repudio al intendente Prieto por la manipulación y arreo de funcionarios que pretende desarrollar en ocasión de las movilizaciones programadas en todo el país durante los días 25, 26 y 27 de marzo del presente año y en especial en Ciudad del Este”, manifiesta el comunicado. La marcha de la oposición es impulsada bajo el eslogan “Unidos por el Paraguay”.
La nota firmada por los miembros de Sitramucde y Sitram-CDE indica que “toda movilización que tiene como objetivo reivindicar los intereses de trabajadores y sectores populares, como también para la vigencia plena y permanente de las libertades públicas y democráticas, son totalmente legítimas, garantizadas por la Carta Magna de la República del Paraguay, y por ende ambos sindicatos apoyamos plenamente”.
“Ambos sindicatos somos contrarios y repudiamos las prácticas de políticos oportunistas como es el caso del intendente Miguel Prieto, quien se encuentra en una desesperada situación por conseguir el posicionamiento de una falsa imagen suya en todo el país, ante su desastrosa y corrupta administración”, refieren.
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En el comunicado hacen mención a las más de 40 denuncias que posee el dirigente político por casos de corrupción y que se encuentran cajoneadas en el Ministerio Público. “A la vez tiene un centenar de denuncias de carácter laboral siendo un consuetudinario persecutor de trabajadores y violador de los derechos laborales. Hoy pretende manipular las movilizaciones en Ciudad del Este, llevando aguas a su molino, lo cual empañan la pureza de los actos protagonizado por los trabajadores, campesinos y demás sectores populares”, indica.
El documento señala que los funcionarios arreados fueron objetos de amenazas de represalias y de despido inmediato si no se suman a la marcha opositora. “La única finalidad es promocionar la figura de Miguel Prieto y embanderarse por sobre las masas populares”, sentencian.
Baja convocatoria
Medios esteños informaron que la presencia de manifestantes en la zona de la rotonda Oasis, el cual será el punto de las marchas es mínima. A la vez comunicaron que varios ciudadanos expresaron su preocupación, requiriendo garantías para poder trabajar sin interrupciones ni amenazas, ya que la marcha se desarrollará en el microcentro de Ciudad del Este.
Los ciudadanos que se sumarán a las movilizaciones partirán desde la Rotonda Oasis con dirección a la rotonda Monalisa. Los agentes de la Policía Nacional ya manifestaron que no se permitirá el cierre del Puente de la Amistad, que une Paraguay con Brasil. Finalmente, la convocatoria culminó sin que se reporten incidentes.
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“Fortalecimiento de la justicia”, norte de Honor Colorado para definir cupo en el JEM
La diputada Rocío Abed dejó entrever que en el movimiento Honor Colorado no se liberará las candidaturas para la representación de la cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Actualmente, dentro del sector político se baraja los nombres de José Rodríguez Maciel y Diego Candia Melgarejo.
“Aún no se tomó la decisión (definir un solo candidato) que se espera sea consensuada entre ambos y entre los demás integrantes de la bancada misma. Ambos jóvenes hombres de derecho, entusiastas y formados”, sostuvo a través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Se espera que el oficialismo colorado defina este lunes en bancada a su candidato con el fin de ponerlo a consideración de los demás partidos y movimientos políticos con representación, teniendo en cuenta que bajo la presidencia de Raúl Latorre, se apunta a sellar un consenso, sin la necesidad de desatarse una puja política por el cupo.
Abed, quien ejerce el liderazgo de Honor Colorado en la Cámara Baja mencionó que el norte de Honor Colorado para la definición del cupo en el JEM se centra en el fortalecimiento de la Justicia y el respeto a la institucionalidad.
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La parlamentaria de Alto Paraná señaló que tendrán a consideración las competencias profesionales y personales. “Buscaremos el mejor camino a seguir, estudiando las propuestas existentes evaluando el perfil, los requisitos legales exigidos, tanto las características profesionales y cualidades tales como honestidad, probidad e idoneidad, respetando institucionalidad y en la búsqueda del fortalecimiento del sistema de justicia”, comentó.
Antecedentes
El pasado 19 de marzo la mesa directiva de Diputados, presidida por Raúl Latorre, tomó la decisión de extender por tres semanas más la elección del futuro representante del órgano extrapoder tras la renuncia del exparlamentario por Central Orlando Arévalo.
El entonces congresista fue salpicado en un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la Justicia dentro del JEM tras la difusión de los chats del dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. En el caso se encuentran involucradas las fiscales Katya Uemura, Stella Mary Cano y la exjueza Sadi López.