Sancionan ley que prohíbe el desalojo a veteranos del Chaco
Compartir en redes
La Cámara de Diputados sancionó la ley que protege la propiedad, posesión y usufructo a los excombatientes de la Guerra del Chaco. La propuesta se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Con esta normativa, se pretende garantizar los bienes, inmuebles y muebles, que pertenecen a los excombatientes. De igual forma, que sean inembargables mientras estén con vida. También da garantías para la posesión y el usufructo vitalicio para los héroes sobre sus posesiones y de esta forma, puedan gozar de vida digna.
Incluso en el caso de que exista un contrato de locación, donde el locatario será el veterano, se podrá continuar conforme a las cláusulas del contrato vigente y se regirá por lo que establece el Código Civil.
El diputado Basilio Núñez se mostró a favor de la aprobación del documento, tal cual provino de la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que no se puede perder tiempo, debido a los pocos veteranos de la Guerra del Chaco que quedan vivos.
También la diputada del Alto Paraguay, Marlene Ocampos, expresó su apoyo: “Es lo mínimo que podemos hacer en comparación a las batallas y penurias que pasaron nuestros abuelos en defensa del Chaco paraguayo; nunca podremos pagar ni agradecerles, en la medida justa que ellos se merecen; pero se hará justicia al permitir un bienestar y la tranquilidad de no ser perturbados en lo que resta de sus vidas”, dijo.
El hecho que motivó la presentación del proyecto fue la situación que vivió el excombatiente Alejandrino Grance Santander, quien a sus 102 años estuvo a punto de ser desalojado de su vivienda ubicada en Asunción sobre la avenida Defensores del Chaco. La Asesoría Jurídica de la Policía Nacional se acercó hasta el lugar para el desalojo.
La sobrina del veterano había presentado una sucesión, lo que motivó el procedimiento. Las gestiones realizadas por los senadores en conjunto con el Ministerio de Defensa sirvieron para evitar el desahucio.
Secuestro de colono: brasileños habrían venido con intención de robar e improvisaron rapto
Compartir en redes
En el marco de la investigación del secuestro del colono brasileño Silvio Fiedler, ocurrido el 28 de octubre pasado en su propiedad ubicada en la colonia Gleba 2, distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, este martes una comitiva policial y fiscal allanó la casa donde habría permanecido en cautiverio.
La vivienda está ubicada en la zona de Zanja Morotĩ en Itakyry, a aproximadamente 12 kilómetros de donde se dio el secuestro. La propiedad se encuentra en estado de abandono y alejada de otros vecinos que hayan podido percatarse de lo que ocurría.
El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía, dijo que en el lugar se encontraron varios indicios que corroboraron que el colono habría estado en ese lugar, ya que el mismo habría testificado sobre alimentos que le dieron y características del sitio que fueron corroborados en la intervención.
“Una de las hipótesis que estamos manejando es que este grupo de brasileños vinieron al territorio paraguayo, ya siendo parte de algún grupo pensamos nosotros por los antecedentes que tenían uno de ellos y manejaban cierta información de que el papá de Silvio tenía dinero, pero al encontrarse con que no redujeron al colono y se lo llevaron”, indicó el jefe policial a la 1080 AM.
Cardozo remarcó que si bien los sujetos aparentemente no tenían planeado realizar el secuestro, ya conocían la vivienda a la que fue llevado Silvio Fiedler, por lo que investigan ahora la conexión que tendrían con la misma porque aparentemente sería propiedad de uno de los familiares de la expareja del colono secuestrado.
Denuncian falsificación de documentos para desalojo irregular de 10 hectáreas
Compartir en redes
Este martes, integrantes de una familia reportaron que el pasado 6 de agosto, fueron desalojados de la propiedad donde residen hace más de 30 años en la compañía Costa Salinares de la ciudad de Capiatá y de la cual tienen el título. Denuncian que el desalojo fue totalmente irregular y que existe complicidad de la Fiscalía y la Municipalidad, desde donde aparentemente expiden títulos falsos.
Doña Agustina Vera Vda. de Cabrera, esposa de quien en vida fuera don Venancio, legítimo dueño de las 10 hectáreas desde 1945 y que falleció en el 2003, y su hija Elvira, denuncian que fueron cruelmente desalojadas de la propiedad. La familia fue sacada del sitio por una comitiva encabezada por el fiscal Hugo Marcelo Pérez.
“El fiscal me dijo que estaba cumpliendo con el protocolo de denuncia por invasión y que el procedimiento está hecho dentro de la ley. Ante mi reclamo me dice que si tengo los documentos que me presente en la Fiscalía, de inmediato llegué al lugar, pero Pérez ya no se hizo encontrar”, detalló Fabián Ferreira, abogado de la familia afectada, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
El abogado afirmó que presentó los documentos sobre la causa 800/2024 y solicitó las copias como la intervención, pero cuando fue a retirar las copias le dijeron que no era la causa. Entonces le volvieron a pasar otro número de causa para volver a realizar el trámite, de esta forma intentaban desviar del caso al representante de los afectados.
“El fiscal me dijo que deje de presentar los documentos porque se trata de una denuncia contra una persona innominada, por lo que mis representados no tenían intervención ni yo como su representante legal. Le reclamé eso y me pidió que le lleve a mis clientes para declarar”, apuntó.
Explicó que una vez que llegaron a la unidad fiscal como para declarar y mientras esperaban para realizar el trámite fueron amenazados con ser detenidos. “Salió la asistente del fiscal y me dijo; te manda a decir el fiscal que si declaran saldrán de acá detenidos. Les pregunté por qué y me dijeron que no tenían porqué darme explicación porque no teníamos intervención”, refirió.
Según la denuncia, un exfuncionario de la Municipalidad de la ciudad, que utiliza dos identidades una como Federico Joel González y otra como Federico Ramón González, es quien empadronó la finca de los Cabrera y vendió parte de la propiedad a otras personas. Estas personas nunca recibieron los títulos de propiedad.
“El cuando inscribe o empadrona en catastro lo hace como Federico Ramón, pero cuando hace el contrato de compra-venta lo hace como Federico Joel. Tienen doble identidad y dos números de cédulas, todo ya fue denunciado y solicitamos al Ministerio Público que solicite el prontuario de este hombre”, indicó. Afirmó, que ofrece los terrenos en redes sociales y solicita una entrega, pero nunca da los documentos.
Ferreira detalló que en la Unidad 3 de la Fiscalía se presentaron todas las pruebas del Servicio Nacional de Catastro y Registro Público que demuestran que esta propiedad de 10 hectáreas se trata de la finca 819 padrón 1375 y que corresponde a la familia Cabrera Vera.
“Ellos están superponiendo fincas y padrones que ellos inventaron porque tienen contactos en el catastro creando problemas a personas humildes. Tengo todos los informes del catastro y registro público en los que queda demostrado que son un grupo de delincuentes dedicados a la falsificación de títulos”, indicó el abogado. Solicitan al Ministerio Público que tome cartas en el asunto e investigue el caso.
Único heredero
Por su parte, el abogado Joel González, explicó en canal GEN/Nación Media que no estaban enterados de esta situación y que esa propiedad siempre perteneció a su familia desde hace casi 80 años. Afirmó que no tienen doble identidad, sino que, su padre es Federico Ramón, que es el único dueño de la propiedad, y que él es Federico Joel.
“Este es un problema de 1945 y no puedo influir en nada de lo que pasó antes. Yo soy heredero de Federico Ramón González, que es mi papá y a su vez heredó de su papá, lo que es de él es nuestro. Lo que están diciendo sobre falsificación de documentos para mi es muy relevante porque está registrada nuestra finca en el Registro Público”, indicó.
Agregó que cuentan con todas las documentaciones legales de la propiedad y que se trata de la finca 43.063 en el año 1998. “El único dueño es mi padre, esta propiedad viene de mi bisabuelo Ignacio González. Mi padre fue el heredero solo del remanente y otra parte fue parte de pago de los abogados, porque no tenía dinero en ese momento”, concluyó.
Itapúa: presuntos invasores suspenden desalojo con recusación del fiscal
Compartir en redes
Un procedimiento de desalojo de un inmueble ubicado en la colonia Naranjito, en el distrito de San Rafael del Paraná (Itapúa) estaba previsto para este martes por la mañana, pero debió suspenderse luego de que se comunicara, esta misma mañana, del ingreso del pedido de recusación del fiscal Luis Albertini, a cargo del operativo de constatación de la superficie ocupada por el asentamiento San Francisco.
En conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, el fiscal Albertini comentó que recibieron la noticia de que el representante legal de los ocupantes del inmueble en litigio presentaron el pedido de recusación ya cuando la comitiva fiscal y policial se encontraba en el lugar ultimando detalles para ingresar al sitio.
“El objetivo era realizar el procedimiento de constatación del inmueble con el ingeniero del Ministerio Público, es a los efectos de tomar los planos georeferenciales para contrastar con los títulos presentados tanto por el titular del inmueble, como con los del registro público y los de catastro. En ese sentido, esa tarea no la vamos a poder realizar porque se presentó la recusación” indicó el interviniente.
Albertini precisó que, tras esta verificación, se debía de proceder también al desalojo de las 40 familias apostadas en el lugar con un total de 33 casas, precisando que estarían habitando unas 80 personas, entre adultos y niños, pero que ninguno de los ocupantes ha presentado título de propiedad o trámite ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que les habilite permanecer en el sitio.
Para el mencionado procedimiento se convocó a un total de 150 efectivos policiales, entre ellos de las divisiones tácticas antidisturbios, linces y montada, provenientes de los departamentos de Caazapá, Alto Paraná e Itapúa.
Familia de Capiatá denunció que desconocidos atacaron su casa con bombas molotov
Compartir en redes
En horas de la madrugada de este lunes, la familia Arrúa del barrio Santa Rosa de la ciudad de Capiatá se llevó el susto de su vida, luego de que unas personas arrojaron dos bombas molotov contra su vivienda. En el lugar viven tres adultos mayores que ahora temen por su vida y afirman no tener enemigos.
La casa está ubicada sobre la calle Rojas Cañada y el hecho quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad, en las que se puede ver cómo un automóvil de color oscuro estacionó y el acompañante lanzó las bombas caseras hacia la puerta de la vivienda. Luego del atentado, estos huyeron del sitio.
“Nos llevamos un susto tremendo, escuchamos el impacto, pero no pensamos que sería eso. Luego escuchamos que alguien aplaudió frente a casa y era un vecino que vino a avisarnos lo que había pasado. Cuando salimos encontramos el fuego que logramos apagar antes de que llegase a la madera”, explicó Dominga Arrúa, dueña de la vivienda, en entrevista con C9N.
Resaltó que desconocen totalmente de dónde vino este ataque o quiénes fueron los que hicieron esto. “Acá vivimos mi hermana, mi cuñado y yo. Ahora tenemos miedo, no sabemos el motivo de porqué hicieron eso. Nunca recibimos ningún tipo de amenazas, por eso estamos bastante sorprendidos”, detalló.
Indicó que junto con los vecinos están haciendo todo lo posible para reunir imágenes de cámaras de seguridad para saber de dónde vinieron estas personas o por lo menos obtener el número de chapa. “Para ser una broma es de muy mal gusto. Jamás pensamos que sería una bomba para nosotros. Ya hice la denuncia está mañana en la Comisaría 59 de Toledo”, puntualizó.