La Junta Departamental de Guairá aprobó en la sesión ordinaria del día de hoy el pedido de auditoría de la gestión económico-financiera del período 2013-2018 de la gobernación, administrada en ese momento por Rodolfo Friedmann Alfaro, actual ministro de Agricultura y Ganadería. Esto, a consecuencia de las denuncias periodísticas sobre irregularidades en las licitaciones para la provisión de la merienda escolar en el departamento. Los concejales departamentales declararon además persona no grata al exgobernador del Guairá.
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En cuanto a la investigación administrativa sobre la gestión de Friedmann, el concejal Juan Antonio Rojas solicitó la auditoría de gestión administrativa y financiera. De un total de 13 concejales presentes, 1 ausente, 12 estuvieron a favor de aprobar el pedido de auditoría.
“Pedimos al señor Camilo Benítez celeridad y que haga su trabajo”, aseveró el concejal. Rojas mencionó que espera que la Contraloría General de República haga su trabajo, ya que más de 4 veces ya se apersonaron a investigar, pero sin respuesta.
Por su parte, el concejal Richard Peralta solicitó ante el plenario la declaración oficial de la Junta Departamental de manera a declarar “persona no grata” al exjefe departamental. “Es lo mínimo que podíamos hacer (...) lo más ruin es jugar y lucrar con el estómago de los niños y las niñas”, aseveró Peralta.
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Blanqueo a Bataglia: fiscal alega desconocimiento de nueva auditoría en curso al IPS
La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.
“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.
En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.
“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.
“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.
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Blanqueo a Bataglia: IPS entregó a Fiscalía auditoría de posibles irregularidades
El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada, además. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo indicio de posible hecho punible”, recordó.
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Por otro lado, el director jurídico explicó que la previsional lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener cuenta los elementos de cargo y descargo.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
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IPS solicita una auditoría de sus bonos a la Contraloría
El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.
“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.
En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.
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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.
Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.
“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.
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Senado aprueba en general la creación del Registro Unificado Nacional
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia para trabajar juntos en un solo registro. Con 31 votos a favor la iniciativa fue aprobada y se procede al tratamiento en particular.
Este proyecto de ley tiene por objetivo modernizar el sistema registral y catastral, agilizar trámites y promover la transparencia en los registros físicos y jurídicos inmobiliarios del país. El RUN será un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
En la argumentación del proyecto se señala que este órgano tendrá a su cargo la gestión del catastro nacional y los registros públicos relativos a bienes inmuebles, cuya misión es garantizar la seguridad jurídica y agilizar los trámites registrales y catastrales través de la integración de la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Departamento de Mensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Durante su tratamiento en el pleno el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, expuso la recomendación de la comisión asesora por la aprobación del proyecto “en atención a la eficiencia, economía, trasparencia y practicidad que traerá este cambio en todo lo que respecta el sistema registral y catastral de la República del Paraguay”.
El legislador agregó que se presenta como una respuesta integral para superar las limitaciones al actual sistema, estableciendo una única entidad que centralizará la administración de la información catastral y registral. “Con el RUN se busca optimizar la trasparencia y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, a reducir posibles duplicaciones y consolidar datos en un único sistema”, explicó.
“Órgano técnico y administrativo”
A su vez, el senador Silvio Ovelar explicó que el RUN será “un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial encargado del catastro y registros relacionados con vienes, actos y derechos. Absorbe las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento Agrimensura y Geodesia”.
La senadora Celeste Amarilla también expuso su postura a favor de la aprobación de esta iniciativa. “Me consta, y esto no es una cosa que yo suelo decir, que se han escuchado a los escribanos a los geógrafos, a los desarrolladores, a la asociación de usuarios de catastro y que se ha tratado de incluir la mayor cantidad de cambios que han solicitado”, indicó.
Agregó que este nuevo sistema será implementado recién el próximo año y podría tardar unos años más para mostrar resultados, sin embargo, destacó la necesidad de realizar un cambio. “Esto no vamos a ver enseguida, de hecho, que va entrar en marcha en un año, yo creo que van a pasar 5 o 6 años para que veamos si esto funcionó o no, pero de lo que yo estoy segura es de que algún cambio se tenía que hacer, se tiene que hacer. Es una necesidad que se ve hace mucho tiempo”, sentenció.
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