La propuesta que pretende distribuir de forma proporcional los recursos de los royalties en los departamentos, para priorizar el almuerzo escolar fue sancionada por la Cámara de Diputados. La ley modifica el artículo 4º de la Ley del Fonacide y del FEEI.

La versión de la Cámara de Senadores fue la sancionada con algunas modificaciones para el control del uso de estos recursos. El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa legislativa busca incrementar del 30% al 50% los royalties que reciben municipalidades para la adquisición de kits de alimentos para escolares de todo el país. El diputado Tadeo Rojas, de la Comisión de Presupuesto, comentó que la propuesta tendrá vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2020, atendiendo la situación sanitaria.

Entre las modalidades del servicio de alimentación escolar, se establece que podrán ser mediante alimentos preparados en las escuelas, alimentos ofrecidos por servicios de plato servido y/o la entrega de víveres a los alumnos, ya sea en el local escolar como en el domicilio familiar del alumno.

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La propuesta sufrió modificaciones en el Senado, estipulando la obligación de rendir cuentas a las respectivas juntas municipales y departamentales y a la sociedad, con todos los medios a su alcance, del balance anual. Además, se establece la obligatoriedad a los gobiernos locales para que realicen campañas publicitarias, al menos en dos medios locales de comunicación, con la suficiente anticipación para que la información sea incluyente y con la necesaria participación de la sociedad civil organizada.

El legislador de Honor Colorado Basilio Núñez es uno de los proyectistas, quien reiteró que se trata de una ley transitoria para regularizar la entrega de estos almuerzos escolares. Esto atendiendo las declaraciones del ministro de Educación, Eduardo Petta, quien había condicionado la entrega de los kits escolares a los niños o a sus padres con la presentación de las tareas que fueron asignadas por los docentes.

La ley vigente establece que 50% de los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales y municipales debe destinarse a obras de infraestructura, el 30% para financiar los proyectos de alimentación y un 20% para los gastos de capital. Apuntan con esta modificación a que ese 20% de gastos de capital sea para el rubro de alimentación escolar.

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