El director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar, indicó que se realizaron las pruebas a los dispositivos de tobilleras electrónicas ofrecidos por cinco empresas. Explicó que estas verificaciones se dan para la realización de un informe final que será presentado al Ministerio del Interior antes de la adquisición.

“Ayer evaluamos técnicamente, probamos los cinco equipos de las cinco empresas en consorcios, vimos un poco como funcionaban y cuáles eran las virtudes de cada uno y en base a eso vamos a elaborar el informe técnico de quien se acerca más a lo que estamos solicitando”, dijo en entrevista a la 1020 AM.

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Escobar agregó que también fueron solicitados informes a estas empresas de cuántos dispositivos tienen desplegados en cada país donde están presentes, así como también se solicitaron datos a los países donde están operativos para conocer sobre su efectividad.

“Esta es una cuestión de seguridad, no es comprar un lápiz de papel, un bolígrafo, es comprar seguridad, así que tenemos que tener toda la seguridad desde la empresa que nos va a proveer, que sea líder a nivel mundial” apuntó el director del sistema de emergencia 911.

Sostuvo que se busca que la empresa o consorcio que brindará este servicio cumpla con todos los requisitos. “Nosotros necesitamos, por ejemplo, que una empresa que sea de tecnología esté logada a una empresa que tiene que tener experiencia en seguridad y experiencia en geolocalización, al cumplir esas tres patas nosotros nos aseguramos que el servicio sea lo más cercano a lo que estamos solicitando”, sentenció Escobar.

Este informe será presentado la próxima semana al ministro del Interior, Enrique Riera. “Tuvimos la prórroga de una semana para informar el lunes, el ministro está fuera del país y queremos entregarle en las propias manos al ministro toda la documentación y nos falta todavía la última parte de la evaluación”, puntualizó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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El sector del Movimiento al Socialismo (MAS), afín al expresidente de Bolivia Evo Morales, ratificó su candidatura para las elecciones de 2025, a pesar de no estar habilitado para ello de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y reclamó la liberación de los más de cien detenidos durante las últimas protestas.

Fue el propio Morales quien presentó ambas propuestas junto con la de pedir a su vez la renuncia de los magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos tras cancelar las elecciones judiciales, en un acto celebrado este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba.

“Jurídicamente se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones 2025 y ratificaron nuevamente que es el único candidato del MAS”, defendió el expresidente boliviano, dirigiéndose a sí mismo en tercera personas.

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Morales argumentó que las decisiones que han tomado los jueces “autoprorrogados” del sistema judicial boliviano, incluido el Tribunal Constitucional, no son legales y por tanto “sus actos son nulos de pleno derecho”.

Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar la Justicia para desmotivar y fragmentar el voto del tradicional electorado del MAS. “Va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”, alertó.

Por otro lado, Morales ha reclamado la liberación de los 104 detenidos durante las protestas y bloqueos que han mantenido paralizado una parte del país durante casi un mes. “Vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”, dijo.

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Por último, el llamado Estado Mayor del Pueblo pidió al Gobierno acción frente a la crisis económica, así como el reconocimiento del congreso del MAS de octubre de 2023, en el que los afines a Morales expulsaron al presidente Luis Arce del partido hasta que el Tribunal Superior Electoral lo anuló.

Fuente: Europa Press