La Cámara Baja dio luz verde a la iniciativa que contempla medidas especiales para descongestionar las cárceles de nuestro país durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. El documento ya contaba con media sanción del Senado, razón por la cual pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación o veto.
El proyecto de ley permitirá que algunos reclusos puedan acceder, dependiendo del caso, a la prisión domiciliaria. El documento tiene como finalidad reducir la población penitenciaria, ya que actualmente prácticamente todas las cárceles del país están sobrepasadas, en atención a la emergencia decretada por la pandemia que azota al mundo.
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La propuesta pretende establecer medidas temporales de prisión domiciliaria a reos que cuentan con autorización judicial para realizar salidas transitorias, así como a condenados que se hallan bajo régimen de semilibertad y quienes hayan cumplido las dos cuartas partes de su condena.
Por otra parte, busca beneficiar a aquellos que tengan una condena igual o menor a 10 años y a los que están recluidos por la comisión de hechos punibles no violentos, no vinculados con hechos punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, indemnidad sexual de menores de edad, violencia doméstica o violencia familiar o hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales o grupos en situación de vulnerabilidad.
Críticas principales
Los reclusos que se encuentran en grupos de riesgo de alta morbilidad en caso de contraer el virus también podrán obtener esta medida excepcional, de acuerdo a la propuesta.
Las principales críticas de diversos parlamentarios se centró en el hecho de que se libere a una gran cantidad de presos sin contar con la certeza de que regresarán a las respectivas cárceles donde estaban cumpliendo las condenas luego de acabar la crisis sanitaria.
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