Los gremios del Ministerio Público, a través del Frente Unido, manifestaron su repudio a las expresiones del periodista Enrique Vargas Peña contra las mujeres y madres de fiscales y jueces, calificándolas de violentas, agresivas y discriminativas.
“Este proceder repudiable es sistemático, continuo y habitual, subsumido en una conducta de violencia hacia la mujer”, subraya un comunicado del sector gremial. Aseguran que es una actitud agraviante, porque hace referencia a las madres de los agentes fiscales y jueces, “haciendo alusión a lo más noble y sensible para una persona”, añade.
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Por otra parte, recuerdan que la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, también fue atacada para humillar su condición de mujer, “con quien nos solidarizamos como compañera y nos solidarizamos con todas las agentes fiscales y funcionarias agredidas, amedrentadas o amenazadas en el marco de su labor”, sostiene la nota.
En el mismo sentido, mencionan los términos inapropiados para referirse a la diputada María Carísimo, hecho que obligó a la Comisión de Política y Equidad del PLRA a emitir un comunicado contra el locutor. Esta conducta se repitió con otra diputada.
Además, cuestionan el modelo de educación que imparte con rencor y resentimiento, también con agresión constante. “Este comportamiento guarda un ropaje solapado con la labor periodística, pero en realidad solo intenta justificar un patrón de violencia contra las mujeres”, explica la nota.
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Incluso, mencionan que el comunicador ya fue denunciado por sus colegas, compañeras de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo por el maltrato y acoso que reciben.
Por último, hacen un llamado a las instituciones, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para la generación de un debate fuera de una dinámica destructiva y la construcción de una sociedad libre de violencia.
“Como ciudadanos instamos a velar por el respeto de la dignidad y los derechos de todas las mujeres que deben estar garantizados por el Estado. La eliminación de la violencia es una necesidad de primer orden para cualquier sociedad que pretenda asentar sus cimientos en el respeto a los derechos humanos y la libre convivencia entre iguales”, concluye.
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