La Cámara de Diputados desarrollará este jueves una sesión extraordinaria, con 10 puntos en el orden del día, adelantando la sesión del martes de la próxima semana, atendiendo las actividades de la Semana Santa. La convocatoria fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para las 9:00 de hoy.

Entre los puntos a ser tratados, se encuentra el proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, tras las intensas precipitaciones que han devastado la región occidental del país, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

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El proyecto, establece la coordinación de acciones diligentes, en el marco de la Ley, N° 2615/2005, con el objetivo de aplacar los efectos de la crisis generada por las grandes lluvias e inundaciones que afecta a miles de familias en la zona chaqueña. Con este documento, se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otros organismos pertinentes del Poder Ejecutivo, adoptar medidas para cooperar con las comunidades afectadas.

Igualmente, se establece una asistencia técnica y crediticia oportuna y otras medidas urgentes de carácter sanitario y de asistencia social, para las familias que se encuentran afectas. Esto refuerza el trabajo que ya viene realizando las instituciones del Estado en esa región del país.

Por otra parte, también será analizado el proyecto de ley “que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, que hace a la liberación de presos. El documento señala en su exposición de motivos el “endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas”.

La iniciativa, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno, y por otra parte, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad.

También se incluye como un nuevo agravante, para los casos de fugas masivas, apuntando a una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Otro de los proyectos a consideración es la iniciativa presentada por el diputado Derlis Rodríguez, de expedir licencias de conducir para menores de 16 años, para las categorías “particular”, “motociclista” y “extranjero”. Se trata del proyecto de ley “que modifica los artículos 22, 25 y 27 de Ley N° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

En la exposición de motivos, se señala que la propuesta pretende “regularizar un hecho notorio y admitido por la sociedad”, bajo el argumento que, “muchos adolescentes ya conducen vehículos de facto, especialmente, motocicletas, con el consentimiento implícito de padres, docentes y autoridades”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, calificó de satisfactoria la reunión de la mesa directiva con los ministros, de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, con los líderes de las diferentes bancadas, para abordar sobre el esquema de espionaje por parte de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.

Latorre indicó que la postura como cuerpo colegiado fue bastante clara, en pedir explicaciones al gobierno brasileño, la investigación interna, y el fortalecimiento del sistema de ciberseguridad. Mientras tanto, aseguró que las decisiones del gobierno de Paraguay fueron acertadas y correctas.

“Tengo que decir que creo correcta y acertada las reacciones que ha planteado el Gobierno, en primer lugar, con respecto a la solicitud de una explicación clara por parte del gobierno del Brasil; en segundo lugar, la apertura de una investigación que está siendo conducida por el Ministerio Público”, indicó a los medios de comunicación.

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Por otra parte, también destacó el apoyo de los países aislados. “También podemos ver reacciones de determinados aliados como Israel, Estados Unidos, Taiwán, ofreciendo sus capacidades para ayudarnos en esta sensible materia y necesidad que es fortalecer nuestras condiciones en cuanto a la ciberseguridad, y en cuanto a ciertas cooperaciones específicas, como la que se anunciaba por parte del Comando Sur”, resaltó.

Señaló además, que Brasil debe dar una explicación que trascienda el simple hecho de adjudicar la acción al gobierno anterior. Latorre se refiere al comunicado emitido por el Gobierno de Inacio Lula Da Silva, donde admitió el esquema de espionaje, pero responsabilizó a Jair Bolsonaro.

“Las relaciones entre nuestras naciones tienen que trascender el modelo quinquenal, de los cinco años y convertirse en una política de Estado, que nos permita caminar con confianza, con la confianza que requiere nuestros pueblos hermanos en el entendimiento que Brasil es nuestro principal socio comercial”, apuntó.

Por su parte, la diputada Rocío Abed explicó el tenor de esta reunión. “Estuvimos hablando de las implicancias de esto y el impacto de las negociaciones bilaterales que tiene justamente como consecuencia el cese en este momento de las negociaciones del Anexo C. Todo ese análisis nos ha detallado cómo se dio en el ámbito de ambas carteras y sobre todo cómo se está manejando en el ámbito diplomático este tema no menor y de suma importancia”, refirió.

Finalmente, sostuvo que las autoridades nacionales dieron respuestas claras sobre toda esta situación. “Entender claramente que esta posición de país, sobre todo que privilegia, es defender la soberanía nacional, creo que eso quedó bien claro y que las acciones son consecuentes a esa defensa irrestricta de la soberanía”, puntualizó.

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La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió a las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el ministro de Defensa, Óscar González. Tras la reunión el canciller brindó una conferencia de prensa dando detalles de lo conversado.

Las autoridades fueron convocadas para dar un informe de la situación que generó el esquema de espionaje y de hackeo al Gobierno de Paraguay y sus autoridades por parte de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin), entre marzo del 2022 y junio del 2023, en el marco del proceso de negociación de la tarifa de Itaipú.

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“Hemos tomado la decisión de suspender las negociaciones del Anexo C, relativo al Tratado de Itaipú Binacional. En ese contexto hemos aclarado ampliamente a los señores representantes de nuestra ciudadanía, del pueblo paraguayo, la Cámara de Diputados, de que los intereses de nuestro país están resguardados”, expresó Ramírez Lezcano a los medios.

El canciller sostuvo que en este momento es una prioridad avanzar en las negociaciones. “Tenemos una visión de las negociaciones, deseamos que pueda reinstalarse rápidamente, tenemos un horizonte de plazo previsto y quisiéramos cumplirlo”, aseveró.

El jefe diplomático adelantó que mañana se reunirá con su par brasileño Mauro Vieira en Argentina, para hablar sobre esta situación. “El día de mañana yo estoy viajando a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tenemos la reunión de cancilleres del Mercosur el viernes, de manera que he acordado con mi colega de la República Federativa de Brasil reunirnos mañana en Buenos Aires, previo a la cena que vamos a tener”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que desde el inicio se pronunciaron y se mantuvieron que el Gobierno de Brasil debe dar una respuesta clara sobre lo sucedido, y no quedarse en el relato que el esquema de espionaje ocurrió en otro período. El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva admitió este hecho, pero alegó que sucedió en la presidencia de Jair Bolsonaro.

“Nosotros creemos fundamental tener esfuerzos coordinados para enfrentar la situación que nuestro país está atravesando. Desde un principio hemos sentado posiciones claras con respecto a la necesidad de tener una explicación clara y contundente por parte del Gobierno del Brasil vía Cancillería con respecto al espionaje sufrido por el Gobierno de Paraguay”, dijo el titular legislativo.

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Miembros de la Cámara de Diputados expresaron su repudio ante el silencio cómplice de ciertos sectores políticos y mediáticos que permanecen callados o minimizan la grave tragedia ocurrida en Encarnación y que afectó a una familia de Capitán Miranda. Las víctimas pasaron la noche en un edificio en construcción en la capital del departamento de Itapúa, que se desplomó en plena madrugada quedando las dos mujeres atrapadas entre los escombros.

Los legisladores criticaron que el edificio en construcción no haya tenido el debido control municipal, lo que ocasionó la muerte de dos mujeres. Ante esta situación, los parlamentarios exigen la intervención de todos los organismos de control e investigación y solicitan que la Fiscalía llegue hasta los responsables.

Durante la etapa de oradores, varios legisladores, en su mayoría colorados, cuestionaron el silencio cómplice sobre lo ocurrido, y pidieron a la Fiscalía no temer para hacer las acusaciones contra todos los responsables. Varios legisladores coincidieron en que si era un colorado el intendente de Encarnación, a estas alturas ya se hubiera dado una movilización para pedir su destitución.

Lo llamativo de la sesión fue que durante el debate de este punto, algunos diputados de la oposición hicieron uso de la palabra para abiertamente referirse a otros temas de su propio interés, haciendo oídos sordos al reclamo de sus propios colegas.

La líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Rocío Abed, señaló que el responsable más visible de esta tragedia es el intendente Luis Yd, por permitir que solo se cobre una multa para construir y elevar más pisos de lo previsto inicialmente. Sostuvo que dentro de la desgracia, que ocurrió de noche, las víctimas no fueron más, ya que si el derrumbe se daba de día se hubiera registrado decenas de víctimas, y si se llegaba a inaugurar, hubiera sido centenares.

“Qué desgracia y de qué magnitud hubiera ocurrido si este edificio llegaba a ser un hotel. Ese señor (por Luis Yd) ya debía estar preso, quiero ver si era un colorado. Quiero justicia para esa adolescente y su abuela”, cuestionó. Asimismo, el diputado Alejandro Aguilera señaló que si esta desgracia ocurría en Asunción, ya iba a estar formando fila para prenderle fuego en la plaza pública al intendente colorado Óscar Rodríguez.

“Los que no son intendentes colorados tienen cobertura mediática y política, prácticamente se mueven dentro de la impunidad. Por el solo hecho de no ser un intendente colorado, prácticamente este intendente no es señalado”, cuestionó.

A su turno, el diputado Sebastián Remesowski, representante del departamento de Itapúa, indicó que de esos escombros del edificio siniestrado no le gustaría tirar contra nadie, pero se sabe bien quiénes son los responsables.

“Si era alguien del equipo de este gobierno el intendente, quién sabe dónde hubiera estado ahora. En nombre de las víctimas pido justicia, y pido que la Justicia busque a los responsables, que las autoridades municipales salgan a decir qué fue lo que ocurrió con este edificio y la falta de criterios para su aprobación”, expresó.

Igualmente, su colega representante de Itapúa, César Cerini, expresó su preocupación ante la tragedia que vivió Encarnación. Señaló su preocupación ante la debilidad de las instituciones encargadas de llevar adelante los controles de las obras en construcción, no solo de Encarnación sino de todo el país.

“Instamos a las instituciones que corresponda realmente hacer las investigaciones, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía, y sobre todo pedir el fortalecimiento del área de obras de cada municipio. Si no está en condiciones, entonces que se tercerice, lo que es la parte de la institución porque no podemos seguir con esta debilidad”, acotó.

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