El senador Ever Villalba manifestó que este martes vence el plazo para que el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, presente una acción de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra el desdoblamiento de las elecciones internas de los comicios municipales previstos para el 2026.

“Hoy vence el plazo para exigir el respeto a la Constitución y al Código Electoral en relación con el desdoblamiento ilegal decidido en la convención mau del PLRA. Espero que Fleitas esté a la altura de las circunstancias y plantee la acción de nulidad, evitando así pasar al basurero de la historia como un presidente pusilánime que traicionó los principios del liberalismo”, sostuvo a través de sus redes sociales.

El pasado 6 de octubre los movimientos disidentes del PLRA, encabezados principalmente por el Nuevo Liberalismo, impulsaron una convención en la que se aprobó que sus elecciones internas sean realizadas el 17 de agosto del 2025.

“Un partido centenario como el PLRA necesita que su presidente asuma la gran responsabilidad de preservar la legalidad, caso contrario cederá a las amenazas, persecuciones que hay a nivel interno. Yo sé que Fleitas recibe coacciones de este grupo (Nuevo Liberalismo) y no puede ser que hoy esté dudando para presentar la nulidad que devolverá la institucionalidad al PLRA”, indicó a la 1020 AM.

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A la vez en la pasada convención se decidió reformar el estatuto partidario y entre los principales puntos aprobados figura que el presidente de la agrupación tradicional que aspira al cargo de mandatario deberá renunciar al cargo 6 meses antes de los comicios internos.

“Si Hugo Fleitas no está a la altura, entonces que se vaya a su casa. Hay varios miembros del directorio y presidentes de comités que presentarán la acción de nulidad, en caso de que el presidente del partido no lo haga. Una mayoría coyuntural no puede atropellar el partido”, dijo.

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“Tratar con el crimen organizado o la delincuencia no es una aventura o un juego”, indicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras expresar su rechazo a la creación de la Policía Municipal en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí. Ante esta situación, mencionó que su institución reforzará la presencia de agentes uniformados en las comisarías de la zona.

“Nos preocupa que personas que no tengan la capacidad o idoneidad puedan ser empleadas para la lucha contra el crimen y la delincuencia. Hay conocimientos y formación que deben poseer. No son los encargados de la seguridad”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez indicó que para el cumplimiento de funciones relacionadas con el orden público es necesario conocer la Constitución Nacional, las leyes, las exigencias en materia de derechos humanos, entre otros. Como ejemplo detalló que la formación de un oficial de la Policía Nacional demanda cuatro años, un suboficial de la Policía dos años, excepcionalmente un año.

“No subestimamos la ocurrencia de los hechos punibles en Yaguarón ni en ningún otro punto territorial. Ocurren hechos como hurtos, hurto agravado, robo y robo agravado en algunos casos, pero hemos visto que ocurren de una manera casi cuasi regular, en una línea que no escapa al control de la Policía Nacional. Tampoco se puede decir que estos hechos se desbordaron”, refirió.

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No obstante, comentó que tomó la decisión de reforzar la presencia de los uniformados en las comisarías de Paraguarí, principalmente en la citada localidad. “Vamos a demostrar de manera tangible, significativa, la mejor predisposición y voluntad de fortalecer la prevención y seguridad en los diferentes municipios. Estamos enviando efectivos policiales para ir reforzando de manera inicial las comisarías”, puntualizó.

Incluso Benítez detalló que se prevé dentro de un mes el ingreso de 5.000 nuevos uniformados que estarán reforzando la seguridad en las calles. “Uno de nuestros principales aliados en la lucha contra la delincuencia justamente son las municipalidades. Su cooperación ha sido bastante importante en el sentido de que se crearon las comisiones ciudadanas que tienen un aval de los municipios, han trabajado históricamente con la Policía Nacional, pero no de la manera que se plantea en Yaguarón”, remarcó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El agente fiscal Alberto Torres, de la unidad zonal de Santa Rita, presentó imputación contra un hombre por violencia familiar, ordenó su detención y pidió su rebeldía. Se trata de Ramón Bareiro González (30), quien fue denunciado por su pareja y se encuentra prófugo.

El hecho ocurrió el 24 de octubre de 2024, alrededor de la medianoche, en una vivienda del barrio Jardín América de Santa Rita. La víctima, se encontraba en compañía de una amiga cuando el hombre llegó al lugar, en aparente estado de ebriedad y comenzó una discusión.

Acto seguido, de manera prepotente y por aparente celos, el hombre agredió verbalmente a la víctima y obligó a su amiga a retirarse del lugar. La agresión continuó propinándole golpes a la mujer, lo que le causó lesiones en el hombro.

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Ante esta situación, la víctima abandonó la vivienda que compartían y denunció el hecho ante la comisaría de su jurisdicción barrial. Como derivación de la intervención fue atendida en el Hospital Distrital, de Santa Rita.

El pasado jueves 31 de octubre, la víctima volvió a la Fiscalía de Santa Rita a pedir explicaciones sobre el avance del proceso y, además, a denunciar que viene recibiendo amenazas del hombre para que retire la denuncia, según informó el fiscal Alberto Torres.

Ante esto, el agente presentó la imputación y solicitó al Juzgado de Paz que otorgue una orden de protección a favor de la víctima. También pidió la restitución a su vivienda y la prohibición al presunto agresor de acercarse a su expareja.

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Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.

“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.

El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.

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Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.

“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.

El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.

“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.

Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.

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