El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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La firma del acuerdo de préstamo con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la compra de seis aviones Super Tucano se realizó ayer martes en Brasil entre los ministros de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y de Brasil, Fernando Haddad.

Este acuerdo de préstamo fue autorizado por decreto del Poder Ejecutivo el pasado viernes 15 de noviembre por un valor de USD 101.606.009 para financiar la compra de las aeronaves de la empresa Embraer. Para su autorización este acuerdo debe pasar por el Congreso Nacional, de acuerdo al ministro de Economía en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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“Firmamos la intención del contrato de financiamiento que tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social de Brasil, ahora podemos presentar al Congreso para su aprobación y con eso ya tener dispuesto los fondos que van a ser utilizados para la compra de los Tucano”, indicó.

El secretario de Estado sostuvo que la compra de los seis aviones Super Tucano hace parte de la proyección del Gobierno de fortalecer la Fuerza Aérea paraguaya en el marco de la protección del espacio aéreo y la lucha contra el crimen organizando y el narcotráfico, que será complementado con la adquisición de los radares.

“Esto no es una cuestión aislada, porque vi también gente que criticaba la adquisición de los aviones, esto es todo un esquema de dotarle de mayor seguridad aérea al país que no tiene absolutamente en este momento, porque no tenemos aviones, ni tenemos radares. Ambas cosas nosotros estamos gestionando”, apuntó.

Fernández Valdovinos añadió que tanto con las aeronaves y los radares, Paraguay podría dejar de ser la ruta del tráfico. “Este préstamo es para la adquisición de los tucanos y después van a venir los radares, entonces finalmente Paraguay va tener protección aérea y vamos a dejar de ser lo que estuvimos convirtiéndonos recientemente, que es un lugar de tránsito para las drogas que se usan en otros países”, puntualizó.

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El presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Facundo Salinas, manifestó que es una prioridad para la institución y el Gobierno que el proyecto de tren de cercanías sea aprobado en la brevedad posible en el Congreso, de modo a poder avanzar con las siguientes etapas de esta iniciativa, cuyas obras tomarían alrededor de cinco años.

“Estamos muy focalizados, el tren de cercanías es el proyecto principal de Fepasa, es una decisión política del Gobierno nacional y por eso el presidente de la República firmó con carácter de urgencia. Nosotros vamos a empezar a recorrer las comisiones para contestar todas las preguntas que tenga el Congreso a fin de que esto se apruebe a fin de año”, expresó Salinas a la 650 AM.

Asimismo, indicó que a medida que esto avanza en el Poder Legislativo, Fepasa continúa ajustando los datos de factibilidad del proyecto, el cual es llevado adelante en conjunto con una consultoría. El estudio está siendo realizado con expertos en trenes y el objetivo es definir todos los lineamientos con miras al diseño del pliego de bases y condiciones para la licitación.

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“La licitación queremos hacerla el año que viene, debemos trabajar con una precalificación y la idea es llegar a agosto con una licitación armada, el pliego, el modelo financiero, el proyecto, la demanda, entre otras cosas. Hoy tenemos un grado avanzado del proyecto, vamos a terminar las definiciones funcionales con las soluciones de ingeniería, el estudio topográfico de suelo y precatastro”, detalló.

Salinas manifestó que para este proyecto se volvió a revisar toda la demanda estimada para el tren de cercanías, ya que el anterior proyecto era “extremadamente optimista”, hecho que no es positivo para las finanzas. El análisis de esto se realiza gracias al estudio más reciente del Viceministerio de Transporte, el cual cuenta con datos de la movilidad en el área metropolitana.

“La financiación está por definirse, siempre se habló de un aporte estatal de entre USD 100 y 150 millones de cofinanciamiento, el resto es capital privado más deuda privada. Cuando hablamos de esto, es capital propio de la empresa y la deuda por el proyecto en sí, la garantía sería la renta del proyecto”, explicó.

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