El pedido de intervención al municipio de Encarnación se encuentra en la Cámara de Diputados, por eso el concejal Sebastián Remezowski pide la celeridad en el caso, atendiendo una serie de denuncias que reciben contra la administración de Luis Yd. El fin de semana pasado sospecharon de un funcionario por ordenar documentos de los años 2016, 2017 y 2018, según datos que recibieron.

“Estamos preocupados por lo que amenaza e insinúa el intendente, con más razón pedimos la celeridad. Pedimos al presidente de Diputados que cuanto antes se pueda tocar eso y se pueda intervenir para ver quién tiene la razón y quién actúa con ineficiencia en su gobierno municipal”, sostuvo en contacto con Universo 970 AM.

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Así fue como funcionarios solicitaron que el sábado pasado los concejales vayan hasta la oficina de Hidrocarburos de la municipalidad, ubicada en la Réplica de la Estación de Ferrocarril, porque un funcionario estaría ordenando documentos antes que la Contraloría llegara este lunes.

“Funcionarios municipales admiten que se hacen cosas raras, piden que vayamos a verificar e investigar, entramos a la oficina y le encontramos a un funcionario con documentos del 2016, 2017, 2018”, describió el concejal. Ante este hecho, hizo una denuncia ante la Fiscalía para que se pueda investigar, por eso se procedió a lacrar la oficina.

El rechazo por mayoría al balance del intendente fue un paso importante, según el concejal, teniendo en cuenta las diferentes denuncias que reciben y por la falta de comprobantes en los informes presentados a la Junta Municipal. “Por la ejecución del 2018, no tuvimos oportunidad de recibir un solo papel”, dijo.

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Finalmente, recalcó la importancia de la intervención. “Tenemos intranquilidad porque ocurre algo y queremos que se investigue”, dijo. Aunque lamentó que se los acuse de persecución política: “cuando tenemos los votos es persecución política y cuando no es un acto de democracia por lo que decía la mayoría”.

Dentro de 15 días, el concejal aguarda que se pueda apartar al intendente de la administración para que asuma un interventor y pueda investigar los casos, para que luego de 90 días presente el informe a la Cámara de Diputados, que debe analizar la destitución del líder comunal.

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