El proyecto del metro­bús, obra puesta en marcha en la ges­tión el exministro de Obras Públicas Ramón Jimé­nez Gaona en el periodo de gobierno 2013 – 2018, fue destruido durante el ejerci­cio del expresidente Mario Abdo Benítez con el solo objetivo de descalificar al gobierno que lo antecedió. Así lo afirmó el abogado Ricardo Preda en una entre­vista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“El haber abandonado las obras del metrobús ni siquiera fue por los frentis­tas, fue más bien para des­calificar al gobierno que se fue. Era para utilizar como discurso político y así poder descalificar la gestión ante­rior”, apuntó el letrado.

El profesional explicó que en su momento no existieron cri­terios técnicos para parar esta megaobra, proyectada para beneficiar a la ciudadanía en la capital y Área Metropolitana, con un mejor servicio en el transporte público.

“Ningún criterio técnico podría haber llegado a paralizar la obra del metrobús. Fue puramente un criterio político, a pesar de que los técnicos decían que no se podía abandonar la obra. Esto es realmente algo para­digmático, usar dinero público para destruir obras públicas ya avanzadas. El que construyó el metrobús está acusado y el que lo destruyó llamativamente no lo está”, señaló Preda.

Agregó que la pericia señala que no hay perjuicio patrimonial en la conducta de Ramón Jiménez Gaona, porque el Estado reci­bió por lo que se pagó. “El per­juicio patrimonial se produce cuando se abandona la obra y se destruye lo que ya estaba cons­truido”, manifestó.

Por otra parte, el abogado sos­tuvo que Mario Abdo Benítez podría ser considerado como un instigador para parar esta obra. “Si se demuestra que el exministro Arnoldo Wiens abandonó y destruyó las obras del metrobús a instancias del entonces presidente Mario Abdo Benítez, este se podría convertirse en instigador, que es una figura que está penada por ley”, sentenció.

• Por Sara Valenzuela.

El martes 10 de marzo del 2020, la forma de vida de todos los paraguayos sufriría una alteración imborrable, ya que solo tres días después de confirmarse el primer caso de covid en nuestro país, el Gobierno instauraba una inédita cuarentena sanitaria por un periodo inicial de 15 días.

El primer periodo de cuarentena se instauró por decreto presidencial y se estipuló la suspensión de todos los eventos públicos o privados de concurrencia masiva, así como conciertos, prácticas deportivas, reuniones religiosas o de carácter político, actividades en lugares cerrados que incluían a cines, teatros y convenciones. Esta medida también alcanzó a las instituciones educativas de todos los niveles.

Los primeros 15 días posteriormente fueron extendidos a semanas y meses. Luego, con la evolución de los contagios y el avance de la enfermedad en el mundo, fue sufriendo modificaciones, abriendo paso a la llamada “cuarentena inteligente” y luego a la “cuarentena por fases”, que se activaban según los territorios con mayor o menor afectación por el virus.

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Analizando en retrospectiva, el médico epidemiólogo Guillermo Sequera, quien en el momento de la pandemia se desempeñaba como titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud, resaltó que haber tomado la medida de cuarentena de una manera casi inmediata a la confirmación de los casos en nuestro país le dio al sistema sanitario nacional una brecha para prepararse ante lo que se avecinaba.

“Cuando empezó la pandemia, nuestra capacidad de analizar muestras era de 16 o 17 por día, y así era imposible determinar si existía o no ya una circulación comunitaria, por lo que tras hablar con colegas que estábamos todos con este tema alrededor del mundo y viendo la situación de diferentes países, determinamos que la cuarentena era necesaria en Paraguay para frenar los brotes que posiblemente ya se habían iniciado”, recordó el doctor Sequera en conversación con La Nación/Nación Media.

El reconocido profesional aseguró que el solicitar a todo un país que frene sus actividades, las cuales necesariamente afectarían a la economía nacional, era un enorme desafío que finalmente se logró conquistar, dando tiempo a los médicos a analizar los siguientes pasos teniendo en cuenta que la situación ante el avance de la enfermedad era sumamente fluctuante.

“Cuando empezó la pandemia, se creía que el virus iba a llegar a nuestro país proveniente de China, Europa o Estados Unidos y no fue así; los primeros contagiados viajaron y regresaron de países de la región en los que ni siquiera se había confirmado la presencia comunitaria del virus, entonces nosotros supimos que el camino correcto era extremar las medidas de salubridad y, sobre todo, llamar a la conciencia de la población”, indicó el doctor Sequera a LN.

La vida de los paraguayos había cambiado de la noche a la mañana; los planes que en muchos casos se habían hecho con meses de antelación ahora simplemente quedaban en pausa indefinida; las multitudinarias reuniones familiares que eran una actividad casi religiosa para muchos quedaron relegadas ante el encuentro a través de videollamadas o un saludo a metros de distancia; los encuentros recreativos y los bulliciosos quedaron coartados a las salas de estar, los balcones y ver repeticiones de eventos deportivos.

Si bien esa “nueva normalidad” golpeó con fuerza a todos los paraguayos, muy acostumbrados al roce social, los médicos también se enfrentaban a una realidad que los paralizaba, el aumento de los casos, los tratamientos que conforme se conocía a la enfermedad se iban implementando y la dura realidad de que nadie estaba preparado para lidiar con un nuevo virus.

“Fue muy difícil; uno salía, iba, hablaba con los colegas y tratábamos de marcar un protocolo de atención, pero después debíamos de modificar eso y cambiar tratamientos conforme obteníamos la información, porque estábamos lidiando con un virus que no conocía nadie, que nadie sabía exactamente cómo tratar y, lo peor, que no sabíamos cómo evolucionaba para al menos tener un parámetro de tiempos”, expresó el epidemiólogo a La Nación.

En carácter personal, asumió que si bien se capacitó y estudió para este tipo de situaciones, son muy pocos los médicos que tienen la experiencia con epidemias o pandemias, ya que la aparición de este tipo de fenómenos a lo largo de la historia son distantes uno del otro, por lo que ciertamente los médicos y especialistas contaban con las herramientas teóricas, la práctica era abrumadora.

“Yo sabía lo que se tenía que hacer, y con los colegas a nivel internacional hablábamos de los planes de acción, pero uno muchas veces se veía sobrepasado por lo que ocurría, por el conteo de infectados y por sobre todo el de fallecidos; a esto había que sumarle el hecho de que nadie te enseña como comunicarte en estos casos. Yo tenía que salir a hablar y demostrar calma cuando en realidad la situación me dolía mucho”, recordó el doctor Sequera.

Admitió, además, que esta crisis sanitaria por la que atravesó el mundo y, en particular, Paraguay, dejó en el sistema sanitario nacional precedentes importantes, como el hecho de la extensión de la capacidad de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional, la provisión de oxígeno que ahora cada centro asistencial cuenta y las instalaciones y adecuaciones de infraestructura que se dieron en hospitales de referencia para hacer frente a la crisis.

A cinco años del inicio de la pandemia, recordar los contagios, la cuarentena, las medidas de seguridad y, por sobre todo, a los fallecidos a causa del covid, resulta aún difícil porque en la memoria quedaron impregnados momentos que generaciones enteras nunca habían imaginado siquiera vivir, la incertidumbre de contraer el virus, el miedo ante la enfermedad, la impotencia por la cantidad de vidas cobradas y la certeza de que nada volvería a ser igual.

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Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona exponen que la ambiciosa obra de trans­porte público, destinada a pobladores de la capital y del Área Metropolitana, terminó siendo paralizada a conse­cuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encar­gado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construc­ción trascendería varias administraciones muni­cipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su conti­nuidad al gobierno abdista en agosto de 2018, con póli­zas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y total­mente enterrado en febrero de 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político oca­sionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudi­cada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millona­ria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue con­denado en un laudo arbi­tral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obs­tante, mediante las gestiones encaradas por la Procuradu­ría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

De acuerdo a los anteceden­tes, la administración presi­dencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octu­bre del año 2018, obstaculi­zar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e interven­ción del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como inter­ventor. En junio de 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la conti­nuación del proyecto, suge­rencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Bení­tez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el inge­niero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecu­tadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públi­cas, fueron realizadas con­forme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provo­cado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobre­seído provisionalmente durante la audiencia preli­minar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para reali­zar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, exponen que al ambiciosa obra de transporte público, destinada a pobladores de la Capital y del área metropolitana, terminó siendo paralizada a consecuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encargado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construcción trascendería varias administraciones municipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su continuidad al gobierno abdista en agosto del 2018, con pólizas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y totalmente enterrado en febrero del 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político ocasionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudicada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millonaria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obstante, mediante las gestiones encaradas por la Procuraduría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

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De acuerdo a los antecedentes, la administración presidencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octubre del año 2018, obstaculizar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e intervención del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como interventor. En junio del 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la continuación del proyecto, sugerencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Benítez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el ingeniero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecutadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públicas, fueron realizadas conforme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provocado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobreseído provisionalmente durante la audiencia preliminar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para realizar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.

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- 1998: Elaboración del Plan Maestro CETA 98 (administración municipal de Martín Burt).

- 2009: Actualización del proyecto (Administración municipal de Evanhy de Gallegos).

- Octubre de 2010: Firma del contrato de préstamo con el BID (Gobierno de Fernando Lugo).

- Enero de 2012: BID aprueba el préstamo (Gobierno de Federico Franco).

- Junio de 2012: Gobierno de Federico Franco solicita al Congreso aprobación del préstamo.

- Setiembre de 2012: El Congreso solicita a la Facultad de Ingeniería (UNA) dictamen sobre viabilidad del proyecto.

- Agosto de 2013: La FIUNA recomienda la ejecución del proyecto.

- Diciembre de 2013: Congreso aprueba préstamo con mandato de ejecución.

- Noviembre de 2014: Firma española TAINER Consultores dictamina viabilidad del proyecto. El MOPC había solicitado al BID una revisión (Gobierno de Horacio Cartes).

- Enero de 2017: Inicio de obras frente a la Universidad Nacional (Gobierno de Cartes).

- Agosto de 2018: Entrega al gobierno entrante con 18,5 % de ejecución.

- Octubre de 2018: Gobierno de Mario Abdo suspende obras y ordena intervención.

- Junio de 2019: Interventor recomienda la continuación del proyecto (Gobierno de Abdo Benítez).

- Abril de 2020: Gobierno de Mario Abdo inicia la destrucción de las obras ejecutadas.