Empresas consultoras y ONG beneficiarias del convenio de cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez y la recientemente clausurada por corrupción, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), siguen negándose al cumplimiento de la Ley de Transparencia. En el caso del Instituto Desarrollo (ID), documentos recabados del portal del Senado de la Nación muestran que remitieron solo listado de pagos al staff y cuadro directivo institucional, pero no los datos de los superconsultores, expertos, agentes culturales contratados que cobraron millonarios honorarios. El 90 % de los recursos de Asistencia para el Desarrollo donados a Paraguay fueron a salarios, viajes y el resto en el conocido comodín administrativo “costos indirectos”, cuyos detalles están totalmente ocultos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Como la mayoría de las empresas ONG que se beneficia­ron de los USD 58 millones donados al gobierno de Mario Abdo Benítez por la recien­temente clausurada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la con­sultora Instituto Desarrollo (ID) que dirige José Molinas, usó el 90 % de lo recibido en sueldos de su staff, expertos, agentes culturales, viajes y el resto ejecutó en costos indi­rectos y una diminuta com­pra de equipos.

En los documentos presen­tados, salvo algunos datos de los profesionales contratados en alianza con Institutos de Educación Superior (IES) de los Estados Unidos, no apa­recen los honorarios de los vinculados a los 8 aliados de ID en Paraguay para fomen­tar el “Estado de Derecho y la Cultura de la Integridad (ROLCI)” en el país.

Según los documentos que recabamos del portal del Senado de la Nación, en el marco de los requerimien­tos realizados por la Comi­sión Bicameral de Investiga­ción de delitos como el lavado de activos y otros, la consul­tora de Molinas reportó que recibió USD 4.300.000 en el marco de la cooperación a Paraguay en la época de Abdo Benítez ejecutado desde el 2019, pese a que el conve­nio internacional recién se firmó en setiembre de 2020. El monto indica una primera inconsistencia con relación a la información que nos había remitido la Cancillería nacional en la que consta los USD 4.300.000, pero a este se suma una contribución local de USD 433.333, con lo que el presupuesto manejado asciende a USD 4.733.333.

En la planilla enviada por ID figura una ejecución de USD 4.291.417 y una devo­lución de USD 8.582 a Usaid, pero no aparece la ejecución de los USD 433.333 de con­tribución país que la Canci­llería había informado. Como ya mencionamos, el 90 % fue­ron a sueldazos de los direc­tivos, consultores nacionales en internacionales.

No aparecen los nombres de los profesionales contratados por los aliados de ID, ni cuánto cobraron para fomentar la cul­tura de la integridad y el Estado del derecho, pero en las páginas de sus dossiers inflan números estadísticos alardeando resul­tados exitosos en el ámbito educativo y judicial.

Los maravillosos resulta­dos que ID pinta en los pape­les; sin embargo, están muy lejos de la realidad de la Jus­ticia paraguaya, cuestionada por el ciudadano común y envuelta de escándalo a otro, por todo tipo de denuncias. En este contexto, los que sí obtu­vieron asombrosos logros son los directivos de ID con suel­dos de ministro y así amasa­ron fortunas en honorarios (ver tabla).

En el caso del director José Molinas, por ejemplo, se registran honorarios de G. 26.000.000 al mes. Otro que figura como “personal clave” es el exfiscal y extitular de Aduanas del gobierno de Fernando Lugo, Javier Con­treras, con cobros mensuales de G. 26.000.000.

En los anexos remitidos apa­recen contratos millonarios de entre USD 20.000 y USD 171.000 entre Molinas y el Instituto Pulte para el desa­rrollo global de la universidad de Notre Dame para el forta­lecimiento del Estado de dere­cho y la Cultura de la Inte­gridad en el Paraguay, pero solo citaron los conceptos del presupuesto más pequeños y donde se puede visualizar pagos a consultores de hasta USD 1.100 por día.

También aparece una contra­tación por USD 155.000 de la Iniciativa de Agentes Cultura­les de la Universidad de Har­vard, totalmente en inglés y reducida básicamente a hono­rarios profesionales de hasta USD 1.800 por día.

La consultora ID, el Ins­tituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), ONG como Semillas para la Democracia, Centro de Estu­dios Judiciales (CJE), etc., no transparentan las contrata­ciones ni los pagos que rea­lizaron con fondos donados a Paraguay para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer la democracia. Se escudan en la protección de la intimidad de terceros para ocultar quiénes cobra­ron, cuánto y para qué. Sin embargo, las fotografías, difusiones de actividades difundidas ya han eviden­ciado que la plata fue al bolsi­llo de amigos, políticos afines y programas de periodistas, opinólogos enfocados al lin­chamiento de un sector del Partido Colorado y la protec­ción de la oposición aliada al equipo Abdo Benítez.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bol­sonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo Bení­tez lideraba nuestro país, se sumó a la lista de even­tos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mien­tras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo de 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo Benítez a la Presi­dencia, el país fue sacu­dido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la con­tratación de energía entre la hidroeléctrica y Cen­trais Elétricas Brasileiras SA (Electrobras), que con­templaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacio­nal, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abo­gado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió esca­lando al punto que se pro­dujo la renuncia del enton­ces presidente de la Ande, Pedro Ferreira. Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvie­ron a puertas de un juicio político.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expre­sidente celebraba que su par lo llame “Marito”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tra­dujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo con­trario, nuestro país con­tinuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descen­dió de USD 22,60 por kilo­vatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos paí­ses en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacio­nal de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre de 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sor­presa al gobierno de Abdo. En la negociación de 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la adminis­tración abdista. Hace unos días salió a la luz el caso de espionaje del Brasil. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior des­pierte alertas sobre la vul­neración de los sistemas de seguridad. La propia admi­nistración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desa­rrollaron entre junio de 2022 y marzo de 2023.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué institucio­nes se quebrantaron, a qué información se accedió. ¿Realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas toda­vía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay.

Durante el gobierno abdista, instituciones del Estado en cooperación con medios de comunicación aliados operaron para instalar mediáticamente una supuesta conexión entre el expresidente Horacio Cartes y el grupo terrorista islámico Hezbolá. Todo esto quedó desmontado con la invitación al exmandatario para una reciente visita a Israel, donde fue condecorado como un amigo de esta nación.

“La foto y los hechos matan el relato, eso fue un relato montado”, aseveró el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, durante una entrevista en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. Explicó que una serie de eventos fue aprovechada por el gobierno de Mario Abdo para tratar de conectar a Cartes con el terrorismo islámico, en el marco de una persecución política.

Ovelar hizo un recuento de cómo se dieron los hechos e indicó que que la administración abdista se valió de la sanción que había sobre una empresa iraní, que anteriormente tenía a su cargo el avión venezolano de Emtrasur, el cual fue contratado por otra empresa, que no era propiedad de Cartes, para exportar los productos de Tabesa.

“Esto fue aprovechado por el gobierno anterior, la oposición y los medios aliados militantes de ese grupo para instalar esa mentira. La mentira hoy está desmontada absolutamente por una decisión judicial, por un lado, porque profundamente se investigó, y por el supuesto país damnificado”, afirmó Ovelar Nación Media. “No creo que sea sostenible ningún discurso o relato que pueda echar por tierra lo que vimos hace unos días. Horacio Cartes no es solamente declarado como aliado de Israel, sino que se reconoció mundialmente la gestión y de la amistad entre Cartes y ese pueblo”.

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Estos últimos acontecimientos, además del esclarecimiento de los hechos por parte de la justicia, generan una oportunidad de que las sanciones provenientes de Estados Unidos para Horacio Cartes puedan ser revertidas, indicó Ovelar, quien mencionó que ahora se abre una posibilidad de que se revisen todos esos informes que proveyó el gobierno de Abdo en contra del expresidente.

“El informe de abril dice que Horacio Cartes operaba a través de tales empresas, que, a su vez, realizan negocios a través de bancos norteamericanos, por lo que la jurisdicción norteamericana estaba afectada. Esa entrega de soberanía, con el ánimo del expresidente Mario Abdo de ganar poder con la oposición, demuestra la persecución política y que Abdo se comportó como un legionario y un anticolorado”, sentenció a través del programa “Fuego cruzado”.

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Los ejecutores de los informes contra el actual presidente del Partido Colorado fueron los ministros de Abdo, quienes están a la puerta del juicio oral luego de ser acusados, el pasado 11 de marzo, por cometer varios hechos punibles como denuncia falsa, persecución de inocentes, asociación criminal, revelación de información de carácter confidencial, entre otros y podría ser la oportunidad en que estos revelen quién dio la orden para ejecutar el plan contra Cartes, pero, mientras tanto, Abdo se refugia en sus fueros como senador vitalicio para evadir a la justicia.

“El pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez fue una farsa, porque si verdaderamente quiere someterse a la justicia, por qué todos los aliados políticos que le responden tienen una opinión distinta. Esa es una farsa, es una protección que quieren dar al expresidente”, sostuvo Ovelar, en estudios del canal GEN, y añadió que sus exministros y exfuncionarios también quieren evadir a la justicia, y prueba de esto son las chicanas y recusaciones de las que se valen, puesto que no quieren discutir la cuestión de fondo que son las filtraciones.

“Horacio Cartes tuvo la recepción de un jefe de Estado, para no decir que recibió la recepción de un héroe en uno de los países más poderosos del mundo y principal aliado estratégico de los Estados Unidos”, sostuvo el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con relación a la reciente visita oficial a Israel del expresidente de la República y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“El ministro israelí de la Diáspora y Com­bate al Antisemitismo, Amichai Chikli, denominó a Cartes como el padre fundador de las relaciones modernas entre Paraguay e Israel. Este viaje fue de reivindicación, de hacer justicia al nombre de una persona correcta, honorable y que verdaderamente ama al Paraguay. Se desmoronó el principal argumento para perseguirlo”, comentó el legislador en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.

La presencia de Cartes en Israel terminó exponiendo la instalación de un esquema de terrorismo de Estado y persecución política contra el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Las sanciones aplicadas por Estados Unidos al empresario derivaron de las acusaciones sobre los presuntos vínculos con Hezbolá. La campaña de vincular a Cartes con el grupo terrorista, considerado como uno de los principales enemigos de Israel, fue impulsada por el abdismo en confabulación con medios de comunicación aliados y una oposición sumisa.

“Esto fue absolutamente una injusta designación por parte de la embajada americana en tiempos de Marc Ostfield. Fue una clara operación contra el Partido Colorado, la intención fue derrumbarlo. Fue absurda la acusación contra Cartes, aquella afirmación ridícula de que financiaba al grupo terrorista Hezbolá, una organización articulada por el Irán que tiene como propósito de vida destruir a Israel, siendo que es un hombre que siempre amó a Israel”, sostuvo a Nación Media.

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El intento de vincular a Cartes con el grupo terrorista fue desplegado con fuerza en junio del año 2022, meses antes de los comicios internos del Partido Colorado, que se desarrollaron el 18 de diciembre. En ese entonces, el líder de Honor Colorado y el exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, disputaban la titularidad de la Junta de Gobierno de la nucleación.

Llamativamente, la campaña también fue desatada en el marco de los comicios presidenciales realizados el 30 de abril del 2023. El esquema habría contado con una presunta participación activa del entonces embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de acuerdo a las denuncias realizadas por cercanos a Cartes.

“Lo absurdo de la acusación se reveló con la vista de Horacio Cartes a Israel, terminó desbaratando absolutamente los argumentos injustos y verdaderas calumnias que fueron esbozados para buscar golpear y mancillar el buen nombre y honorabilidad de Cartes“, sentenció Latorre desde los estudios del canal GEN.

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