El intendente de Santa Elena, Miguel Olmedo, informó sobre la gestión llevada a cabo en su comunidad dentro de las medidas sanitarias para combatir la pandemia del coronavirus. En estos días hizo entrega de tapabocas a los 7.800 ciudadanos del distrito, comentó a La Nación.
“Primeramente hicimos la entrega de tapabocas lavables para cada ciudadano, para toda la población”, reiteró. Detalló que esto significó un costo de G. 19.500.000.
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Además, estuvieron preparando ollas populares en las 10 compañías de la ciudad con los fondos de la municipalidad. Los funcionarios municipales estuvieron recorriendo todas las zonas para marcar presencia y acercarse a los pobladores.
El COVID-19 todavía no llegó a esa ciudad, pero sí en algunos distritos aledaños, lo que también les da la oportunidad a las autoridades sanitarias a seguir trabajando en conjunto para fortalecer todas las medidas y los establecimientos de salud, comentó el intendente.
“Hasta el momento no hay casos positivos, pero estamos trabajando con el Centro Salud y la municipalidad”, explicó. Incluso ya se emitió una resolución que establece el uso obligatorio de tapaboca en los lugares públicos de la ciudad.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Unidad en San Lorenzo: tras encuesta, buscan consenso para un solo candidato
El actual presidente de la Seccional n.° 2 de San Lorenzo, Édgar López, lideró y con amplia ventaja dos encuestas realizadas en torno al mejor posicionado como precandidato a la intendencia de la ciudad. El dirigente llama a la unidad y a proponer a un candidato único de modo a evitar una “pelea estéril” entre correligionarios.
“El presidente Horacio Cartes nos recomienda y pide que busquemos la concordia y mi compromiso con él es ese. Formo parte de un gran equipo que aglutina más del 60% del equipo político interno de San Lorenzo y queremos conversar con los otros sectores para ver si logramos la anhelada concordia”, expresó López en contacto con La Nación/Nación Media.
Las mediciones fueron llevadas adelante por Encuestadora Grau & Asociados y por Firts de Francisco Capli, las que arrojaron que el 65% de las personas consultadas mostraron su preferencia por Édgar López por encima de Alcibíades Quiñónez y Alberto Lezcano. Teniendo en cuenta el amplio margen de ventaja y la recomendación del titular del Partido Colorado, ven viable proponer a un candidato único, explicó el dirigente.
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“Tengo bastante experiencia en esto, soy presidente de seccional reelecto, en su momento he logrado unir a la mayor parte de la dirigencia de los movimientos internos del partido, soy una persona que busca la unidad y creo que esta es la manera más democrática y más transparente. Prácticamente hicimos 3 encuestas y en todas salí con el mayor porcentaje”, expuso.
López manifestó que a partir de los resultados obtenidos, diseñarán una hoja de ruta, la cual contempla una invitación al actual intendente de la ciudad, Felipe Salomón y a su equipo político, de modo a llevar adelante una conversación, acordar lineamientos y establecer un mecanismo de trabajo que favorezca al partido con miras a las internas.
“Si logramos la concordia va a ser demasiado importante para San Lorenzo porque va a ser un ejemplo para los distritos”, sostuvo. Los resultados de la mencionada encuesta fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa en la tarde del lunes 31 de marzo, con presencia de referentes del partido como Nelson Peralta exconcejal y actual director de Opaci, el miembro de la Junta de Gobierno, José Mauricio “Chechito” López, el exdiputado Néstor Ferrer y otros integrantes de movimientos internos que ya adelantaron su acompañamiento a la propuesta de Honor Colorado.
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DNCP responde a Prieto: “Nuestra institución es técnica, no entramos en guerra política”
“Se pretendía llevar adelante una licitación de manzanas con las características técnicas de unas peras”, manifestó el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, sobre el viciado proceso de licitación que fue encarado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos.
“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, sostuvo Encina, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Encina defendió la decisión de la DNCP de anular el procedimiento de contratación y ordenar la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes. Para ser más específicos, tenían que ceñirse a la guía de precios referenciales establecidos por la DNCP y no lo hicieron así”, refirió el titular de la entidad.
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Fuera del marco legal
Las afirmaciones de Encina surgen ante los ataques realizados por el dirigente opositor con el apoyo de medios de comunicación afines contra la institución que encabeza. Prieto acusó de manera ligera a la DNCP de encubrir un supuesto “negociado” en la Entidad Binacional Itaipú con relación a la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa paraguaya Kamamya SA.
“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, puntualizó Encina a Nación Media.
La anulación del proceso licitatorio fue concretado tras el reconocimiento de las empresas cotizantes con la administración de Prieto, cuyos representantes sostuvieron haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales. “Nosotros solo nos ceñimos a cumplir con nuestro rol de ente de control y anulamos este proceso ya que hubieron confesiones documentales de los mismos cotizantes”, sentenció el director de DNCP.