El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que amplía la tarifa social de energía eléctrica, fue aceptado por la Cámara de Diputados. La propuesta pretende establecer un régimen de tarifa social del suministro de energía eléctrica para sectores vulnerables.
El documento se remitió a la Cámara de Senadores para cumplir con la tramitación legal, ya que para el rechazo de un veto se necesita que ambas cámaras se pronuncien en el mismo sentido.
El diputado Justo Zacarías explicó que se buscaba establecer una ampliación de la tarifa, teniendo en cuenta rangos de consumo mensual y porcentajes de descuento como tarifa preferencial para las familias que viven en estado de vulnerabilidad. Pero los parámetros fueron modificados en el Senado y fue sancionada esa versión.
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“Con las modificaciones del Senado se hizo imposible su aplicación y cuando debíamos manifestarnos al respecto, no pudimos hacerlo por la pandemia, es decir, llegó al Ejecutivo una ley inaplicable que no contempla conceptos básicos de función social”, indicó. La modificación representaría el desembolso de US$ 80 millones, lo que hizo inaplicable la ley.
Por otra parte, la diputada Celeste Amarilla lamentó que Paraguay sea copropietario de una de las represas más grandes del mundo, pero que no se pueda acceder a una tarifa diferenciada. “Lamento que, siendo dueños de la represa más grande del mundo, no logramos tener energía más barata”, refirió la congresista.
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Agente penitenciario: diputados tratarán veto y comisiones aconsejan su aprobación
El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.
Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.
Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.
“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.
Agrega además que el proyecto no fue canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que “no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 (recursos del Tesoro)”.
Indica a la vez que “diversas provisiones normativas contenidas en el proyecto de ley supondrán un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos con la competencia normativa y de instancia técnica”.
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Modificación de Ley de Conajzar será analizada en Diputados con moción de urgencia
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que modifica y amplía la Ley N° 1016/1997, ‘Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar’”, conocida como Ley Conajzar. Uno de los planteamientos principales, tiene que ver con la integración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Para conocer mejor la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, el Diario La Nación/Nación Media conversó con el presidente de la Conajzar, Carlos Liseras; quien explicó que si bien en el Congreso existen algunas propuestas de modificación de la Ley Conajzar, tanto en el Senado como en Diputados, la que se incluyó con moción de tratamiento de urgencia en la sesión ordinaria de la Cámara Baja es la que remitió hace 15 días el Poder Ejecutivo y que se remitió a Diputados.
Líderes señaló que en la actualidad la Ley de Conajzar está un poco desfasada en el tiempo, teniendo en cuenta que con el tiempo y las nuevas tecnologías, que no contempla la ley actual, se está regulando los juegos de azar en la actualidad por medio de decretos y resoluciones, por ejemplo los juegos en línea, que la Ley N° 1016/1997 no contempla.
“El mundo va cambiando constantemente, y necesitamos ajustar esta normativa y tener la fortaleza suficiente como ente regulador para cumplir con el papel que nos corresponde y nos compete, y que la Ley nos obliga. Por ejemplo, hay mucha explotación clandestina de juegos de azar, lo cual preocupa enormemente, porque está poniendo en riesgo la salud de los menores de edad”, mencionó.
Aumento de ludópatas
El titular de Conazar explicó que la preocupación radica en el aumento de personas ludópatas, muchas de las cuales son menores de edad, a causa de los inescrupulosos a quienes no les interesa la salud de los menores de edad y permiten que jueguen, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas que a diario se observan en la vía pública en cualquier local comercial.
Aseguró que con las modificaciones que se plantean a la legislación, se podrá combatir de manera más firme este flagelo, ya que la Conajzar podrá contar con la fortaleza suficiente para poder luchar contra la explotación clandestina.
Explicó que actualmente la Conajzar es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y de sancionarse la Ley pasará a depender del DNIT, que cuenta con el personal técnico y la estructura necesaria para combatir este problema.
“Es una novedad bastante importante y permitirá que el ente regulador cuente con la infraestructura y el personal necesarios para cumplir con su rol. Uno de sus objetivos principales es proteger la salud y la vida de los menores de edad ante la influencia de la explotación clandestina de los juegos de azar. Además, permitirá que el ente regulador pueda recaudar mucho más, y el dinero que la Conajzar recauda en concepto de canon fiscal se utiliza para sectores vulnerables de nuestro país”, explicó.
Aclaró que una vez que la Conajzar dependa de la DNIT, los funcionarios en forma conjunta podrán salir a las calles a sancionar y clausurar locales que estén explotando de manera ilegal los juegos de azar, sea cual sea el medio o el rubro. Indicó que podrán cubrir mejor todo el país.
Desmonopolización de los juegos
El presidente Liseras señaló que otro punto importante que se plantea entre las modificaciones es la desmonopolización de los juegos en todo el país, en lo que respecta a las apuestas deportivas y la Quiniela, ya podrá haber más de una empresa adjudicada en estas modalidades de juegos.
“Esto permitirá dinamizar la economía; también permitirá que la competencia haga que mejoren, porque competirán entre sí. Además, generará fuentes de empleo y permitirá aumentar la recaudación del canon de Conajzar. Estos recursos que recaudamos solventan el presupuesto de la Diben; además, se transfieren recursos a Fonares (Fondo Nacional de Recursos Solidarios) para intervenciones de alta complejidad y alto costo. También se transfieren fondos al Ministerio de Deportes, gobernaciones y municipios”, precisó.
Remarcó que de ahí su importancia de su aprobación y el tratamiento de urgencia, para que pueda tener la sanción respectiva de ser posible este año.
“Nececeistamos que la Conajzar goce de buena salud, por que el año que viene ya se tiene que llamar a licitación para el juego de modalidad de Quiniela y de aprobarse esta modificación permitirá a más de una empresa acceder a la licencia. De hecho, la Conajzar está recaudando mucho mas con el nuevo gobierno, pero necesitamos recaudar mucho mas, que permitirá estas modificaciones”, concluyó.
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Violencia contra la mujer: creación de juzgados especiales podría ser sancionado este año
La diputada Dalia Estigarribia indicó que el proyecto que pretende crear juzgados para atender casos de violencia contra la mujer ya podría ser sancionado este año. Esta iniciativa busca la creación de juzgados especiales para descomprimir a los juzgados de paz.
“Este proyecto ya tiene una media sanción de Senadores, está dentro de la Cámara de Diputados, ya tiene dictamen favorable de dos comisiones, una es la Comisión de Niñez y la Adolescencia y la otra es Legislación. (…) Yo creo que este año ya va ser aprobado este proyecto”, apuntó en entrevista para el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La diputada indicó que en consideración al aumento de los casos alarmantes de violencia contra la mujer, además de las víctimas colaterales, el objetivo de este proyecto es la creación de nuevos juzgados que sean especializados para estos casos.
“Este proyecto básicamente expone de que en este momento los casos de violencia familiar son tratados en los juzgados de paz, pero estamos hablando de casi 34.000 casos al año y están sobrepasados los jueces de paz, están sobrecargados, entonces no hay una acción positiva”, explicó.
Estos juzgados tendrán a su cargo atender exclusivamente todos los casos que tengan que ver con la violencia contra la mujer, como así también los casos de víctimas colaterales, hijos o personas dependientes de las víctimas en hechos de feminicidio.
Proyecto
“Teniendo en cuenta los casos de violencia familiar excesivos, este año tenemos 27 casos de feminicidio, 58 víctimas colaterales que serían los huérfanos o personas dependientes de estas víctimas, y este proyecto lo que busca es crear fueros especializados para tratar todos los casos de violencia contra la mujer y también actuar en casos donde los hijos, hijas o personas dependientes de la víctima se encuentran en peligro”, mencionó.
Detalló además que se trata de un gran proyecto, que va tener su tiempo, y en principio proyectado para que haya tres juzgados en capital, cuatro en Central, uno el Alto Paraná, y después de acuerdo al presupuesto, uno en cada cabecera departamental. “Lo bueno de estos juzgados, que además de tratar la violencia física, psicológica o patrimonial, se va contar con profesionales que serían psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales integral, que se trate en un solo lugar”, sentenció.
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Comisión de Diputados aconseja aprobar la elevación del cálculo de jubilación en IPS
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.
La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.
Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.