El senador Sergio Godoy, en comunicación con La Nación, explicó que su proyecto de ley estipula modificaciones en las prohibiciones para presentar propuestas y contratar con el Estado. En particular propone que accionistas, directores, socios gerentes y toda persona con grado de responsabilidad administrativa, sancionados por la DNCP, no puedan participar en contrataciones públicas del país.
“Es importante el proyecto de ley porque hay un vacío en nuestra legislación actualmente, una laguna como se dice en Derecho, que debe ser llenada porque los accionistas y directores, o sea aquellos propietarios o aquellos que gestionan las personas jurídicas, hoy no son sancionados”, fundamentó el senador colorado y justificó la sanción de inhabilitación temporaria.
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Godoy precisó que la legislación actual solamente sanciona a las sociedades, es decir, a la persona jurídica, y no precisamente a los accionistas y directores. De esta manera, al no existir la sanción directa, indica Godoy, estos pasan a conformar otras sociedades. El proyecto de ley busca llenar esta laguna jurídica, aseguró.
“Siguen operando y concursando”, indicó el senador acerca del método que se utiliza para evadir sanciones y seguir obteniendo licitaciones públicas por parte del Estado paraguayo. Explicó que los dueños de estas sociedades, tras recibir sanciones, conforman otras nuevas saltando el impedimento.
En ese sentido, considera que el proyecto de ley va a evitar que “los propietarios se escuden” en nuevas sociedades para seguir concursando y ganando licitaciones. Incluso, indicó que persiste una conducta reiterativa que perjudica a las arcas del Estado, por eso la prioridad del proyecto de ley.
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Presentan proyecto para el pago diario único en puestos de peaje
Los senadores Ever Villalba (PLRA), Arnaldo Samaniego (ANR) y José Oviedo (Yo Creo), son los proyectistas de la iniciativa que apunta a un pago diario único diario en todos los puestos de peaje del país. De acuerdo a lo explicado a La Nación/Nación Media, este mismo mecanismo es exitoso en otros países de la región y tiene como objetivo beneficiar a la ciudadanía y los trabajadores que se ven obligados a realizar múltiples pagos diarios del peaje.
“Por ejemplo en Argentina hay peajes que se pagan peajes una sola vez al día y los transportistas pueden cruzar varias veces por el mismo puesto sin que eso incurra en más gastos. Se basó en eso la idea del proyecto a fin de buscar soluciones de los compatriotas que tienen esa necesidad”, explicó el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Ever Villalba.
El legislador manifestó que esta iniciativa nació a partir del malestar de los ciudadanos que viven en los alrededores de los puestos de peajes, quienes no solo se expresaron su disconformidad con el aumento de los precios del peaje, sino también con el hecho de tener que abonar el monto varias veces en un mismo día.
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“Nos reunimos también con transportistas que trabajan en la zona y recogiendo experiencias de otros países, propusimos esta idea, para buscar soluciones a las inquietudes de las personas que tienen hoy esta necesidad. Esto beneficiaría a todos los compatriotas porque estaría vigente en todos los puestos del país”, detalló.
El fin de este proyecto es que una vez que una persona abone por el peaje, el comprobante tenga una validez de 24 horas independientemente de la cantidad de veces que cruce el puesto. La propuesta legislativa tendrá mesa de entrada este miércoles 9 de abril y se girará a las comisiones de Hacienda y Obras Públicas.
El parlamentario liberal aseguró que esta iniciativa no va en detrimento de los recursos que se destinan al mantenimiento de las rutas. “Solo el 30% de lo que se recauda se destina al mantenimiento de las rutas, el resto se va para gastos administrativas. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces para no pagar peaje, la gente evita viajar o busca caminos alternativos y el peaje es una cuestión que afecta principalmente a las personas que se dedica al transporte”, expuso.
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Padrón nacional: las concertaciones no pueden nutrirse de datos que no les pertenecen, sostienen
El proyecto de ley que modifica y amplía disposiciones del Código Electoral, mediante el cual se pretende evitar que las concertaciones utilicen el padrón nacional, sigue siendo tema de debate en el Congreso. Sobre este punto, el diputado Rodrigo Gamarra fue enfático al manifestar que no es correcto que otras organizaciones políticas accedan a datos que pertenecen al Partido Colorado.
“No quieren hacer el trabajo que hace el Partido Colorado, de salir a afiliar a las bases, de convencer a la gente, de invitarlos a ser parte de la agrupación política, ellos no hacen eso y ahora quieren nutrirse de datos que no le corresponden para utilizarlos como si fuera propio. Eso no está bien; si quieren tener adeptos y demostrar que representan a alguien, deben tener afiliados dentro de su propio partido”, afirmó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador manifestó que los partidos de oposición no pueden pretender utilizar el padrón nacional, cuando no han hecho un esfuerzo por contar con afiliados propios y añadió, que las personas que han decidido formar parte de manera oficial de determinado partido, deben ser respetadas en esa decisión.
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“Es como si yo formara un club social y quisiera usar la lista de otros clubes como el Centenario, el Sajonia u otros. ¿Acaso me van a otorgar la base de datos privada de una asociación distinta a la mía y sobre la cual yo no trabajé? Eso no corresponde; lo mismo pasa con los partidos políticos. Estos son datos sensibles y privados de la gente que tomó la decisión de optar por ser parte de un determinado partido político; entonces, yo no puedo usar lo ajeno”, aseveró.
Asimismo, el diputado recordó que los opositores han sido los principales críticos de las denuncias de personas que aparecían en el padrón colorado, pero que alegaban no haber firmado ninguna afiliación y afirmaban que dicho hecho representaba una violación a las leyes. “Pero hoy quieren usar los datos de todos sin consentimiento de nadie, es una contradicción total y que roza lo ridículo”, enfatizó.
Gamarra afirmó que lo que buscan ciertos referentes de la oposición es “entrar por la ventana” y eso no es posible dentro de un sistema democrático. Los que quieran ocupar cargos electivos, deben atravesar un proceso electoral, lograr que un número importante de personas milite sus ideas y así conseguir votos. “No se dan cuenta que sus errores son constantes; sus discursos vacíos, pero llenos de odio les está llevando a la extinción”, sentenció.
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Creación del Ministerio de Familia busca optimizar la estructura estatal, sostiene Chase
La fusión de tres carteras para dar lugar a la creación del Ministerio de la Familia tiene por objetivo optimizar recursos y una mejor distribución en las funciones misionales de cada estamento, así indicó el senador Natalio Chase sobre el proyecto que unificará las funciones del Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y a la Secretaría Nacional de la Juventud. El legislador comentó que la propuesta está en una etapa muy incipiente y que habrá un profundo análisis.
“El argumento para la creación de este ministerio es el mismo que tuvimos para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que sería juntar aquellos estamentos del Estado que tienen casi la misma función, de modo a que se pueda distribuir mejor, no solamente el ejercicio de las funciones de ese ministerio, sino también los recursos necesarios para el funcionamiento”, expuso el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa.
“Va a avanzar mucho aún este proyecto, todavía está en pañales, es una idea que se está tratando de analizar y vamos a hacer muchos ajustes. No creo que haya recortes de presupuesto porque lo que hay es la unificación, no hay eliminación de funciones”, refirió Chase, haciendo referencia que la creación de esta cartera no supondrá que el Estado invierta menos recursos en estas áreas.
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Puntualizó que la fusión genera un efecto muy positivo en cuanto a la centralización de los trabajos, puesto que, en muchas ocasiones, existe un “pinponeo” entre las tareas que debe ejecutar uno u otro ministerio, lo que desencadena en que finalmente no se pueda cumplir con la tarea que tiene esa cartera y, por ende, no se beneficie a la ciudadanía quien es la que espera una respuesta.
“Va a haber audiencias públicas, es un proyecto que recién se inicia, todavía no tenemos el parecer del Poder Ejecutivo, así que tenemos aún mucho trecho y podría llegar también a no concluirse. Por supuesto que va a haber un estudio completo”, sostuvo Chase.
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DNCP levantó restricciones para compra de máquinas de votación
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.
A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.
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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.
Compra y no arrendamiento
Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.
En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.
“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.
Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.
Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.
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