Las diputadas del Partido Encuentro Nacional (PEN), Norma Camacho y Kattya González, instaron al ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Julio Mazzoleni, a “salvar a su equipo técnico” tras la polémica renuncia presentada ayer por la doctora Graciela Russomando, quien estaba a cargo de la coordinación del laboratorio del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).
La institución actualmente se encarga de analizar diariamente las muestras de COVID-19 en Paraguay. “El señor ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tiene que salvar a su equipo técnico y desplazar a su equipo político; es su obligación con el país”, refiere la nota.
Las parlamentarias exigieron al funcionario público respuestas y explicaciones, con relación al escándalo generado con los resultados contradictorios que arrojaron las pruebas de coronavirus que afectaron a más de 30 jugadores de fútbol.
“Como una propuesta para sortear esta crisis de credibilidad que afecta gravemente al Ministerio de Salud, se solicita que desde esa cartera de Estado se convoque a la comunidad científica (Círculo Paraguayo de Médicos), el plantel médico de la APF y los integrantes de las comisiones de Salud Pública de ambas Cámaras del Congreso Nacional, a los efectos de analizar el protocolo utilizado en la toma de muestras que comprometió a los 32 jugadores de fútbol; de manera tal que los distintos sectores invitados puedan arribar a conclusiones técnicas sobre lo sucedido”, indica el documento.
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La nota emitida a la opinión pública expresa además que se repite con los jugadores el reciente caso del diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida y cuestiona que la cartera sanitaria haya actuado de una forma con García y de otra, completamente diferente, con los jugadores de la APF.
“Con García a pesar que dio negativo a 2 pruebas de COVID-19, han decidido mantener una estricta cuarentena que incluye a todos sus contactos, independientemente del resultado que arroje el test; con los jugadores de fútbol la cuarentena se levanta si dan negativo a dos pruebas”, sentencia.
Alegan que la propuesta, además de abonar la transparencia, es una manera de recuperar algo de credibilidad en el proceso de diagnóstico y que es absolutamente necesario “dar explicaciones justas a una ciudadanía cansada de ser sometida a tantos sacrificios que merece saber la verdad, sin distorsiones ni encubrimientos”, indica.
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