El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.

“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.

Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.

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El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.

“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.

Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, brindó detalles el estado de las licitaciones para avanzar con la implementación de las tobilleras electrónicas y por qué se ha retrasado el proceso.

“Estamos hablando de un proyecto nuevo, nunca antes se había llevado esto adelante, por lo que implica un análisis mucho más riguroso sobre los lineamientos que finalmente deben quedar para tener una licitación pública transparente y en forma legal”, explicó Encina para el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A dicho factor se sumó el hecho de que el Ministerio del Interior, a inicios de la semana pasada, presentó adendas al pliego de las licitaciones. Esto repercutió en las protestas llevadas adelante; no obstante, Encina garantizó que desde la Dncp publicarán la resolución definitiva en la semana.

De este modo, quedaría a manos del Ministerio del Interior la aplicación del proceso. El titular de Contrataciones expresó que la presentación de adendas se efectúa al entender la importancia de abrir más las licitaciones, para apuntar a una mayor cantidad de empresas oferentes.

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El director indicó que la idea central no es tener un llamado cerrado, con la participación de pocas empresas, sino pregonar la sumatoria de más oferentes, con la transparencia correspondiente. Esto aparte de apuntar a mejores ofertas, atendiendo la apertura impulsada.

“No tuvimos ningún indicio de que el proceso se cancelaría. Se trata de un proyecto de gobierno y creo que va a seguir sin ningún problema; a mayor cantidad de participantes, las ofertas siempre serán mejores para el Estado paraguayo porque pagará menos”, subrayó Encina.

La ley de tobilleras electrónicas había sido impulsada por el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios del Interior y de Justicia. El ministro del Interior, Enrique Riera, había destacado la importancia de avanzar con la reglamentación y así mejorar el sistema de control policial para quienes cuentan con prisión domiciliaria.

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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha logrado una gran reducción en el lapso de resolución de protestas en el último año. Según un análisis interno, en 2022, el tiempo promedio para resolver protestas era de 105 días, mientras que, en lo que va de 2024, este tiempo se ha reducido a 65 días, lo que representa una mejora del 38 %.

De acuerdo a la información oficial, además de la disminución del tiempo de resolución, también se ha logrado reducir la cantidad de protestas pendientes. En agosto del 2023, la DNCP contaba con 250 protestas en trámite, cifra que se ha reducido a 94 en la actualidad, atendiendo a la mejora en la gestión.

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Mencionaron además que esos datos fueron extraídos del Sistema de Información Estratégica (SIE). El 62,86 % de las protestas presentadas están relacionadas con los resultados de los procesos de licitación, mientras que el 37,14 % corresponde a protestas contra los pliegos de bases y condiciones. Estos datos son de acceso público, lo que refuerza el compromiso de la DNCP con la transparencia en la gestión de los procedimientos de contratación pública.

Agregaron que la mejora en los tiempos de resolución y la disminución de protestas en trámite reflejan la eficacia de la actual gestión y su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de contratación pública en Paraguay.

Con esta mejora en los tiempos de respuesta de la DNCP en los casos de protesta, se logra que los ciudadanos accedan antes a los beneficios de nuevas infraestructuras, servicios públicos más eficientes y una mejor calidad de vida en general.

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