Diputados cuestionaron la decisión establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Pablo Seitz, de suspender por 30 meses a las empresas Imedic S.A. y Eurotec S.A., por incumplimiento de contrato y mala fe en la presentación de las ofertas, además de productos que carecían de calidad técnica, en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Al respecto, las parlamentarias Rocío Vallejos, del Partido Patria Querida (PPQ) y su colega del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, calificaron como una “joda y una burla” la decisión, sosteniendo que ambas firmas pertenecientes al clan Ferreira pusieron en riesgo la salud de la población paraguaya.

“30 meses de inhabilitación para una empresa que puso en riesgo la salud de las personas es realmente lamentable. Que siga la joda”, sentenció Vallejos a través de su cuenta en la red social Twitter.

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Mientras que González argumentó que la inhabilitación debe ser definitiva tanto para las mencionadas firmas así como otras que pertenezcan al grupo o que incluso sean creadas posteriormente.

“Es un despropósito. La inhabilitación debería ser definitiva y además afectar a las personas físicas que integran estas y todas las empresas del grupo. Acaso es tan fácil crear un esquema delictivo y no tener verdaderas consecuencias. Un chiste son estos 30 meses. Una burla concluir sumario de Contrataciones Públicas”, afirmó.

Las firmas se encuentran sumariadas e investigadas por la importación de medicamentos con documentación falsa y la fraudulenta compra de los insumos “chinos” por el Ministerio de Salud Pública, que derivaron en la anulación de los acuerdos.

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