Concejales de la localidad de Quiindy, departamento de Paraguarí, denunciaron que la municipalidad a cargo de Alba Acevedo de Bogado, del movimiento Colorado Añetete, no realiza desde hace varios meses la entrega de kits de alimentos a los escolares, en plena crisis sanitaria por el COVID-19.

Al respecto, el presidente de la Junta Municipal, Maximiliano Barrios, argumentó que enviaron en 3 ocasiones una invitación a la colorada con el fin de que pueda acudir a las sesiones realizadas por los ediles, sin embargo, la misma se excusó de presentarse a través de una nota remitida el pasado 8 de julio, afirmando que la licitación para la adquisición de los alimentos se encuentra en proceso; sin embargo, aún no se tiene una respuesta favorable al pedido.

“Después de ese problema del vaka’i de oro ya no hubo más la entrega de los kits de la municipalidad que cuenta con el presupuesto, pero no se está ejecutando. Nosotros, hace 21 días, serán 3 sesiones que invitamos a la intendenta y ella no acude”, sostuvo.

Aparentemente, Acevedo no estaría por el municipio, sino en la ciudad de Asunción, de acuerdo a los rumores, la misma se encontraría enferma y siguiendo un tratamiento. La Ley Orgánica Municipal, en su articulo Nº 53, menciona que los intendentes cuentan con 20 días para ausentarse del cargo, pero la colorada no informó a los miembros de la junta.

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Otro de los puntos mencionados por los concejales a través de la nota remitida a la jefa comunal, se centra en las dietas y los gastos de representación. Al respecto, Acevedo afirmó que se estará procediendo al pago del mes de abril.

Acevedo, quien fue electa para el período 2015-2020, ya cuenta con varios antecedentes de mal manejo en su gestión. El último en el que se vio envuelta se centra en una presunta sobrefacturación en la adquisición de 680 kits de víveres escolares por los que la comuna habría pagado G. 85 millones, en el marco de la crisis sanitaria.

La municipalidad realizó la compra de la empresa HB Services SRL, que se encuentra representada por Andrés Isabelino Arrúa y que estaría vinculada a los diputados de dicho departamento, Esteban Samaniego y el imputado Miguel Cuevas.

Uno de los productos presuntamente sobrevaluados es la carne conservada, conocida como vaka’i, que según la nómina de precios presentada por la firma costó G. 46.000 por unidad, cuando en cualquier despensa se logra adquirir el producto por G. 9.000.

También existiría una sobrefacturación en productos como arroz, harina, azúcar, leche entera, fideos, locro, entre otros. El conflicto incluso fue denunciado ante el Ministerio Público por el senador del PDP, Pedro Santa Cruz.

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