El abogado Ricardo Preda, defensor del senador Javier Zacarías Irún, del Partido Colorado, y de la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, rechazó que la jueza Cinthia Garcete haya ido en contra a lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa de desfalco en las arcas municipales de Ciudad del Este.

“Me quiero referir al proceso que se le sigue al señor Irún y la señora McLeod, en el cual ambos fueron sobreseídos y la Fiscalía promovió una apelación. Esta defensa recibió la notificación de la apelación el jueves, sin embargo, algunos medios ya venían publicando el contenido de la misma desde ese mismo día. Aparentemente la Fiscalía, cuando presenta ahora una apelación, también le gira copia a los medios de comunicación, parece que ahora necesitan que sus planteamientos sean patrocinados por la prensa”, indicó.

Preda cuestionó que el Ministerio Público recurra a los medios de prensa para “sostener lo insostenible” ante una pésima acusación. Las declaraciones del letrado surgieron ante la publicación del diario Abc que alega que la jueza Garcete Urunaga fue de contramano a lo que establece la máxima instancia judicial para implementar un criterio jurídico para anular parcialmente la investigación del Ministerio Público.

“Es falso que la jueza contradijo a la Sala Penal, como dice un medio de prensa, porque no se trata de los mismos asuntos, son cuestiones distintas. Para comparar los fallos, deben leer in totum ambos fallos y segundo tener la capacidad de comprender qué es lo que dice cada uno de los fallos”, manifestó.

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Las declaraciones de Preda se dieron durante una conferencia de prensa, en la que cuestionó la apelación realizada por el Ministerio Público en la causa, sosteniendo que en el escrito se puede visualizar una “supina ignorancia”.

“Cuando uno lee la apelación de la Fiscalía demuestra una supina ignorancia acerca de la función del Tribunal de Cuentas al señalar que la rendición de cuentas es para la municipalidad y no establece responsabilidades personales. Definitivamente esto es absurdo porque si eventualmente el Tribunal de Cuentas considera que hubo un perjuicio patrimonial, quien debe devolver los fondos es el intendente que está rindiendo cuentas, así que definitivamente la Fiscalía al creer que quien debe devolver los fondos es la municipalidad, demuestra una ingenuidad y desconocimiento en derecho administrativo”, afirmó.

El pasado mes Garcete anuló en forma definitiva la acusación de lesión de confianza contra el parlamentario y en forma provisoria contra su esposa, en la causa de lesión de confianza. La Fiscalía investigó a la familia Zacarías Irún y a otras ocho personas por supuestos desvíos millonarios de las arcas municipales para financiar la campaña electoral. En el marco de la causa la primera imputación fue por G. 2.100 millones, mientras que la segunda imputación fue por G. 3.700 millones.

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