La Controlaría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, informó que en la institución se detectaron tres casos positivos del COVID-19. Los contagiados se encuentran actualmente aislados y la institución será desinfectada.
Al conocerse la situación, rápidamente se activó el protocolo sanitario bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud. Las personas que mantuvieron contacto con los pacientes positivos también ya fueron aislados y sometidos a las pruebas pertinentes con el fin de detectar la enfermedad.
Lea también: Paraguay suma 3 fallecidos en un solo día y casos orillan los 3.000
En otra parte del comunicado menciona también que con el objetivo de proteger la salud de los funcionarios y de la ciudadanía en general, seguiremos estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Informe del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud Pública dio a conocer su reporte diario sobre los casos de COVID-19 e informó tres nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Con esto, aumenta a 25 la cifra de fallecidos, en tanto que los casos positivos confirmados se disparan a 2.980 en territorio paraguayo.
De las 1.161 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 32 dieron positivo: 24 por contactos, 4 del exterior y 4 sin nexo, todos en aislamiento, según el reporte. El informe también indica que 17 personas siguen internadas en sala común, mientras que otras 10 están en la unidad de cuidados intensivos, totalizando de este modo 27 pacientes hospitalizados.
Te puede interesar: Una joven de 21 años y dos adultos mayores, entre los fallecidos de hoy
Dejanos tu comentario
Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE
Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.
Dejanos tu comentario
Proteger a denunciantes, regular lobby, sanciones severas y otras claves del plan anticorrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó las propuestas para la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que consta de 44 iniciativas puntuales con el objetivo de fortalecer las instituciones públicas, tomar medidas más severas en casos de corrupción y consolidar la cultura de la integridad en el sector público.
A través de su cuenta de X, el titular del ente contralor mencionó algunos de los puntos que contiene este plan que podría entrar en vigencia en los próximos meses. Cabe mencionar que el Consejo Nacional Anticorrupción debe reunirse entre julio y agosto de este año, instancia donde se podrían incluir nuevos aspectos.
Entre los temas que aborda esta estrategia se destacan: impulsar la protección integral de denunciantes para prevenir las represalias, fortalecimiento de las sanciones administrativas ante el incumplimiento de reglamentos internos y normas éticas, establecer normativas que regulan el cabildeo (lobby) y prohibición de actividades políticas partidarias en instituciones públicas y en horario laboral.
La lista sigue con: transparencia de las agendas de altas autoridades, aplicación de tecnología para prevenir la corrupción, actualización de leyes de financiamiento político, fortalecimiento del concurso público como mecanismo exclusivo de acceso a la función pública, fortalecer la integridad en las contrataciones públicas, entre otras medidas.
“La actualización de las normas relacionadas con el financiamiento de campañas electorales y el control del gasto electoral debería ser liderada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), debiendo además ser inclusivo, promoviendo la participación activa de los partidos políticos como actores clave de la democracia, así como de la sociedad civil organizada, la academia y la prensa, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que fortalezca el proceso electoral del país”, explicó Benítez.
Asimismo, indicó que las discusiones en torno a esta ley deben incluir el subsidio estatal a los partidos políticos. El contralor culminó diciendo que el objetivo de este plan es una “invitación a soñar” con país en donde la corrupción no tenga lugar y en el que los ciudadanos puedan tener confianza en la gestión pública.
Le puede interesar: Gobierno entra en última fase de paquete de inversiones para seguridad
Dejanos tu comentario
Cuentas y Control del Senado analizará informe de la CGR sobre Hambre Cero
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, confirmó que a partir del próximo martes comenzarán a evaluar el informe de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución del Programa Hambre Cero.
El parlamentario brindó detalles de lo conversado en la mesa asesora, e indicó que los miembros de la mesa de trabajo decidieron convocar al contralor Camilo Benítez en la próxima reunión del martes 29 de abril a las 7:30. Esto para que brinde su versión sobre los primeros informes de evaluación que llevaron adelante sobre el plan de alimentación escolar.
Mencionó que a partir de esa presentación del informe de evaluación se irán convocando a los diferentes gobernadores, así como al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.
No se descarta sobrepasar el umbral y convocar a los proveedores, a las distintas empresas que han suscrito contratos, tanto con las gobernaciones, como con el ministerio de Desarrollo Social.
“Queremos escuchar la versión de cada uno de ellos, porque es un programa que nos interesa a todos. Estamos hablando de una suma varias veces millonaria que invierte el Estado paraguayo y eso debe garantizar la provisión en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad de esos alimentos para los alumnos en todas las escuelas del país”, expresó.
Al respecto, explicó que existen varias denuncias periodísticas sobre casos puntuales; que igualmente son contemplados en el informe final de la Contraloría General de la República. “Sobre esta base es obligación de la Comisión de Cuentas y Control entender en este asunto e interiorizarse sobre cada caso.
Días atrás, la Contraloría General entregó el informe al Congreso Nacional sobre varias irregularidades detectadas en el programa Hambre Cero, implementado por el Gobierno de Santiago Peña. No obstante, han constatado igualmente que todos los alumnos matriculados y cuyos padres han dado el consentimiento están recibiendo el alimento diario.
Siga informado con: Un minuto de silencio en la Cámara de Diputados en memoria del papa Francisco
Dejanos tu comentario
Contraloría presenta propuestas al Ejecutivo para la “Estrategia Nacional Anticorrupción”
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, quien le presentó las propuestas que conformarán la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que contiene 44 puntos y que es considerado como clave para fortalecer las instituciones del Estado y para consolidar “la cultura de la integridad” dentro del sector público.
Entre las propuestas discutidas se destaca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. El objetivo es fomentar una cultura de integridad compartida en todos los niveles del Estado. Asimismo, se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de inducción para nuevos funcionarios, reforzando desde el inicio su compromiso con los valores institucionales.
En esa misma línea, se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas, asegurando la ejecución eficaz de los procedimientos internos y el registro sistemático de las sanciones aplicadas. Otra medida relevante es la creación de un marco regulatorio para el cabildeo, con criterios definidos y transparentes que prevengan influencias indebidas y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.
Lea también: Paraguay y Estados Unidos consolidan alianza para combatir delitos migratorios
La protección de quienes denuncian actos de corrupción constituye también un eje fundamental. Se busca garantizar un entorno seguro, libre de represalias, que incentive a romper el silencio, respaldado por mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, se resalta además el papel clave de las Tecnologías de la Información en la lucha contra la corrupción, a través de plataformas abiertas, colaborativas y accesibles para toda la ciudadanía.
Finalmente, se subraya la importancia de establecer espacios permanentes de participación ciudadana, mediante consultas públicas y audiencias que faciliten un diálogo directo y constructivo entre la población y las autoridades. "La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una Cumbre de Poderes realizada el 20 de agosto del 2023 y se trata de una verdadera política de Estado, un documento de 86 páginas con 44 iniciativas concretas, tangibles y medibles para enfrentar la lucha contra la corrupción", resaltan desde Presidencial
El Consejo Nacional Anticorrupción tiene prevista su próxima reunión en los meses de julio o agosto de este año, conforme a lo establecido en la ley N° 7389/24. En esa ocasión, deberán presentar acciones, compromisos o medidas con aplicación a corto o mediano plazo, orientadas a incidir positivamente en los niveles de corrupción del país, dentro del marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción.
Este consejo está integrado por el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns; el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Fue asignada la secretaría general a la ministra de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Marianna Saldívar, quien coordinará junto con los delegados y demás actores involucrados la elaboración y seguimiento de estas propuestas.