Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, en el marco de los trabajos de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, específicamente sobre las áreas que el Ejecutivo pretende discutir, expresó que se debe buscar puntos de acuerdos y luego “los contenidos ponemos a consideración del Congreso”. Indicó que será justamente este poder del Esatado el que finalmente definirá la ley del servicio civil e igualmente “puede trabajar también por una agenda para modernizar el estatuto docente, el seguro social y actualizar la Ley de Jubilaciones”, indicó.
“El ejercicio del diálogo que se está gestando con los sindicatos de la función pública para consensuar el anteproyecto del Servicio Civil, este es un modelo que puede trasladarse a otras áreas como el estatuto docente, seguro social y Ley de jubilaciones”, apuntó Velázquez.
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De esta forma, indicó que la modernización del estatuto docente, el seguro social y la Ley de Jubilaciones son puntos que deben ser dialogados para llegar a un consenso en el Legislativo.
Agregó además que sobre los mencionados puntos el diálogo y la búsqueda del consenso son imperiosos en un país donde hay una sensación de fragmentación. “Por encima del riesgo de ser foco de críticas por las posturas encontradas que siempre hay, más cuando se encara un determinado tema, la Vicepresidencia está abierta para ayudar a hallar acuerdos sobre puntos que son parte de la vida nacional y que no podemos eludir”, aseguró.
Velázquez adelantó que siempre hay prejuicios cuando se adelantan algunas ideas de trabajo. “No vamos a escapar de las críticas ni de los juicios adelantados, pero no queda otro camino que el diálogo”, concluyó el vicepresidente.
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Recomiendan mejorar el gasto público y reducir la informalidad
La regla paraguaya del 10-10-10 (10 % de tres impuestos) es conocida internacionalmente porque el país es uno de los que posee la presión tributaria más baja del mundo. Diversas opiniones indican que esto causa un menor ingreso de recursos públicos, pero el economista Wildo González explicó a La Nación/Nación Media que existen otras fórmulas para recaudar más.
Una de las opciones es la de mejorar el uso de los recursos del sector público. Dijo que según varios organismos multilaterales se pierden recursos significativos por la ineficiencia en el uso. “Además, una reforma que mejore esta eficiencia podría dar confianza a la población de que los impuestos pagados son bien utilizados”, expresó.
A su criterio, otra opción es la de reducir la informalidad, algo que se repite casi siempre, pero una situación compleja de abordar. González señaló que parte importante de la informalidad se explica por la baja calidad de bienes públicos ofrecidos a la población.
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“Mejorar el sistema de protección social, donde el sistema de pensiones es un pilar fundamental, podría dar incentivos para que la población se formalice”, enfatizó y resaltó que considera de suma importancia la reforma de pensiones que atraiga a la población, tanto los de bajos como escasos recursos, y que lo ideal sería contar con un sistema de pensiones mixto.
Presión tributaria
Los impuestos más relevantes que hacen la regla 10-10-10 son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). Son los gravámenes más bajos de toda América Latina junto a Panamá.
“El atractivo régimen 10-10-10 de Paraguay ha captado igualmente la atención de los inversores internacionales y constituye uno de los principales pilares del atractivo entorno empresarial del país”, destacó hace unos meses la Organización Mundial del Turismo.
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Destacan crecimiento de empleo formal tras ingreso de 29.000 trabajadores a IPS
El monitoreo del empleo registrado en el Instituto de Previsión Social (IPS) reporta que 29.106 trabajadores se incorporaron al empleo asalariado formal privado entre julio del 2023 y julio del 2024, según el comportamiento de la cantidad de cotizantes al régimen general del instituto.
Por cada trabajador asegurado, se incorporan al menos 1,5 beneficiarios adicionales. Esto representa un universo de aproximadamente 70.000 personas más, protegidas ante riesgos económicos y de salud. En julio del año pasado, el IPS registraba 712.518 cotizantes; a julio de este año, la cifra trepó a 741.624 cotizantes, lo que representa un incremento del 4,1% bajo este gobierno, según el Ministerio de Trabajo.
En este primer semestre se intensificaron las fiscalizaciones laborales conjuntas, inscribiendo de oficio al seguro social a los trabajadores que no figuraban en el IPS y se adoptaron medidas de simplificación de trámites del registro obrero-patronal, mediante la interconexión de datos entre el Ministerio de Trabajo y el ente previsional.
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Recuerdan que la formalización le permite al trabajador contar con cobertura en salud y prestaciones económicas (accidentes, enfermedades y maternidad), ahorro para la vejez, prestaciones económicas por invalidez temporal o permanente, inclusión financiera y desarrollo de un historial crediticio confiable, y pensión para derechohabientes (familiares) en caso de fallecimiento.
Por otro lado, para los empleadores refleja el compromiso de formalizar a sus trabajadores y así evitar sanciones, tener una certeza legal ante cualquier riesgo de salud, maternidad u otro derivado del trabajo y la tranquilidad de contar con personal formalizado e identificado.
En total, el número de personas protegidas por el IPS aumentó significativamente, pasando de 704.000 a casi 740.000 personas, lo que beneficia indirectamente a aproximadamente 80.000 familias. Este incremento en la formalización del empleo ha resultado en una mejora notable de las finanzas de la seguridad social, con un aumento de más de USD 50 millones de recaudación.
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El anticorrupción del Cird que fungió de asalariado para tener IPS
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.
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Costo para inscripción de propietarios de mipymes al IPS resulta alto, señalan
La presidenta de la Asociación de Mipymes (Asomipymes), Guillermina Imlach, comentó el escenario actual respecto a la inscripción de los propietarios de este segmento a los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), de modo que puedan ser cotizantes para la seguridad social y la jubilación.
Explicó que la problemática reside en el costo, pues el aporte que es de un 23 % resulta elevado para una microempresa, ya que la mayoría del sector es justamente microempresario o un emprendedor que no sabe si al siguiente mes generará los ingresos suficientes.
“Nos resulta muy caro para una microempresa que factura entre G. 20 y G. 30 millones mensuales, y con eso no se alcanza para pagar unos 600.000 todos los meses, quizás este mes sí, pero al siguiente puede que no porque nuestros ingresos no son elevados”, expresó en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Disminuir monto
Es así que el miedo es generar deudas con la previsional, por lo que muchas mipymes optan por no ingresar al sistema de seguridad social, pese a que la ley ahora los habilita.
Si bien, reconoció que el proyecto es muy bueno para aquel que pueda pagar el aporte, la mayoría no está en tales condiciones, dijo, ya que al tener personales también implica mayor contribución.
Es así que para los propietarios de microempresas resulta muy costoso poder acoplarse al seguro social del IPS, más aún teniendo en cuenta el sistema deficitario en la atención a la salud, conocido por todos, lamentó la titular de Asomipymes.
Como referente del sector, Imlach no solo se aquejó del problema, sino propició una posible alternativa, de que la adhesión contemple, por lo menos, aportar un monto menor para la jubilación.
No obstante, sí establecer que con 30 años de aporte podrán hacerlo y evitar tener que pasar a la dependencia de asistencias sociales, como el programa de adultos mayores.
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DATOS CLAVES
1-Registro de propietarios de mipymes en IPS es escaso y no está avanzando.
2-Para el segmento resulta muy elevado el costo, con un aporte del 23 % del salario.
3-La presidenta de Asomipymes, Guillermina Imlach, alega que los propietarios no quieren acumular deudas al no saber si los ingresos cubrirán el aporte.
Fuente: Guillermina Imlach, presidenta de la Asociación de Mipymes (Asomipymes).