La Cámara de Senadores dio a conocer el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este miércoles 9 de abril. El pedido de desafuero al expresidente Mario Abdo Benítez no fue incluido entre los temas a ser tratados y el presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez, afirmó que no es una prioridad para el Senado y que además, la solicitud del exmandatario a instar su desafuero fue “puro marketing”.

“No está dentro de mis prioridades, la presidencia es la que confecciona el orden del día e incorporamos temas más importantes para el país. Una sesión sorpresa no existe, siempre se incluyen los temas en el orden del día, se entera la prensa y a través de ella la ciudadanía, nada se va a hacer a escondidas”, dejó en claro el titular del Senado.

Asimismo, en conversación con varios medios de prensa, Núñez indicó que queda a la vista que el video difundido por Mario Abdo, en el cual solicita a los senadores que aprueben su desafuero, tenía la intención de “desligarse” sus anteriores aliados, los cuales le exigían que solicite su desafuero. “O sea, fue de Marketing”, sentenció.

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El presidente del Senado también dejó en claro que el desafuero a Abdo no forma parte de la agenda del Gobierno y que en sus conversaciones con el presidente de la República, siempre se abordan temas relacionados a proyectos de leyes que tendrán impacto a la ciudadanía, tales como los vinculados a las instalaciones sanitarias en instituciones educativas y el sistema de transporte.

“Para nada es tema de conversación, nosotros estamos aprobando leyes como ‘letrina cero’, estamos esperando la ley del transporte, para qué preocuparnos por algo que anunció el expresidente y sobre lo cual no están de acuerdo sus aliados de acá, para qué poner eso en agenda”, cuestionó al término de la reunión de la Mesa Directiva.

En tanto, el orden del día para este miércoles consta de 23 puntos en total, entre ellos pedidos de informes a varias instituciones y proyectos de expropiaciones. También está previsto el tratamiento de la iniciativa que “regula el proceso de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes”, la creación de la comisión para la investigación del espionaje del Brasil, entre otras propuestas legislativas.

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La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 1, 2 y 3 de la ley n.° 7.447/2025 que establece el régimen tributario para las municipalidades. El texto contempla que el impuesto de las patentes vehiculares será del 0.3 % sobre el valor imponible del vehículo, y se reducirá el 5 % en forma anual decreciente hasta los 10 años.

La Comisión de Legislación recomendó su aprobación sin modificaciones, dado que el mismo tiene “el objeto de subsanar los inconvenientes que ha generado con respecto al método del cálculo establecido para fijar los precios de la habilitación vehicular”, según explicó ante el pleno el senador Derlis Maidana.

Asimismo, el legislador manifestó que ante la falta de dictamen por parte de la Comisión de Hacienda, la comisión liderada por él resolvió solicitar la aprobación sin modificaciones y de esta forma, por mayoría, quedó sancionado el proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto sancionado, además de establecer la base imponible, contempla la reducción anual del 5 % del impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del rodado y una vez transcurrido ese tiempo, el valor permanecerá invariable de acuerdo al valor fijado en el décimo año. También con esta ley, se crea el Registro Único de Rodados (Ruhr).

Esta institución será administrada por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), entidad que tendrá la responsabilidad de emitir de forma anual el listado oficial de los valores imponibles de lo vehículos. Con estas modificaciones, se corrige la ley que entró en vigencia el pasado 6 de enero, la cual generó disconformidad debido a que el precio de las patentes se disparó en algunos municipios y en esta oportunidad, la nueva fórmula también regirá en Asunción.

El proyecto sancionado tiene como Cámara de origen a Diputados y el mismo fue consensuado con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución a través de la cual los intendentes canalizaron su disconformidad con la ley y propusieron esta nueva fórmula a la cual consideraron como más justa, puesto que equiparaba los montos entre municipalidades, evitando así la fuga de contribuyentes para este impuesto.

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La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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