El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El Ministerio de Salud Pública restituyó la ambulancia al centro de salud de la localidad de Nanawa, luego de que el móvil anterior fuera dañado en un accidente que por fortuna, no arrojó víctimas fatales, confirmó el viceministro de Atención Integral de la Salud, Santiago García.

“El domingo por la mañana, la ambulancia de Nanawa tuvo un accidente al esquivar un animal silvestre en la ruta. Afortunadamente, no hubo heridos. Sin embargo, el vehículo sufrió daños y, por el momento, no puede utilizarse”, dijo a la 1020 AM.

El doctor García aclaró que apenas se tomó conocimiento del siniestro vial, ya se dispuso la entrega de otra ambulancia. “Nos pusimos en campaña para volver a poner un medio ahí en Nanawa. Pero como era día domingo, tuvimos que buscar un vehículo que estaba en mantenimiento. Lo sacamos ayer y el mismo día lo llevamos para que preste servicios ahí. Es decir, ya están contando con una ambulancia”, refirió.

Paralelamente, la ambulancia dañada será trasladada con una grúa hasta Asunción para la reparación. “Son daños de chapería más bien. La parte mecánica y todo eso está sin inconvenientes”, expresó.

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Destacó que el centro de salud cuenta con el apoyo del hospital regional de Villa Hayes en los casos de emergencia. “Gracias al puente estamos también mucho más cerca para hacerle un soporte desde SEME si fuere necesario, ya que el tráfico por ahí es bastante rápido en comparación con el tránsito por Puente Remanso”, manifestó.

Explicó que el centro de atención es básico, puesto que cubre las necesidades de la zona y cuando surgen casos complicados que precisan de asistencia de mayor complejidad, son derivados al Hospital Regional de Villa Hayes.

Con respecto al plan de adquisición de nuevas ambulancias en los próximos años, el viceministro de Salud afirmó que se prevé comprar 300 móviles. “Esa es la proyección que tenemos y vamos a ver si llegamos para este año. El presidente de la República hizo una apuesta muy grande en el sistema de salud y prueba de ello es toda la construcción de hospitales y un montón de cosas que se están haciendo”, añadió.

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La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formal­mente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brí­tez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indaga­ción sobre la entidad banca­ria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informacio­nes a las que accedieron perio­distas de la radio 1020 AM, de fuentes judiciales, existi­ría una intención de apriete político debido a que el banco privado inició acciones lega­les para proceder al cobro de millonaria deudas impa­gas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 AM señala el escanda­loso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influen­cias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedren­tar a ueno bank, para evi­tar cumplir con sus compro­misos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha rea­lizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos que señala que el 26 de junio de 2023, la entonces Finan­ciera Ueno SAECA (actual­mente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Óscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; con base en el pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, ade­más, que durante la trami­tación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de fal­sedad”, alegando que las fir­mas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pen­diente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir, que las fir­mas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá anali­zarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concer­tación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación cre­diticia, en calidad de codeudor solidario.

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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