La diputada Celeste Amarilla considera que la propuesta aprobada en el Senado sobre el uso obligatorio de tapabocas tendría que ser revisada en Diputados, teniendo en cuenta las multas que serán del 25% del salario mínimo. Debería establecerse mejor el mecanismo del cobro “o si no sería una de las típicas leyes que no sirven para nada”, expresó en contacto con La Nación.

Atendiendo la situación sanitaria y la forma en que está preparada la normativa, Amarilla explicó que “las multas son sanciones que deben de ser en el acto o si no es muy difícil de cumplir, tiene que haber una forma en que se te cobre la multa, no sé cómo sería”, mencionó.

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“¿Quién va a cobrar la multa? Habría que aclarar un poco esas cosas, (la forma de pago) para que sea una ley más posible de cumplir, no como todas las cantidades de leyes que tenemos de imposible cumplimiento”, reiteró la legisladora liberal.

Igualmente, consideró una medida legislativa acertada teniendo en cuenta que “la gente le está perdiendo el miedo” -al COVID-19-. Puso como ejemplo la carrera de personas que se hizo hace unos días donde no se respetó el uso de tapabocas.

Sería como una forma de ayudar al Ejecutivo para que se cumpla con el uso “porque evidentemente las personas no cumplen y por eso buscan más penalidades”, sostuvo. Aunque no descarta que el motivo de esta legislación sea porque “estará más fea la pandemia de lo que nos dicen, entonces se buscan otros medios de presión para que la gente cumpla”, añadió.

La propuesta fue aprobada por el Senado esta tarde. Ahora pasa para su estudio a la Cámara de Diputados. La legislación establece el uso obligatorio de tapabocas en lugares cerrados con más de 5 personas. Se prevé multas que podría superar los G. 500.000 en el caso de incumplimiento.

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