Ante los cuestionamientos sobre su actual desempeño como el “capitán del barco” el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, salió al paso de todas las críticas y aseguró que está en el cargo sin deberle favores a nadie y que por lo tanto seguirá trabajando. Así también dijo que recurre al vedetismo político.
“Yo soy una persona que vino acá y puso todo en riesgo y entonces soy peligroso porque no tengo realmente ninguna deuda con nadie y voy a seguir adelante haciendo lo que se tenga que hacer”, dijo Mazzoleni en radio Monumental.
Por otra parte, mencionó que su carácter es tranquilo y que en ocasiones se confunde con falta de decisiones concretas y posturas fuertes, como se dio ante los hechos de corrupción denunciados en el marco de las compras COVID-19, que fracasaron. “No hay que confundir la cortesía ni las buenas maneras con la falta de tenacidad o convicción”, mencionó en este sentido.
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En este sentido, mencionó además que se han realizado todas las denuncias y todos los hechos ya se encuentran en el Ministerio Público para su investigación correspondiente. “Nosotros hemos hecho todo lo que se puede hacer. Cada uno tiene una personalidad, una forma de ser, y quizás uno también tiene que ser coherente con lo que es. (…) Hay una denuncia fiscal, hay una investigación, además sin duda a lo largo de esta administración hemos cortado con distintas empresas a pesar del enorme lobby de mucha gente”, mencionó.
Por otra parte, mencionó que no recurre al vedetismo político o ser el centro de la atención de una situación, en este caso desde la cartera de Salud. “Yo soy una persona que le gusta mucho la sobriedad, no solamente por una cuestión natural, no me gusta la estridencia, no me gusta el vedetismo, y hago lo que tengo que hacer sin estar mostrándolo por todos lados”, manifestó.
Agregó que seguirá trabajando y haciendo lo que se tenga que hacer desde su rol como titular de una cartera del Estado. “De repente es difícil interpretar si está en un mundo donde se sobrevalora el vedetismo, entonces yo no voy a ser lo que no soy pero voy a hacer lo que se debe hacer”, puntualizó.
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Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
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“Cromañón”, la serie que conmemora la tragedia del rock argentino envuelta en críticas
El pasado 8 de noviembre, la miniserie “Cromañón”, dirigida por Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, y protagonizada por un elenco destacado, que incluye a Dani La Chepi, Esteban Lamothe, Soledad Villamil y Muriel Santa Ana, llegó a las pantallas por medio de Amazon Prime Video, generando opiniones divididas sobre las elecciones tomadas a la hora de relatar la historia.
Con el lema “Basado en hechos reales que marcaron para siempre un país”, la serie recuerda a las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004.
El film sigue la historia de Malena, (interpretada por Olivia Nuss), una joven de 19 años que asistió al trágico recital de rock en el local República de Cromañón en 2004. El desafortunado evento se llevó la vida de 194 jóvenes en un fatal incendio categorizado como una masacre, debido a las distintas irregularidades que presentaba el local a la hora de realizar sus actividades.
Con saltos temporales que nos llevan hasta cuatro años después del suceso, la protagonista tendrá que sobreponerse a la culpa que siente por estar viva.
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A diez días de su lanzamiento, la serie se ha convertido en uno de los estrenos del momento, llegando al puesto número 2 en lo más visto de Prime en Paraguay. Asimismo, ha desatado todo tipo de comentarios respecto a la banda sonora, la trama y la manera elegida para relatar esta tragedia a través de la ficción.
En contrapartida del rotundo éxito en vistas, la serie recibió críticas de sobrevivientes y familiares de los fallecidos. Por medio de sus redes, la organización “No nos cuenten Cromañón” ha lanzado un comunicado señalando que la producción banaliza un hecho que sigue generando dolor.
“Creemos que es positivo, que se hable de Cromañón para que nuevas generaciones puedan informarse e interesarse. Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos. No creemos que haya que generar memoria a cualquier costo”, expresaron en el comunicado.
Además, informaron que poseen una línea de ayuda para las personas que vivieron de cerca el suceso y quedaron atormentadas por el recuerdo. También sugirieron leer el material “Voces, Tiempo, Verdad”, de la organización, para conseguir información certera y respetuosa acerca de los acontecimientos.
“Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más: ‘No nos cuenten Cromañón’”, comentaron.
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