La senadora Lizarella Valiente, en su carácter de presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud del Senado, se reunió con el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Juan Marcelo Fernández. Detalló que durante la reunión, el viceministro realizó la presentación de programas que está en puertas del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

En este contexto, la legisladora elogió el programa “Ángeles de la Guarda” que está siendo implementado por este ministerio y que está generando buenos resultados como familias acogedoras de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

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“Como venimos trabajando coordinadamente con el Ministerio de la Niñez, vino a exponerme varios programas en puerta, programas concretos que se tienen en cuanto a la dirección de cuidados alternativos. Ese también es un proyecto que se está llevando en este periodo”, resaltó.

Explicó que la dirección de cuidados alternativos “trata justamente de este programa que se llama ´Ángeles de la Guarda´, que son las familias que están ya hoy inscriptas para ser eventualmente familias acogedoras”.

Agregó que el objetivo de este programa es que los niños, niñas y adolescentes, pasen por un proceso dentro de la estructura de una familia. “Sabemos que en Paraguay están las instituciones, y eso es justamente lo que se quiere cambiar, ese concepto de institucionalidad a la hora de tener el cuidado a un niño dentro de una institución, y lo que se trata es que ese entorno sea lo más parecido a una familia”, explicó.

Recordó además que estas familias acogedoras, eventualmente pueden pasar por el proceso de adopción. “Los hogares no tienen la infraestructura adecuada como para tener ese modelo, es así también que la ciudadanía puede inscribirse para ser una familia acogedora, que eventualmente, posterior a ese periodo de cuidado, también pueden adoptar a ese niño en términos legales”, sentenció.

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La semana pasada se dio una reunión con los presidentes del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, y de Brasil, Davi Alcolumbre, durante una visita oficial a la Central Hidroeléctrica Itaipú. Los mismos fueron recibidos por los directores generales de ambas márgenes, Justo Zacarías Irún (Paraguay) y Enio Verri (Brasil).

El senador Basilio Núñez detalló que conversó con su par brasileño sobre las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional, y señaló que el presidente del Congreso, Alcolumbre demostró una importante apertura para el diálogo.

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“Le encontré al presidente del Congreso de Brasil muy abierto al diálogo, al acercamiento de ambos Congresos. Va ser un actor fundamental, principalmente para lo que se viene, porque hablamos de eso, ellos son 81 senadores, pero de alguna forma van a definir la aprobación o no del Anexo C”, dijo en entrevista a la 1020 AM.

Contó además que se dio una invitación mutua para la visita de parlamentarios a ambos Congresos. “Nos invitó a los colegas que estábamos presentes y otros que quieran sumarse a visitar el Congreso de Brasil, a reunirnos, yo hice en el mismo sentido una invitación también al presidente del Congreso de Brasil a acercarse y a tratar de firmar acuerdos de cooperación”, refirió.

Núñez habló también sobre la alianza entre Mario Abdo Benítez y el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, y las repercusiones de los documentos confidenciales enviados al Departamento de Estado, que fueron filtrados por los medios. Dijo que analizarán desde la bancada si se toman medidas al respecto.

“Vamos reunirnos en la bancada de Honor Colorado, vamos a analizar todos los puntos. Esto no tiene que tomar en el oparei (sin resultados), ya como diputado he denunciado en bastantes oportunidades, como senador y ahora como presidente del Congreso, veo que la filtración de estos cables nos va dar la razón absoluta y no descartamos un proyecto de declaración desde el estamento donde estamos yo no puedo opinar desde el Ejecutivo”, apuntó.

En otro momento, abordó sobre la gestión del presidente de la República Santiago Peña, al frente del Gobierno, e indicó que está cumpliendo a cabalidad. El legislador citó varias de las acciones realizadas por su gestión, como la intervención a la penitenciaría de Tacumbú. “El único presidente, que se animó a tomar las riendas y decir que nosotros no podemos vivir los paraguayos con un Tacumbú manejado por el crimen organizado, es Santiago Peña”, expresó.

El programa Hambre Cero en las Escuelas también fue citado por el senador, como una gestión de Gobierno clave para el desarrollo de la educación y los niños y niñas del país. “El presidente de la República tuvo la determinación, a pesar de que va haber críticas, hay 1 millón de platos que llega a las casas, en la mesa de cada alumno paraguayo, de los niños. Para mí, el presidente Peña está cumpliendo a cabalidad su gestión”, sentenció.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.

La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

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Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.

También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.

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El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.