La Cámara de Senadores se ratificó hoy en su versión de la ley que elimina gastos superfluos y limita los privilegios en la Función Pública. La propuesta establece que ningún funcionario público podrá percibir más que G. 37 millones, que es el salario del presidente de la República. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su análisis.

La versión fue ratificada por 38 votos a favor, 5 votos por la versión de la Cámara de Diputados, 1 por la abstención y 1 ausente. La propuesta de Diputados excluía del tope salarial a los funcionarios de la binacionales.

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La legislatura pretende racionalizar los gastos del Estado, recortar además los rubros dentro del presupuesto como viajes, combustibles, alimentación, horas extraordinarias, seguro médico para funcionarios de alto rango, entre otros. También se establece un límite en la contratación de los parientes en la función pública.

El senador Serio Godoy fue quien impulsó este proyecto, buscando que el Estado puede tener mejor capacidad de gastos y así generar un ahorro a sus arcas. Durante el debate ante el pleno, ex discusión se centró en dos puntos más debatidos, uno la incorporación a las entidades binacionales en el tope salarial y el otro, sería la limitación en la contratación de parientes.

Con estos ejes incluidos se busca “evitar que se empotren clanes familiares en el Estado, como lastimosamente estamos padeciendo; todo ello entendiendo que se violan los principios de justicia y libertad”, expuso el senador de Honor Colorado.

Además, mencionó que la idea es evitar derroches y que “todos pongamos el hombro y digamos basta de derroches”, dejando de lado los intereses personales ”sea las binacionales, los que tienen clanes familiares en el Estado”, porque es “difícil estirar el carro cuando cada uno protege su kokué, por así decirlo”, añadió.

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Por otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio Ovelar defendió el dictamen que acepta las modificaciones de diputados, consideró acelerado el tratamiento de la ley y justificó su posición alegando que no se debe “caer en medidas precipitadas sin tener consideraciones jurídicas, cuyas consecuencias eventuales serían más onerosas que el ahorro que se pretende con estas modificaciones legales”, argumentó.

Incluso, siguiendo con su defensa, dijo que podría darse un “riesgo” al ignorar los derechos adquiridos por los trabajadores logrado a través de luchas legítimas. “Los planteamientos son justos y los reclamos deben de ser atendidos, pero están sometidas por medias verdades que distorsionan”, aseguró.

Finalmente, el senador liberal Víctor Ríos dijo que el tratamiento del proyecto se debe de tomar como un mensaje político de parte del Congreso Nacional, “tomo como fuerte crítica al presente, pesando en el futuro de la democracia y del país”. Aunque considera que “hay aspectos a corregir, que podrían plantearse ante la Corte, la discusión no se va agotar en el ámbito legislativo, sino también en el área judicial para constatar su constitucionalidad, indicó.

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