El brote de COVID-19 que se dio en la penitenciaría de Ciudad del Este y las consecuencias que podrían traer para los reclusos fue analizado en la Comisión Comisión Nacional para el estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. La diputada Rocío Vallejo anunció algunos puntos a establecer con las autoridades.
“Tenemos las cárceles de mujeres y hombres con casos de coronavirus, en ese sentido que no sea afectado el derecho de la defensa”, explicó la presidenta de dicha comisión. A partir de esto, buscarán establecer mecanismos y reuniones con autoridades de las instituciones para salvaguardar este problema.
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Intervención de comunicaciones
Además, debatieron temas relativos a los datos informáticos e interceptación de comunicaciones. La seguridad de estos seguirá siendo debatida las próximas semanas. También esperan ampliar el artículo 200 del Código Procesal, relativo a la intervención de comunicaciones; de manera fr incorporar todas las modalidades tecnológicas de comunicación.
La regla vigente estipula que el juez podrá ordenar por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Los resultados deben ser entregados al mismo juez.
Además, se podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento, previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y su defensor.
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Tacumbú: inician clasificación de reclusos con condena y los que tienen procesos abiertos
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que ha iniciado un proceso para separar a las personas privadas de libertad que no cuentan con condena, de aquellos que aún están con procesos abiertos. Esto con el objetivo de que los programas de reinserción sean más efectivos y que el penal de Tacumbú deje de ser una “escuela del delito”.
“Es una deuda histórica que tiene la administración del Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario que nos va a permitir tener mayor efectividad a la hora de aplicar estos programas. Ese es el problema que históricamente ha desencadenado otros problemas mayores”, expuso el titular de cartera ante la 650 AM.
Nicora indicó que el impacto social que ha generado que una persona que comete un hecho punible por primera vez e ingresa a un sistema en el que todos los reclusos están integrados, convirtieron a Tacumbú en un lugar donde las personas aprenden a delinquir, lo que origina un agravante al problema social antes que una solución.
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“Cuando hablamos de perfiles de personas que están mezcladas, tanto procesadas como condenadas y de diferentes hechos punibles, estos programas de reinserción no van a ser efectivos como sí lo son cuando ya están orientados a la clasificación y separación de estas personas”, añadió. Asimismo, indicó que este trabajo se viene planificando desde hace meses.
El jefe de cartera manifestó que no ha sido una tarea fácil porque Tacumbú siempre tuvo un hacinamiento importante, contando con unas 4.000 personas privadas de libertad. A partir de Veneratio, el operativo desarrollado en diciembre del 2023, se ha podido reducir considerablemente esta cifra y actualmente el penal alberga a 1.970 reclusos, de los cuales 1.114 están procesados y 856 tienen condena.
“Mirando los planos del centro penitenciario y buscando una reingeniería de lo que es hoy día Tacumbú, logramos consensuar con los arquitectos y con el equipo de obras del Ministerio de Justicia, la posibilidad de que los pabellones que se encuentran en la última parte del centro penitenciario, que son pabellones nuevos y donde antes estaban alojadas organizaciones criminales, puedan ser utilizados exclusivamente por personas con condena”, detalló.
De esta forma, se hizo una división de esa sección de la penitenciaría que cuenta incluso con un nuevo acceso. Por otro lugar, la parte de adelante alberga a los procesados, convirtiéndose en un “Centro Nacional de Prevenidos”, donde ratificó Nicora que únicamente pueden estar personas con procesos abiertos.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.
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“Agotamos todas las preguntas que podíamos hacer”, indicó Rocío Vallejo
La diputada del Partido Patria Querida, Rocío Vallejo, quien también participó de la reunión extraordinaria reservada que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, con autoridades del Ministerio Público, Ministerio del Interior y Policía Nacional, indicó que se agotaron todas las preguntas y evacuaron muchísimas dudas que se tenían con respecto al operativo realizado en la ciudad de Pedro Juan Caballero el pasado lunes 19 de agosto.
La parlamentaria indicó que todo el relato fáctico que hace la Policía deberá ser corroborado con las evidencias científicas que están siendo procesadas y que llevarán su tiempo. Comentó que se han esclarecido varios puntos importantes sobre el procedimiento, pero sigue objetando el hecho de que no se haya grabado el momento en que incursionaron en la vivienda del legislador fallecido.
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“Se pudo evacuar muchísimas dudas, que había con relación al operativo, nos explicaron la forma cómo se hizo, así como los detalles de porqué se realizó en la noche. Todas estas declaraciones que hicieron, así como la trayectoria de la bala, la posición que se encontraron los elementos de pruebas, todo esto deberá ser corroborado aún con algunas verificaciones científicas del área de Criminalística. Particularmente creo que agotamos todas las preguntas que podíamos hacer”, comentó.
Asimismo, resaltó la presencia de los fiscales que estuvieron a cargo de los operativos, quienes acompañaron la declaración que brindaron las principales autoridades, así como la presencia de un experto en Criminalística.
“En todo momento dije que las personas que están al frente son las que deben brindar las explicaciones y considero que se ha cumplido con esto”, indicó. No obstante, señaló que ahora la preocupación está en lo que se plantaría en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado en la fecha, al respecto indicó que separar a los fiscales encargados del caso en estos momentos, sería dar una victoria al crimen organizado.
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