El brote de COVID-19 que se dio en la penitenciaría de Ciudad del Este y las consecuencias que podrían traer para los reclusos fue analizado en la Comisión Comisión Nacional para el estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. La diputada Rocío Vallejo anunció algunos puntos a establecer con las autoridades.

“Tenemos las cárceles de mujeres y hombres con casos de coronavirus, en ese sentido que no sea afectado el derecho de la defensa”, explicó la presidenta de dicha comisión. A partir de esto, buscarán establecer mecanismos y reuniones con autoridades de las instituciones para salvaguardar este problema.

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Además, debatieron temas relativos a los datos informáticos e interceptación de comunicaciones. La seguridad de estos seguirá siendo debatida las próximas semanas. También esperan ampliar el artículo 200 del Código Procesal, relativo a la intervención de comunicaciones; de manera fr incorporar todas las modalidades tecnológicas de comunicación.

La regla vigente estipula que el juez podrá ordenar por resolución fundada, bajo pena de nulidad, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Los resultados deben ser entregados al mismo juez.

Además, se podrá ordenar la versión escrita de la grabación o de aquellas partes que considere útiles y ordenará la destrucción de toda la grabación o de las partes que no tengan relación con el procedimiento, previo acceso a ellas del Ministerio Público, del imputado y su defensor.

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