El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, confirmó que en la tarde de ayer miércoles fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Con esta medida facilita que continúe el proceso normal, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso de compras.

A la salida de una reunión que mantuvo en la Cámara de Senadores, el titular del TSJE resaltó que esta medida es favorable para la institución, atendiendo que se rechazó la protesta formulada por una de las empresas interesadas; así como otra protesta que hizo una compañía de seguros que también fue rechazada por la DNCP, de oficio y sin necesidad de ningún análisis, dando la razón a la Justicia Electoral.

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“Con esto el proceso sigue normalmente como marca la Ley en todas sus etapas y luego se pasa a un examen técnico en todas las etapas de las ofertas”, confirmó.

Por otra parte, Bestard mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.

En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, recordó que cuando se puso en vigencia la Ley 2.318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.

“Hoy estamos en contacto con todas las fuerzas políticas, que nos dicen que el sistema se va a mantener por un buen tiempo, y no se va a volver atrás con las listas cerradas y bloqueadas. Entonces, se hizo un estudio financiero y tecnológico conjuntamente con el Ministerio de Economía, donde determinamos que era más conveniente desde el punto de vista financiero”, acotó.

Mencionó que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.

Informó que dentro del pliego de bases y condiciones prevé que las baterías de las máquinas, que son altamente inflamables, se puedan extraer y almacenar por separados, a fin de evitar que ocurran percances en el futuro.

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La entrega de 9 mil títulos de propiedad en tan solo 18 meses en el gobierno del presidente Santiago Peña a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) se ha convertido en un récord histórico en nuestro país de profundas consecuencias positivas para la economía nacional y cam­pesina en particular.

La regularización por medio de documentos oficiales que mues­tran que la propiedad privada le pertenece a una persona conver­tida en propietaria se constituye para la economía –como en cual­quier lugar del mundo– en un incentivo para el desarrollo y en este caso concreto para las fami­lias en el campo.

La titulación de propiedades no es un tema a desconsiderar y así lo ha entendido el gobierno actual lle­vando a cabo una política en bene­ficio del campesino, esto es, de los verdaderos campesinos agriculto­res. Los campesinos agricultores son los que en verdad labran la tie­rra consiguiendo ingresos supe­riores por hectárea que en ningún modo se podría lograr sin la feha­ciente acreditación de la propiedad privada.

La misma reforma agraria, por cierto, carece de sentido sin el otorgamiento de títulos y la regu­larización de las posesiones. La reforma agraria no tuvo ni ten­drá éxito sin esta medida acertada como la que lleva a cabo el gobierno actual porque de no darse estas titulaciones masivas junto con el saneamiento de las posesiones, el campesino queda supeditado al derecho precario.

El derecho precario convierte al campesino en dependiente y subordinado a intereses contra­rios a su propia persona como ser humano y desestimula la produc­ción y la productividad puesto que al no contar con su título de pro­piedad tampoco accede a créditos para realizar mejoras en su fundo.

Esta medida del Gobierno, por ello, es en verdad la verdadera reforma agraria que a los seudoopositores no les agrada ni tan siquiera men­cionar como de hecho ocurrió días atrás durante la marcha que lleva­ron cabo. Y no lo van a mencionar porque saben que con las titulacio­nes récords desde el gobierno del presidente Peña se está logrando lo que nunca antes se hizo, esto es, elevar la autoestima personal y familiar del campesino agricul­tor promoviendo la producción y el comercio de los frutos de la tierra

Con nuevos propietarios en el campo, nuestros compatriotas tie­nen una oportunidad que antes no tenían; la de poner fin a la his­toria de violencia de invasiones de tierras azuzadas por violentos que gritan las ideas fracasadas del colectivismo usando a sus próji­mos como carne de cañón para seguir con su “revolución” de mise­ria y mendicidad.

Sin embargo, es con las titulaciones masivas de propiedades como las que lleva a cabo el gobierno del pre­sidente Santiago Peña que se hace realidad la verdadera reforma agra­ria y se empieza así a romper con el círculo vicioso de la desinversión, la pobreza y el desempleo en el campo.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), durante marzo generó ingresos en concepto de recepción de pagos de lotes por la suma de G. 5.089 millones. Este monto incluye a los pagos de los colonos adjudicatarios, tanto de la región Oriental como de la región Occidental.

Este monto recaudado es 18 % superior a la suma cobrada en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los registros estadísticos de la Gerencia de Créditos del Indert. Los ingresos de marzo del año pasado llegaron a la suma de G. 4.306 millones. El presidente de la entidad celebró este avance y dijo que demuestra la solidez de una política pública en favor de las familias rurales.

“Seguimos avanzando. Consolidación absoluta de la política de titulación masiva que está haciendo feliz a miles de familias rurales. Hoy, el Indert y su capital humano gozan de consideración positiva por parte de la sociedad paraguaya. En marzo recaudamos 18 % más”, manifestó al respecto Francisco Ruíz Díaz, a través de su cuenta de X (Ex Twitter).

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El constante aumento observado en los ingresos del ente agrario, pese a la reducción de los precios con la disminución de los intereses, del 12 % anual al 4 % para los varones y de 12 % anual al 0 % para las mujeres, responde a la recuperación de la confianza a través de la titulación masiva implementada por el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

Al respecto, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló que por decisión del presidente Santiago Peña se dará continuidad al proceso de titulación masiva. Contó también que el Ejecutivo se comprometió en dar más recursos al ente en caso de que se requiera de más fondos para financiar el aumento de la capacidad de producción de la institución para la titulación de tierras.

Desde el 15 de agosto de 2023 hasta el cierre de marzo, los títulos entregados ya son más de 9.000 y el Gobierno anunció que para el final del mandato se pretende llegar a los 50.000 títulos o más, todo lo que se pueda. Afirmó que la tierra es lo más importante después de las personas, por lo que su tenencia debe ser formalizada.

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“Se pretendía llevar adelante una licitación de manzanas con las características técnicas de unas peras”, manifestó el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, sobre el viciado proceso de licitación que fue encarado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para la compra de 10.500 muebles escolares chinos.

“Nosotros nos guiamos por documentos, no entramos en ninguna guerra política. La DNCP es una institución 100 % técnica, vela por un proceso transparente y competitivo”, sostuvo Encina, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Encina defendió la decisión de la DNCP de anular el procedimiento de contratación y ordenar la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Es importante aclarar que la DNCP ya alertó el 7 de marzo del año 2021 a la municipalidad de Ciudad del Este que ellos eran los únicos responsables de sus precios referenciales y que debían hacerse de conformidad a lo que se establece en las leyes y normativas vigentes. Para ser más específicos, tenían que ceñirse a la guía de precios referenciales establecidos por la DNCP y no lo hicieron así”, refirió el titular de la entidad.

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Las afirmaciones de Encina surgen ante los ataques realizados por el dirigente opositor con el apoyo de medios de comunicación afines contra la institución que encabeza. Prieto acusó de manera ligera a la DNCP de encubrir un supuesto “negociado” en la Entidad Binacional Itaipú con relación a la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa paraguaya Kamamya SA.

“Yo creo que la Municipalidad de Ciudad del Este debe estar agradecida porque la DNCP anuló la licitación al inicio y no al final del proceso porque realmente todo lo que se había hecho se encontraba fuera del marco legal establecido”, puntualizó Encina a Nación Media.

La anulación del proceso licitatorio fue concretado tras el reconocimiento de las empresas cotizantes con la administración de Prieto, cuyos representantes sostuvieron haber presentado erróneamente sus presupuestos para la confección de los precios referenciales. “Nosotros solo nos ceñimos a cumplir con nuestro rol de ente de control y anulamos este proceso ya que hubieron confesiones documentales de los mismos cotizantes”, sentenció el director de DNCP.

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