La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, pre­sentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Inte­gridad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción que tiene como finalidad princi­pal impulsar la integridad pública y la transparencia gubernamental.

“La corrupción debe lucharse siempre con medidas repre­sivas, es decir, la Contraloría debe hacer su trabajo de audi­toría, la Fiscalía debe impu­tar y perseguir penalmente a los corruptos mientras que el Poder Judicial debe enviar a la cárcel a las personas que cometen actos de corrup­ción. Esta medida no se puede suplantar con ninguna otra y es importante que se poten­cie”, sostuvo Benítez.

Asimismo, el titular del órgano extrapoder acotó: “Esto no es la única manera de luchar contra la corrup­ción, hay otras maneras pre­ventivas que tiene que ver con la promoción de políticas de integridad y con criterios de transparencia que es reque­rido a las autoridades”.

El plan estratégico surge en el marco de la ley promulgada el pasado mes de diciembre que instituye a la Contraloría como el órgano de prevención de la corrupción teniendo presente su independencia constitucional, así como su alcance a nivel nacional.

“Este flagelo no tiene color, desconoce las barreras tem­porales, los límites territoria­les y desafía todas las herra­mientas tecnológicas que podamos presentar para fre­narla, se requiere el esfuerzo de todos los actores. Nosotros hoy ratificamos como Con­greso Nacional nuestro com­promiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, nuestro compromiso con la transparencia”, mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por su parte, la titular de la Unidad de Gestión de la Pre­sidencia de la República, Marianna Saldívar, respaldó las declaraciones del parla­mentario sosteniendo que “la corrupción es un problema que ningún poder del Estado puede atacar solo, esto es algo que requiere no de una política de gobierno, sino de Estado”.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el gobierno de Mario Abdo Benítez entregó fondos a la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) para la realización de cursos y talleres, pero no existen datos sobre la existencia o realización de estos. En apenas un año, el 2021, la administración de Carla Bacigalupo al frente del Ministerio del Trabajo entregó más de G. 32.783 millones a organizaciones sin fines de lucro.

Un informe reciente de la Contralo­ría General de la República (CGR) revela un preocupante cúmulo de irregularidades en la admi­nistración de fondos públi­cos por parte del Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), durante la administración de Carla Bacigalupo, puesta al frente de la institución por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Las falencias en los con­troles internos, la falta de transparencia y los manejos cuestionables de millona­rios convenios con entida­des sin fines de lucro, como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dibujan un pano­rama de grave ineficiencia y presunta negligencia en el uso de recursos estatales.

Entre los hallazgos más graves, la CGR señala que el MTESS transfirió al CIRD G. 1.789 millones (casi USD 250.000) para la ejecución de 18 cursos de capacitación en diversos departamen­tos del país. Sin embargo, no se encontró un desglose detallado de los costos aso­ciados, lo que imposibilita verificar la razonabilidad y sostenibilidad de estas acti­vidades. Esta falta de trans­parencia incumple las dis­posiciones legales vigentes, como el artículo 7.° de la Ley n.º 6672/21, que exige un riguroso control sobre los recursos públicos.

Pero esto es solo la punta del iceberg. Otro conve­nio otorgado al CIRD, por G. 124 millones, contem­plaba la realización de cinco talleres, de los cua­les solo se ejecutaron tres. Peor aún, no se presenta­ron evidencias documen­tales básicas, como listas de participantes o fotogra­fías de las actividades. Este incumplimiento refleja una ausencia total de con­trol por parte del ministe­rio, que parece operar bajo una lógica de complacencia ante la falta de rendición de cuentas.

La CGR también denun­ció el desembolso de G. 239 millones para asesorías a micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), cuya ejecución no pudo ser verificada. Los listados de empresas supuestamente beneficiadas carecían de información básica, como direcciones o números de contacto, lo que hace imposible determinar si el dinero cumplió su propósito. Este episodio evi­dencia no solo negligencia, sino una preocupante per­misividad en la gestión de fondos públicos.

Otra situación alarmante involucra a la organización La Victoria, que recibió G. 1.132 millones para reali­zar 20 capacitaciones. Sin embargo, tampoco se pre­sentó información deta­llada sobre los costos ni se justificaron las erogacio­nes realizadas. La falta de informes de razonabilidad presupuestaria va en contra de las normativas que regu­lan la ejecución de recursos estatales, dejando en evi­dencia un patrón repetitivo de descontrol.

Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se desarrollan estos convenios. A lo largo de la última década, el CIRD ha manejado proyectos con el MTESS, que suman un total de G. 67.501 millo­nes, de los cuales alrede­dor del 86 % fueron adju­dicados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si a esto se suman los contra­tos otorgados a la Federa­ción de Entidades Vecina­les del Paraguay (Fedem), el monto total asciende a G. 68.801 millones, cerca de USD 10 millones. Estas cifras siderales demandan un escrutinio exhaustivo, especialmente conside­rando las deficiencias recu­rrentes en la rendición de cuentas y el control de estos fondos.

El informe de la Contralo­ría no deja lugar a dudas: el MTESS, durante la admi­nistración de Bacigalupo, falló sistemáticamente en su deber de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públi­cos. Desde la falta de eva­luaciones detalladas hasta la aceptación de informes incompletos y la omisión de controles básicos, las irre­gularidades son alarman­tes y revelan una gestión ineficaz e irresponsable.

El impacto de estas fallas no es menor. Cada gua­raní mal administrado representa una oportuni­dad perdida para mejorar las condiciones labora­les, fomentar el empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país. La falta de planifica­ción y control en los conve­nios denunciados no solo compromete la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un modelo de gestión donde la opacidad y la improvisación son la norma.

Es imprescindible que el MTESS asuma su respon­sabilidad y adopte medi­das urgentes para corre­gir estas prácticas. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos, la exigencia de rendiciones de cuentas claras y detalla­das, y la sanción a quienes incumplan sus deberes. Asimismo, el Poder Legis­lativo y la sociedad civil deben exigir una fiscali­zación más estricta de los fondos públicos, especial­mente en sectores tan crí­ticos como el laboral.

Lo que está en juego no es solo el uso eficiente del presupuesto nacional, sino también la credibilidad de las instituciones y la posi­bilidad de construir un sis­tema más justo y transpa­rente. Los hallazgos de la CGR son un llamado de atención que no puede ser ignorado.

“Hoy a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se le está dando muchísima tarea y se está desviando el combate al terrorismo”, sostuvo el exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), Fidel Zavala, quien resultó víctima de secuestro por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el 15 de octubre del 2009.

“Estuvimos viendo las acciones que se están tomando, llevamos nuestros pareceres y reclamos sobre ciertos temas. El crimen organizado está permeando el norte del país, es genuino que la Fuerza de Tarea Conjunta sea utilizada, pero no podemos desvestir un santo para vestir a otro”, afirmó Zavala, este martes, en una entrevista con la 1000 AM.

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Las afirmaciones de Zavala surgen tras concretarse este último lunes un encuentro entre el mandatario Santiago Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, las autoridades de las fuerzas públicas, el equipo de seguridad y defensa nacional, con los familiares y víctimas de secuestros.

El exparlamentario indicó que solicitaron al Gobierno destinar mayores recursos al organismo de seguridad integrado por militares y policías. “Históricamente se dice que la FTC llevó millones y millones, pero eso es mentira. El presupuesto que hoy tiene es de 8 millones de dólares mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) está gastando un total de 12 millones de dólares al año en seguridad”, dijo.

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Zavala manifestó que otro punto conversado con Peña se centró sobre los cambios de mandos que se producen dentro de la FTC. “Este es un tema no menor. Creo que tenemos que ir promocionado a la gente desde adentro en función a los méritos. Del propio cuero tiene que salir la correa, no se puede traer a outsiders, gente que no entienda. El inicio de la FTC fue complicado porque no se tenía institucionalidad, entonces que los procesos tengan continuidad en el tiempo debemos preservar”, comentó.

Por otra parte, se refirió sobre la decisión de las autoridades argentinas de retirar el estatus de refugiados políticos a los hermanos de la líder del EPP, Carmen Villalba. “Vemos como positivo, no son refugiados políticos, nunca les vi participando de unas elecciones en partidos políticos”, argumentó Zavala.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, recibió a una delegación conjunta del Banco Mundial y la Contraloría General de la República (CGR), que delinearon aspectos que hacen a la Estrategia Nacional Anticorrupción del Paraguay.

La visita se enmarca en el seguimiento de las iniciativas propuestas en dicha estrategia, una de ellas ya convertida en proyecto de ley y próximo a estudiarse en ambas cámaras del Congreso Nacional.

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Encabezó la delegación Francesca Recanatini, por el Banco Mundial, y el contralor general Camilo Benítez, quienes compartieron con el presidente Latorre la visión técnica del organismo internacional sobre la importancia de la recientemente presentada “Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”.

El contralor explicó que este proyecto, parte integral de la estrategia anticorrupción, fue presentado la semana pasada por el presidente de la República y que cuenta con el pleno respaldo de la Contraloría General de la República. “Vinimos simplemente para darle una versión del equipo técnico del Banco Mundial de la importancia que tiene esta ley para la República del Paraguay”, afirmó el contralor.

La visita no constituye una evaluación formal, sino un seguimiento de las iniciativas en curso. Benítez destacó que la delegación del Banco Mundial está observando cómo las propuestas de la estrategia nacional se están materializando en acciones concretas, como el mencionado proyecto de ley.

Esta iniciativa busca establecer un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con la CGR como órgano rector. Además, propone la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción que incluirá representantes de los tres poderes del Estado.

La delegación planea reunirse también con el presidente de la Cámara de Senadores, como parte de sus esfuerzos para promover la importancia de estas iniciativas legislativas en la lucha contra la corrupción en el país.

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