El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aseguró que no se requiere de una ley de derribo en la misión de protección y control del espacio aéreo en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El debate sobre la ley de derribo de aeronaves se da con la propuesta del diputado Rubén Rubin, quien presentó el proyecto que da la facultad a las Fuerzas Aéreas de realizar esta acción.

Sin embargo, el ministro González explicó que no se requiere de una ley de derribo para actuar en defensa del espacio aéreo nacional.

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“Muchas ventajas tiene la ley así como está y las explicaciones del estado mayor de la Fuerza Aérea a mí me satisfacen plenamente, ellos están seguros de que con la ley, así como está, se va a cumplir la misión mejor aún que teniendo una ley de derribo”, expresó a la 1020 AM.

Mientras tanto, mencionó que al no derribar una aeronave se protegen las pruebas y las personas involucradas, que posteriormente podrán ser expuestas en caso de un proceso judicial y penal.

Insistió en que “el hecho de no tener una ley de derribos no va a impedir de ninguna manera el cumplimiento de la misión; al final, el operativo va a ser mejor llevado porque vamos a proteger las pruebas, vamos a proteger al imputado, a los testigos”.

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Este jueves inició la operación de traslado de los buses eléctricos al Comando de Ingeniería del Ejército Paraguayo, para la correspondiente carga y prueba técnica en condiciones de operación. El proyecto avanza con miras a su operativa comercial prevista para el segundo semestre del 2025, como parte de un proceso que busca modernizar la movilidad urbana en Paraguay.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que los buses se movilizaron en vehículos de gran porte desde el Puerto Seguro Fluvial S.A., ubicado en Villeta, ya que arribaron con su carga energética al mínimo, según los estándares internacionales.

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Mencionó que, en el Comando de Ingeniería del Ejército, que es el nuevo destino, serán cargados y sometidos a pruebas técnicas en condiciones similares a las de una operación real.

Señaló que el traslado marca el inicio del proceso administrativo mediante el cual los buses pasan a formar parte del patrimonio del Estado. “Estamos avanzando en el plan piloto, es un hito importante para mejorar la calidad del servicio”, afirmó Fernández.

Asimismo, indicó que la logística contó con el acompañamiento del equipo técnico del Viceministerio de Transporte, profesionales de la empresa Master Bus, representantes de la Embajada de Taiwán, agentes de la Patrulla Caminera y personal de la PMT de la Municipalidad de Lambaré. “Todos los buses eléctricos de este plan piloto serán llevados al mismo sitio para continuar las siguientes etapas del proyecto”, acotó.

Este plan piloto forma parte de una cooperación bilateral entre el gobierno del Paraguay y la República de China (Taiwán); que ha colaborado con la donación de una flota de 30 unidades de buses eléctricos, además de unidades de cargadores correspondientes.

El objetivo del plan piloto es optimizar la calidad del servicio y ofrecer a los ciudadanos una opción de transporte más eficiente y sostenible. También hace parte del proyecto de reforma del transporte público, que se anuncia será entregado al Congreso Nacional por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Viceministerio de Transporte.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Pacientes con enfermedades catastróficas emitieron este lunes un comunicado especial dirigido al Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS) en el que solicitan que los medicamentos sean adquiridos con menos burocracia o que se implementen políticas de previsión y abastecimiento que garanticen los tratamientos. Exigieron que la reposición sea de inmediato a fin de que los pacientes puedan tener un tratamiento completo que pueda salvar sus vidas.

Este pedido fue realizado por la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiples y Enfermedades Desmielinizantes (Apemed); Federación de Pacientes del Paraguay (FAPPY), Asociación Fibromialgia (AFMPY), Asociación de Trasplantados de IPS, Fundación de Lupus del Paraguay (fulupy), Asociación de Guerreros de la Artritis, Federación de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper), Asociación Paraguaya Miastenia Gravis y Asociación Paraguaya de Inmunodeficiencias Primarias (Apidp).

En el documento indicaron que una persona diagnosticada con una enfermedad como el cáncer y que está bajo tratamiento, no tiene mucho tiempo para esperar estos trámites burocráticos a la hora de reponer los medicamentos. Expresaron que hay casos de personas que están esperando hace meses estos insumos para poder seguir con sus tratamientos.

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“En el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, los sistemas sanitarios no proveen medicación hace cinco meses, exponiéndolos innecesaria e irresponsablemente a daño irreversible en las articulaciones, los pulmones, el sistema circulatorio y el sistema nervioso”, expresaron en el comunicado.

Instaron a las autoridades sanitarias a trabajar en políticas de adquisición para evitar este tipo de situación. “Exigimos la inmediata reposición de medicamentos faltantes, la elaboración e implementación de un plan de adquisición y distribución de medicamentos eficiente que garantice el acceso a los tratamientos y su continuidad, la transparencia en los procesos de compra y entrega de fármacos, y la priorización de la salud por encima de la burocracia e intereses administrativos”, puntualizaron.

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